Archives | Gerardo Arroyo Figueroa

Silao de la Victoria, Guanajuato, 27 veintisiete de marzo de 2019 dos mil diecinueve.

A S U N T O

Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo con número de expediente 1435/1ªSala/18 promovido por ***** por propio derecho, ha llegado el momento de resolver lo que en Derecho procede.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, *****, por su propio derecho, promovió proceso administrativo, señalando como acto impugnado el siguiente:

«(…) la resolución contenida en el oficio número ***** del 02 de julio de 2018, en donde, una autoridad diversa a quien dirigí mi escrito el pasado 24 de abril de 2018, resuelve mi solicitud de manera indebida e inexacta, citando diversos oficios, los cuales desconozco, pues en ningún momento se atiende mi petición.»

Además, el accionante solicitó como pretensiones en la presente causa: 1) la nulidad total de la resolución impugnada; 2) el reconocimiento de su derecho para que se deje sin efectos la resolución controvertida y se emita una nueva debidamente fundada y motivada, en la cual se 2

entregue la resolución administrativa que conceda a su favor el titulo concesión solicitado; y 3) La condena a la autoridad demandada para que se abstenga de inscribir la suspensión de sus derechos derivados de la licencia de conducir en el Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte, así como en la Dirección General de Tránsito del Estado, y en caso de ya haber sido registrado, para que se deje sin efectos dicha inscripción.

SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. Mediante auto de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2018 dos mil dieciocho de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó correr traslado de ella a la autoridad demandada y se le emplazó para que diera contestación a la misma.

Se admitieron las pruebas ofrecidas y exhibidas por el actor en su escrito inicial de demanda, así como la prueba presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca; de igual forma, se le tuvo por admitida la prueba de informes y, por tal motivo, se solicitó a la autoridad demandada que informara sobre hechos que haya conocido vinculados al acto que se impugna con motivo de sus funciones; expidiendo de todo ello los documentos o constancias que se encuentren relacionados con los hechos controvertidos.

De igual forma, se tuvo al actor por designando abogados autorizados en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como señalando correo electrónico para recibir notificaciones.

Posteriormente, en proveído de fecha 25 veinticinco de octubre de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo al Director General del entonces 3

Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, por contestando la demanda en tiempo y forma legal; asimismo, se le tuvo por rindiendo el informe de autoridad que le fue requerido, por designando abogados autorizados, por señalando correo electrónico para recibir notificaciones, así como por admitidas las probanzas ofrecidas en su contestación.

Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos.

TERCERO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, el 8 ocho de enero de 2019 dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de alegatos, mismos que fueron presentados por la parte actora, y no así por la autoridad demandada.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, de conformidad con los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 7, fracción I, inciso a), y 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato1, así como por lo previsto en los numerales 1, fracción II, y 249 del Código

1Vigente a partir del día 21 veintiuno de junio de 2017 dos mil diecisiete , mediante decreto número 196, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuarta parte, en fecha 20 veinte de junio de 2017 dos mil diecisiete , conforme a sus transitorios primero y segundo. 4

de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDO. Existencia del acto impugnado. Se encuentra debidamente acreditada la existencia del acto impugnado mediante la documental exhibida por el accionante consistente en oficio número *****, emitido el día 2 dos de julio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Ello, toda vez que el relatado oficio consta en original, y en virtud de su calidad de documento público, dada la firma autógrafa, sellos y signos exteriores apreciables en el mismo, se le otorga valor probatorio pleno para acreditar su existencia y contenido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Conforme a lo establecido por el artículo 261 en íntima vinculación con el diverso numeral 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por cuestiones de orden público -previo al estudio de fondo del asunto- se procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los preceptos normativos antes citados.

Lo anterior, acorde a la jurisprudencia aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente:

«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías».2

En el caso concreto, el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en su contestación refiere que se configuran las causales de improcedencia previstas en el artículo 261, fracciones I y IV, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, consistentes en:

«Artículo 261. El proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones: (…)

I. Que no afecten los intereses jurídicos del actor; (…)

IV. Respecto de los cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiendo que se da este último únicamente cuando no se promovió el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados, en los plazos que señala este Código;(…).»

Lo anterior, pues manifiesta que la accionante consintió tal actuación y que no cuenta con el derecho subjetivo para obtener una sentencia favorable, pues desde el año 2015 dos mil quince, ha brindado atención a sus diversas peticiones, sin que éstas se hubieran impugnado en tiempo y forma.

Ello, aunado a que considera que el acto impugnado no causa agravio ni perjuicio alguno al actor, toda vez que no se desprende un acto de

2 Octava Época, Registro: 210784, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/323, Página: 87.

concesionamiento o bien, el derecho a considerar a la peticionaria como concesionaria del servicio público de transporte de personas, y que por otra parte, el oficio combatido solamente constituye una actuación de naturaleza declarativa.

En relación con el consentimiento del acto impugnado esgrimido por la autoridad, quien resuelve estima que ésta yerra en su apreciación pues el acto impugnado lo constituye el oficio número *****, y no así los diversos oficios que la encausada refiere en el acto impugnado y con los cuales «considera» que la solicitud del particular se encuentra satisfecha. Dicho en otras palabras, la materia de impugnación en la presente causa es la respuesta dada a la petición del accionante formulado el 24 veinticuatro de abril de 2018 dos mil dieciocho, no la respuesta otorgada a las anteriores solicitudes.

Abundando en el tema, el código de la materia define que el consentimiento tácito cuando no se promovió el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados, en los plazos que señala el propio código.

Luego, para efecto de generar certeza al respecto, se realiza el cómputo relativo al término legal para presentar la demanda ante este Tribunal, previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de acuerdo con los siguientes apuntamientos:

▪ El 22 veintidós de agosto de 2018 dos mil dieciocho, se notificó a la parte actora el oficio impugnado;

▪ El 23 veintitrés de agosto de 2018 dos mil dieciocho, surtió efectos dicha notificación, en términos del numeral 35 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

▪ El 24 veinticuatro de agosto de 2018 dos mil dieciocho, empezó a correr el término legal para efecto de presentar la demanda de nulidad;

▪ El 8 ocho de octubre de 2018 dos mil dieciocho, feneció el término legal de 30 treinta días hábiles para presentar la demanda ante este Tribunal;

▪ El 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, la parte actora ingresó sus escritos de demanda ante la Oficialía Común de Partes del Tribunal; y

▪ Entre el 24 veinticuatro de agosto y 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, transcurrieron 19 diecinueve días hábiles, siendo inhábiles los días 25 veinticinco y 26 veintiséis de agosto; 1 uno, 2 dos, 8 ocho, 9 nueve 15 quince y 16 dieciséis de septiembre, por corresponder a sábados y domingos; así como el día 14 catorce de septiembre con motivo del informe anual de actividades del Tribunal, conforme al calendario oficial de labores 2018 de este Tribunal3.

Habida cuenta del cómputo anterior, se concluye que el actor promovió proceso administrativo en contra del oficio número *****,

3 De conformidad con el Calendario Oficial de Labores 2018, aprobado en Sesión Ordinaria número 1 uno, del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, celebrada el 4 cuatro de enero de 2018 dos mil dieciocho. Consultable en la siguiente dirección electrónica: https://www.tjagto.gob.mx/calendario-oficial/ 8

de manera oportuna. Cobra relevancia el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, por analogía se aplica en el presente y a la letra dice:

«ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.»4

Ahora bien, para ser parte en un proceso contencioso-administrativo, se requiere de la existencia de un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, del que se presume ha sido vulnerado por la autoridad administrativa al emitir el acto impugnado. Esto es, debe suponerse un agravio personal y directo en contra del actor, lo cual constituye un presupuesto procesal para la legitimidad en el proceso, así como de interés jurídico.

En ese orden de ideas, del análisis efectuado al oficio número *****, se desprende que el justiciable, en efecto, tiene un interés jurídico susceptible de ser defendido en la presente causa, al ser éste el destinatario de la actuación de autoridad5, la cual además le irrogó una afectación a su seguridad jurídica y esfera de derechos, ya que la autoridad negó de manera implícita su petición y omitió resolver de

4 Séptima Época. Registro: 232527. Pleno. Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Primera Parte. Materia Común. Página: 13 5 Sustenta lo anterior el criterio emitido por este Tribunal, intitulado: «INTERES JURÍDICO. LO TIENEN QUIENES SON DESTINATARIOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.» Expediente número *****. sentencia de fecha: 9 de enero de 1994. actor: *****.

manera congruente fundada y motivada cada punto planteado por el accionante, bajo el posicionamiento de que esa petición ya fue satisfecha con anterioridad.

Lo cual permite asumir que el acto impugnado de ninguna forma implica un acto meramente declarativo, sino la emisión de una tajante negativa en perjuicio de los intereses jurídicos del accionante.

Además, resulta notorio que la ausencia de afectación al interés jurídico, se sostiene en la falta de derecho subjetivo para obtener una sentencia favorable y, por ende, dicho disenso no es atendible como causa de improcedencia o de sobreseimiento, pues se refiere al fondo de la controversia, es decir, no representa una omisión o irregularidad en los presupuestos procesales que -precisamente- impidan analizar el fondo de la controversia planteada.

Por tanto, se desestiman las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada. Sirve de sustento a la determinación anterior, por analogía, la siguiente jurisprudencia:

«IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse».6

6 Tesis P./J. 135/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XV, Enero de 2002, Núm. de Registro: 187973, consultable a Página 5. 10

De tal suerte, que la determinación de su legalidad implica un estudio de fondo que resulta indispensable para poder decidir sobre la pretensión de la impetrante en cuanto al reconocimiento del derecho solicitado relativo a la concesión cuya titularidad afirma detentar, para la prestación del servicio público correspondiente.

Agotado lo anterior, y al no advertirse causal de improcedencia o sobreseimiento alguna que impida el análisis de fondo de la presente causa administrativa, quien resuelve determina no decretar el sobreseimiento del presente proceso administrativo, ya que en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis normativas previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTO. Argumentos de las partes. No se transcribirán los conceptos de impugnación expuestos por el impetrante, ni aquellos esgrimidos por la autoridad encausada tendientes a controvertir su eficacia.

Ello, toda vez que los principios de exhaustividad y congruencia en la sentencia se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, se estudian y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad expuestos, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia del rubro: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN».7

7 Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a. /J.58/2010, Página: 830. 11

QUINTO. Estudio de los conceptos de impugnación. En su escrito de demanda, el actor aduce en el único concepto de impugnación en lo medular, la incompetencia de la autoridad que emitió el acto impugnado, arguyendo que quien contestó su petición no lo fue el Secretario de Gobierno -a quien originalmente la había dirigido por ser el competente para otorgar y revocar las concesiones- sino que le contestó el Director General del entonces Instituto de Movilidad, circunstancia que contraviene lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, específicamente en cuanto a las fracciones I y VI.

Además, aduce la indebida motivación y fundamentación del acto impugnado, pues la autoridad demandada no anexa documento alguno mediante el cual acredite la veraz notificación de los oficios a través de los cuales dio respuesta a su petición. Además, el actor niega lisa y llanamente haber sido notificado de tales oficios, manifestando desconocer su contenidos y a quien fueron notificados, lo cual acota que le dejó en estado de indefensión e inseguridad jurídica.

Por su parte, el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, expresa en su ocurso de contestación que devienen ineficaces los argumentos expuestos por la parte actora, ya éste se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que su solicitud ya había sido atendida y notificada en diversas ocasiones, adjuntando al efecto copias certificadas de dichas respuestas.

A continuación, de conformidad con el artículo 299, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es necesario delimitar el objeto del presente proceso. En tal sentido, la litis en la presente causa consiste en determinar si el oficio ***** fue emitido o no por autoridad competente, además de dilucidar de si el mismo se encuentra o no debidamente fundado y motivado.

Ahora bien, una vez realizado el análisis al contenido del acto impugnado y de las constancias que integran los autos, quien resuelve concluye que resulta fundado el concepto de impugnación en estudio, y suficiente para declarar la nulidad del oficio *****, con base en las siguientes consideraciones:

El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto de autoridad debe emitirse necesariamente por quien esté legalmente facultado para ello, debiendo fundar y motivar debidamente su la causa legal, ello en respeto a las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en favor de los gobernados.

En adición, el artículo 137, fracciones I, VI y IX, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, estipula como elemento de validez de todo acto administrativo, que sea expedido por autoridad competente, así como debidamente fundado y motivado, y que este sea expedido de manera congruente con lo solicitado, resolviendo expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por las disposiciones jurídicas.

De esa forma, la competencia -como componente constitucional y legal indispensable de los actos administrativos- se traduce en el complejo de facultades, obligaciones y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo8, que en función del principio de legalidad -el cual establece que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente les permite la ley-, tiene como principal propósito otorgar seguridad jurídica a los gobernados frente al actuar de las autoridades.

De esa manera, la competencia de las autoridades administrativas constituye un presupuesto esencial de validez y eficacia que deviene del interés y orden público, por lo cual su observancia es obligatoria en la emisión de todo acto autoritario.

Además, para tener por debidamente cumplido dicho presupuesto, éste debe encontrarse materializado en su doble aspecto: el material, el cual consiste en que la autoridad administrativa tenga atribuidas las facultades legales necesarias para la emisión del acto conforme lo dispuesto por los ordenamientos legales; y el formal, que implica citar en el acto correctamente el carácter de autoridad legalmente facultada con que suscribe, así como el ordenamiento legal, acuerdo o decreto que le otorgue tales facultades y, en caso de que estos incluyan diversos supuestos, deberá precisar con claridad y detalle, el apartado, las fracciones, incisos y subincisos aplicables, sin mediar ninguna clase de ambigüedad o imprecisión, pues su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad.

8 De lo anterior, resulta ilustrativo en lo conducente, lo establecido en la tesis cuyo rubro reza: «COMPETENCIA. EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ES IMPRORROGABLE Y, POR TANTO, NO EXISTE SUMISIÓN TÁCITA DEL GOBERNADO.» Novena Época Registro: 175658 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: XV.4o.18 A Página: 1961 14

Al respecto, es oportuno hacer patente lo establecido por la siguiente jurisprudencia, respectivamente:

«COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: «COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.», así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis 15

jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.»9

Énfasis añadido.

Por otra parte, para considerar un acto administrativo por correctamente fundado y motivado, es necesario que éste cumpla con los siguientes elementos: a) Preceptos legales aplicables; b) Relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y de modo; y c) Argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley tienen aplicación al caso concreto, es decir, la subsunción racional del caso fáctico a la hipótesis normativa.

Al efecto, resulta oportuno hacer cita de la siguiente jurisprudencia:

«FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él

9 Novena Época; Registro: 188432; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, noviembre de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31. 16

se citen: a).- los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.» 10

Lo resaltado es propio.

Luego, tratándose de la petición elevada a una autoridad por un particular, la respuesta no deberá ser evasiva, ambigua, ni pretender confundirle, sino que habrá de otorgarse en forma congruente, completa, clara, expedita y exponiendo los motivos y fundamentos que sustenten su decisión, ello en respeto a lo dispuesto por los ordinales 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De esa forma, si la autoridad considera que la pretensión es infundada, así deberá expresarlo, sustentando -de manera clara- por qué estima improcedente dicha petición, garantizando que el peticionario pueda tener pleno conocimiento de los motivos decisorios para estar en posibilidad, real y autentica, de impugnar y controvertir tal actuación.

En la especie, mediante escrito dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y presentado ante la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno, y ante el Despacho del Secretario de Gobierno, el día 24 veinticuatro de abril de 2018 dos mil dieciocho, ***** peticionó, en esencia, lo siguiente:

10 Octava Época, Registro: 164618, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 64, Abril de 1993, Tesis: VI.2o. /J.248, Página: 43. 17

«(…) PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos a los que se contrae la presente petición de la que es de señalar que ya tuvo a bien en aceptar y admitir legalmente como cierta toda la documentación fehaciente que ya tuvo a la vista por conducto de la petición expresa de fecha 19 de Octubre de 2017, además, y en alcance de la petición expresa de fecha 30 de Noviembre de 2017, peticiones de las que por escrito no fueron impugnadas en ninguna de sus partes y sustento en derecho que las conforman y menos aún fueron impugnadas por escrito las (20 fojas) de pruebas fehacientes que las acompañaron, por lo tanto, dichas pruebas fehacientes tienen para el asunto que hoy nos ocupa mayor firmeza y fuerza literal en sustento legal de nuestras peticiones expresas en supralíneas ya señaladas, para exigir con todo respeto y atención la emisión de las resoluciones correspondientes, las que consideramos conforme a las pruebas documentadas aportadas oportunamente tener a nuestro favor las resoluciones positivas para el otorgamiento de las concesiones solicitadas mediante petición expresa en términos de Ley expresa en el año de 1994, peticiones expresas que conforman el expediente administrativo de la entonces Dirección de Transporte con el número D. T. No. OF. *****, número de expediente que consta por escrito señalado en el documento de fecha II de octubre de 1994, suscrito por el entonces Director de Transporte, lo anterior se señala para los usos y efectos legales a los que den lugar con este motivo.

SEGUNDO.- En observancia a lo determinado con letra en el Artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y en lo determinado expresamente para su cumplimiento en el cuerpo del PÁRRAFO QUINTO Y SEXTO, ARTÍCULO PRIMERO 1.1, Y ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 16 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2007, LEY QUE CONSTRIÑE AL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, dar el debido cumplimiento a lo determinado por escrito en el cuerpo del Párrafo QUINTO Y SEXTO, ARTICULO PRIMERO 1.1, Y ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 16 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2007, porque en Usted C. Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, están delegadas por escrito las facultades precisas a efecto de emitir los Actos Jurídicos, las resoluciones administrativas correspondientes, así como expedir y suscribir los nuevos Títulos Concesión, de los que en este caso su otorgamiento está apegado a la Ley y ha Derecho Constitucional, por ser concesiones para el trabajo digno y lícito de todo mexicano, en este sentido, por conducto del Acuerdo Gubernativo número 16 de fecha 15 de Mayo de 2007, por Ley expresa Gubernativa se dieron los tiempos, las condiciones y las determinaciones todas legales y precisas para su cumplimiento, 18

publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 88, Cuarta Parte de fecha 01 de Junio de 2007, suscrito para su cumplimiento por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y por el Secretario de Gobierno, conforme a lo determinado con letra en el ARTÍCULO 79 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

TERCERO. EL ARTÍCULO 79 ES LO BASTANTE PRECISO AL DETERMINAR.- TODAS IAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS, PARA SU CUMPLIMIENTO, SERÁN PROMULGADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y REFRENDADOS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO O POR QUIEN HAGA SUS VECES Y POR EL O LOS SECRETARIOS DEL RAMO AL QUE EL ASUNTO CORRESPONDA. Por lo tanto, y de omitir dar el debido cumplimiento a lo determinado por escrito en este ARTÍCULO, y a lo determinado por escrito en el PÁRRAFO QUINTO Y SEXTO, ARTÍCULO PRIMERO 1.1, Y ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 16 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2007, LEY QUE CONSTRIÑE AL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, dar el debido cumplimiento a lo determinado por escrito en el cuerpo del Párrafo QUINTO Y SEXTO, ARTÍCULO PRIMERO 1.1, Y ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 16 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2007, se entenderá por virtud de lo hecho constar en las peticiones expresas de fecha 19 de Octubre de 2017 y 30 de Noviembre de 2017, y esta petición expresa, que tengo a mi favor la resolución positiva del otorgamiento por Ley expresa de concesiones para prestar el Servicio Público de Transporte de Personas de Alquiler Sin Ruta Fija en la Ciudad de SALAMANCA, Gto.

CUARTO.- toda vez que nuestro trámite administrativo de petición de otorgamiento de concesiones, oportunamente dentro de la vigencia y con apego a lo determinado por escrito en el Decreto Gubernativo número 53 y Acuerdo Gubernativo número 48 publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 71, Segunda Parte de fecha 03 de Septiembre de 1993, relativo al PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS PRESTADORES IRREGULARES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE ALQUILER SIN RUTA FIJA EN EL ESTADO, de cuyo trámite de acuerdo al Procedimiento Administrativo de otorgamiento de concesiones establecido por escrito en el ARTÍCULO PRIMERO 1.1 del Acuerdo Gubernativo número 16 de fecha 15 de Mayo de 2007, se realizó conforme a lo determinado y fundamentado en el ACUERDO TERCERO de la MINUTA de fecha 16 de Marzo de 1994, por la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, dicho Procedimiento Administrativo de otorgamiento de concesiones, se tuvo a 19

bien en acreditarlo con la aportación del documento de fecha 11 de Octubre de 1994, documento que forma parte de las 20 fojas que ya tuvo a la vista el C. Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, mismas que acompañan a las peticiones expresas de fecha 19 de Octubre de 2017 y 30 de Noviembre de 2017, éstas ya señaladas en el punto PRIMERO de ésta petición, por lo tanto, C. Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, considero que tengo a mi favor las resoluciones positivas éstas conforme al estudio técnico jurídico realizado y anotado en las Actas documentadamente aportadas, mismas que también conforman parte de las 20 fojas de las que ya se tuvo a bien en aceptar y admitir su legalidad expresa, para que tenga a bien C. Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, emitir las resoluciones positivas, las que considero tener a mí favor, la que será canjeada por el nuevo título concesión a mí nombre, por virtud de lo determinado y fundamentado por escrito en el ACUERDO TERCERO DE IA MINUTA DE FECHA 16 DE MARZO DE 1994, para que se tenga a bien en asignarme de forma inmediata el nuevo número económico, además, de expedirme conforme a las Leyes fiscales impositivas vigentes en el Estado de Guanajuato en el año de 1994, la orden de pago por concepto de expedición del juego de placas, así como la orden de pago por los derechos fiscales de otorgamiento del nuevo título concesión a nombre de *****, para prestar con un vehículo de mi propiedad el Servicio Público de Transporte de Personas de Alquiler Sin Ruta Fija en la Ciudad de SALAMANCA, Gto.»

A fin de acreditar lo anterior, el accionante exhibió como anexo a su demanda el aludido escrito de petición, en el cual se aprecia los sellos de recepción fechados el 24 veinticuatro de abril de 2018 dos mil dieciocho, por parte de la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno del Guanajuato y del Despacho del Secretario de Gobierno.

Dicho elemento convictivo merece eficacia demostrativa plena para acreditar su existencia y contenido, en virtud de que tal documento corresponde a su original, y mayormente porque no fue objetada ni controvertida por la autoridad demandada, ello conforme a lo dispuesto en los numerales 117 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sobre la fecha cierta de un documento privado, es ilustrativa la tesis de rubro «INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO CON UN DOCUMENTO PRIVADO, SE REQUIERE QUE ÉSTE SEA DE FECHA CIERTA.»11

Ahora bien, en respuesta a la petición planteada, la autoridad demandada hace del conocimiento del impetrante mediante el oficio impugnado, lo siguiente:

«En relación a su escrito recibido el 24 de abril de 2018 en el despacho del Secretario de la Secretaría de Gobierno del Estado, remitido a esta Unidad Administrativa mediante el Folio ***** de fecha 25 de Abril del 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Lic. *****, Secretario Técnico del Gobernador del Estado de Guanajuato, y en el cual expone usted diversas manifestaciones y peticiones al C. Secretario de Gobierno; al respecto, comunico a usted lo siguiente:

Que dichas peticiones han sido atendidas mediante los oficios números ***** de fecha 05 de febrero de 2015, *****de fecha 28 de abril de 2016, emitidos por la entonces Dirección General de Transporte del Estado; y *****de fecha 21 veintiuno de junio del 2016 expedido por este Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato; mismos que le fueron notificados debidamente; por lo que, al encontrarse a la fecha de su actual ocurso atendidas ya sus peticiones, deberá estarse a lo establecido en dichos oficios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior con fundamento en los artículos 80, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 80 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 1, 3, 15 fracción VI, 27 fracción X y XII, 36, de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios 2 fracción II del Reglamento Interior del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y 3 fracción V inciso a), 40, 80 fracciones III, XIV, XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.»

11 Tesis: II.1o.18 K (10a.); Décima Época; Registro: 2011460; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 29, Abril de 2016, Tomo III; Materia(s): Común; Página: 2313. 21

Del análisis realizado a lo resuelto en el oficio impugnado, es posible colegir dos circunstancias:

1) La autoridad demandada determina que las peticiones formuladas por el accionante ya fueron atendidas mediante los oficios: (i) *****,*****de fecha 5 cinco de febrero de 2015 dos mil quince, (ii) *****,*****de fecha 28 veinticinco de abril de 2016 dos mil dieciséis, ambos emitidos por la entonces Dirección General de Transporte del Estado; y (iii) *****,*****de fecha 21 veintiuno de junio del 2016 dos mil dieciséis, expedido por el entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. De igual forma, agrega que dichos oficios le fueron notificados debidamente al actor; y

2) Aun cuando la petición fue dirigida al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y presentada en el Despacho del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajauto, quien emitió el oficio *****, fue el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, señalando en la actuación controvertida que la petición le fue remitida el día 25 veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, mediante folio número *****, suscrito por el Licenciado *****, Secretario Técnico del Gobernador del Estado de Guanajuato.

En relación con el punto 1), se destaca que el accionante, en su demanda, negó lisa y llanamente haber sido notificado de tales oficios, manifestando desconocer su contenidos y a quien fueron notificados, lo cual acota que le dejó en estado de indefensión e inseguridad jurídica. 22

Ahora bien, el ordinal 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé como presunción que los actos de las autoridades administrativas son emitidos con apego a legalidad y, por ello, la obligación de demostrar su ilegalidad corresponde al particular; sin embargo, cuando el particular niega lisa y llanamente los hechos que motivan el acto, las autoridades deberán probar la veracidad de tales hechos, salvo que la negación implique la afirmación de otro hecho.

A mayor abundamiento, se transcribe el numeral 47 del referido Código:

«Artículo 47. Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.»

Como fue establecido en líneas ulteriores, el actor niega que se le hubieren notificado los oficios números *****,*****y *****, mismos que menciona la autoridad demandad en el acto impugnado.

Así, dicha manifestación implica una negativa lisa y llana, en virtud de que ésta fue realizada de manera categórica, sencilla, clara, sin condiciones y, sobre todo, sin comprender la afirmación de otro hecho. Ilustrativo de lo anterior, resulta la tesis de rubro siguiente: «CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. NO CONSTITUYE UN REQUISITO SOLEMNE PARA FINCARLA A LA AUTORIDAD DEMANDADA CUANDO EL ACTOR NIEGA LOS HECHOS QUE 23

MOTIVEN LOS ACTOS O RESOLUCIONES DE AQUÉLLA, QUE AL HACERLO UTILICE LA EXPRESIÓN «LISA Y LLANAMENTE».»12

De esa forma, le fue constituido a la autoridad encausada la carga de exhibir la constancia de notificación mediante la cual demuestre la legal notificación de los aludidos oficios, a fin de preservar la legalidad y validez jurídica de su actuación; ello, conforme a las reglas de la distribución de la carga probatoria previstas por el ordinal 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como de conformidad, por analogía, con lo establecido en la jurisprudencia siguiente:

«PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación.»13

Énfasis añadido.

Por consiguiente y a efecto de cumplir con su débito probatorio, la autoridad demandada exhibió como pruebas en su contestación de demanda las documentales consistentes en: (i) oficio número *****,

12 Novena Época; Registro: 170117; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Marzo de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: V.2o.P.A.12 A Página: 1741. 13 Sexta Época Registro: 911010 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Administrativa Tesis: 77 Página: 88 24

expedido el 5 cinco de febrero de 2015 dos mil quince, por el Director General de Transporte del Estado; (ii) oficio número *****,*****expedido el 28 veinticinco de abril de 2016 dos mil dieciséis, por el Director General de Transporte del Estado; y (iii) oficio número *****,*****expedido el 21 veintiuno de junio del 2016 dos mil dieciséis, por el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Documentales que al obrar en copia certificada, éstas hacen fe de la existencia de sus originales y dada su calidad de documéntales públicas, en virtud de la firma, sellos y signos externos, éstas generan convicción en quien resuelve respecto de su existencia y contenido, de conformidad con los artículos 78, 117, 121 y 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No obstante lo anterior, se estima que en la secuela procesal la autoridad demandada no cumplió a cabalidad el débito procesal que le fue asignado, toda vez que no exhibió constancias de notificación mediante las cuales acreditara que los oficios *****,*****y *****, fueron legalmente notificados al accionante, situación por la cual se concluye que el contenido de los relatados oficios nunca fue hecho de conocimiento al mismo.

Remarcando que la eficacia y exigibilidad de todo acto administrativo se configura a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación «legalmente efectuada» del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 141, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 25

De modo que quien resuelve considera que en la presente causa la razón le asiste al accionante, al señalar que el acto impugnado se carece de la debida fundamentación y motivación, elemento de validez preceptuado por el numeral 137, fracción VI, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; ello, pues si bien la autoridad resolvió que ya fueron atendidas las peticiones formuladas por el actor mediante los oficios *****,*****y *****, lo cierto es que no fue demostrado que los mismos hubieren sido legalmente notificados y, por tanto, su contenido nunca causó eficacia y exigibilidad.

En otro orden de ideas y atendiendo al punto número 2)14 mencionado supralíneas, se reitera que el escrito de petición fue dirigido y presentado ante el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, quien -en la especie- era el responsable de dar contestación al escrito petitorio que le fue elevado por el ahora impetrante.

Esclarece lo anterior, lo establecido en la tesis siguiente:

«DERECHO DE PETICION. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICION ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACION A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con

14 Aun cuando la petición fue dirigida al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y presentada en el Despacho del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajauto, quien emitió el oficio *****, fue el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, señalando en la actuación controvertida que la petición le fue remitida el día 25 veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, mediante folio número *****, suscrito por el Licenciado *****, Secretario Técnico del Gobernador del Estado de Guanajuato. 26

facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron.»15

Lo resaltado es propio.

Luego, si bien se aprecia en el acto impugnado que la petición del accionante fue turnada a la autoridad demandada por el Secretario Técnico del Gobernador del Estado de Guanajuato; igualmente cierto es que dicha remisión no se encuentra debidamente justificada, es decir, no se motiva ni se sustenta legalmente que el Director General del entonces Instituto de Movilidad sea la autoridad facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no así la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva.

Ello, pues tratándose del derecho de petición, se estima que tal prerrogativa se encuentra colmada aun cuando la respuesta sea emitida

15 Octava Época Registro: 209059 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-1, Febrero de 1995 Materia(s): Administrativa Tesis: I.3o.A.591 A Página: 169 27

por una autoridad distinta a quien fue destinada la petición, siempre y cuando la respuesta sea emitida por autoridad legalmente facultada para atender lo solicitado, además de que ésta sea congruente con lo así peticionado y que dicha autoridad sea quien ordene notificar la misma al interesado.

Sustenta lo anterior, lo consignado en la tesis cuyo rubro y texto rezan:

«DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO. En tratándose del derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a que la que dio contestación es la facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva.»16

Enfatizando que tal excepción no releva la obligación de la autoridad a quien se ha dirigido la petición para que se pronuncie y haga de conocimiento al solicitante, en forma personal, que se ha turnado su petición a otra autoridad interna o subordinada, sin que necesariamente deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas.

En adición a la injustificada remisión de la petición, del análisis efectuado al sustento legal que la autoridad demandada citó para fundar su actuación, esto es, lo previsto por los ordinales 80, 14 y 16

16 Décima Época Registro: 2014889 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV Materia(s): Constitucional Tesis: III.2o.P.1 CS (10a.) Página: 2831 28

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 80 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 1, 3, 15, fracción VI, 27, fracciones X y XII, y 36 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 2, fracción II, del Reglamento Interior del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato; y 3, fracción V, inciso a), 40, 80, fracciones III, XIV y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, se advierte que en ninguno de ellos se prevé la facultad del Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, para resolver y decidir sobre el otorgamiento de concesiones.

Por otra parte, el numeral 17, fracción III, de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, dispone que:

«Artículo 17. La Secretaría de Gobierno a través de su titular tiene las siguientes facultades: (…)

III. Otorgar y revocar las concesiones del servicio público de transporte de su competencia en los términos de esta Ley y su reglamento, previa opinión de la Secretaría; (…)»

Énfasis añadido.

De lo anterior, se colige que el Secretario de Gobierno es la autoridad legalmente facultada para conocer y resolver sobre el otorgamiento o no de las concesiones del servicio público de transporte.

Agotado lo anterior, quien resuelve determina que asiste la razón al accionante, al indicar que la autoridad demandada carece de facultades legales para atender su petición, mayormente que la misma no fue dirigida ni presentada ante dicha autoridad, sino al Secretario de 29

Gobierno, quien resulta ser la autoridad competente para atender la petición del accionante.

De esa manera, quedan demostradas la causales contenidas en el artículos 302, fracciones I, IV y IX, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, consistentes en la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, así como la incompetencia de la autoridad administrativa que emitió el oficio impugnada, al evidenciarse que el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajauto, inobservó el margen de legalidad previsto por los ordinales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 137, fracciones I y VI, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Como consecuencia, al haber resultado fructíferos los argumentos de ilegalidad estudiados, resulta innecesario el análisis y estudio de las manifestaciones restantes, siendo sustento de este criterio la siguiente jurisprudencia:

«CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia.» 17

Ahora bien y tomando en cuenta lo antes pronunciado, es necesario ponderar la invalidez de la resolución impugnada, con el propósito de determinar la ineficacia de ésta y sus consecuencias, debido a los

17 Época: Octava Época Registro: 223103. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Abril de 1991. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/7. Página: 86 30

excesos o deficiencias que conlleven, tanto en el ámbito jurídico como en el fáctico.

Ello, de conformidad con lo consignado en la tesis cuyo rubro indica: «NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.»18

De conformidad con lo antepuesto, aun cuando la incompetencia de la autoridad para emitir el acto, así como la indebida fundamentación y motivación implican un vicio sustancial, se precisa que la nulidad deberá ser para efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución en la que subsanen lo vicios de ilegalidad detectados.

Ello, pues al advertirse que el acto impugnado tiene como génesis una petición formulada por el accionante, es imperativo que dicha gestión formulada sea resuelta en definitiva y, con ello, se garantice de manera efectiva su derecho a la seguridad jurídica consagrado por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, es propicio acudir a la jurisprudencia cuyo rubro reza: «SENTENCIAS DE NULIDAD. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN CUMPLIRLAS, EN ATENCIÓN AL ORIGEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS VICIOS DETECTADOS, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.»19

18 Décima Época Registro: 2019461 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.4o.A.157 A (10a.) 19 Décima Época; Registro: 2008190; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 14, Enero de 2015, Tomo II; Materia(s): Administrativa; Tesis: XVI.1o.A. J/17 (10a.); Página: 1659 31

Asimismo, sustenta tal pronunciamiento por analogía, lo establecido por la jurisprudencia siguiente:

«COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»20

Lo resaltado es propio.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 300, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se decreta la Nulidad

20 Novena Época Registro: 188431 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Noviembre de 2001 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 52/2001 Página: 32 32

del oficio *****, emitido el 2 dos de julio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, para efecto de que emita una nueva resolución en la cual:

a) Deje insubsistente la resolución contenida en el oficio número oficio *****, emitido el 2 dos de julio de 2018 dos mil dieciocho; y

b) Se declare incompetente para resolver la petición del accionante, y remita ésta a la autoridad a quien se dirigió y presentó la misma, esto es, al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, a fin de que dicha autoridad resuelva de manera congruente, fundada y motivada, sobre la procedencia o improcedencia de la petición del actor. 21

Lo anterior, considerando que a *****-parte actora- nunca le fue hecho de conocimiento el contenido de los oficios *****,*****y ***** y, por tanto, el contenido de éstos carece de eficacia y exigibilidad.

No se soslaya mencionar que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto Gubernativo número 822, al momento de su entrada en vigor, esto es, a partir del 1 uno de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, los asuntos que se encuentran en trámite ante la Dirección General del Instituto de Movilidad del

21 En congruencia con la resolución emitida el 22 veintidós de noviembre de 2018 dos mil dieciocho por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, dentro al Amparo Directo Administrativo 367/2018. 22 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 240, Sexta Parte, de fecha 30 de noviembre del 2018. Consultable en la siguiente liga electrónica: http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2018&file=PO_240_6ta_Parte_20181130_1759_20.pdf 33

Estado de Guanajuato -como acontece en la especie-, continuarán su desahogo hasta su terminación, por la Dirección General de Transporte.

Para mayor comprensión, se transcribe lo previsto por el Artículo Quinto Transitorio del citado Decreto:

«Artículo Quinto. Los asuntos que al momento de la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en trámite ante el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, continuarán su desahogo hasta su terminación, por la Dirección General de Transporte, a través de las siguientes unidades administrativas:

Denominación ante el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato Denominación ante la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato Dirección General de Transporte Dirección de Desarrollo de la Movilidad Dirección de Desarrollo de Transporte Dirección Jurídica de Movilidad Dirección Jurídica de Transporte Dirección de Inspección de la Movilidad Dirección de Inspección Dirección de Atención, Capacitación y Cultural Vial Dirección de Atención, Capacitación y Educación Vial Dirección de Gestión Administrativa de la Movilidad Dirección de Gestión Administrativa de Transporte

En consecuencia, el Director General de Transporte de la Secretaría de Gobierno, deberá cumplimentar la condena que precede e informar sobre ello, en un término de 15 quince días hábiles contados a partir de aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, según lo dispuesto en los artículos 319, 321 y 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTO. Análisis de las pretensiones. Una vez satisfecha la pretensión de nulidad, se procede al estudio de las demás pretensiones solicitadas por la parte actora. 34

En su demanda, solicita el accionante que (i) le sea reconocido su derecho para que se deje sin efectos la resolución controvertida y se emita una nueva debidamente fundada y motivada, en la cual se entregue la resolución administrativa que conceda a su favor el titulo concesión solicitado, y que (ii) se condene a la autoridad demandada para que se abstenga de inscribir la suspensión de sus derechos derivados de la licencia de conducir en el Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte, así como en la Dirección General de Tránsito del Estado, y en caso de ya haber sido registrado, para que se deje sin efectos dicha inscripción.

En tal sentido, se determina la imposibilidad de este Juzgador para pronunciarse sobre la entrega de la resolución administrativa que conceda a favor del accionante el titulo concesión solicitado y se precisa que dicha pretensión se encuentra supeditada al sentido del nuevo acto que emita el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad competente para resolver sobre la procedencia o improcedencia del otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte.

Al efecto, resulta orientador el criterio emitido por la Segunda Sala de este Tribunal, siguiente:

«RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y CONDENA. CUANDO SE TRADUCEN DIRECTAMENTE EN EL EFECTO DE LA NULIDAD OTORGADA, SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Cuando las pretensiones de reconocimiento a un derecho y/o la condena –solicitadas por la parte accionante– se traducen directamente en el efecto de la nulidad decretada, resulta innecesario un pronunciamiento al respecto, pues estas pretensiones se encuentran 35

ya atendidas dentro del estudio que llevó a la nulidad decretada y se encuentran supeditadas a la emisión de ese nuevo acto.»23

Por otra parte, respecto a la abstención de inscribir la suspensión de sus derechos derivados de la licencia de conducir en el Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte, así como en la Dirección General de Tránsito del Estado, y en caso de ya haber sido registrado, para que se deje sin efectos dicha inscripción; quien resuelve considera que no ha lugar a decretar su procedencia, toda vez que dicha pretensión no tiene relación alguna con el asunto que se dilucidó en la especie, es decir, ni con la petición ni con la respuesta realizada por la autoridad demandada.

En mérito de lo expuesto con antelación, con fundamento en los artículos 1, fracción II, 249, 298, 299 y 300, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para tramitar y resolver el presente proceso contencioso administrativo.

SEGUNDO. No es procedente decretar el sobreseimiento en la presente causa administrativa, acorde a lo manifestado en el Considerando Tercero de la presente sentencia.

23 Expedientes 2422/2ªSala/16, sentencia del 9 de febrero de 2017; 486/2ªSala/16, sentencia del 27 de abril de 2017; y 316/2ªSala/17, sentencia del 8 de junio de 2017. Actor: **********). 36

TERCERO. Se decreta la Nulidad del oficio número ***** para el efecto precisado en el Considerando Quinto de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo.

CUARTO. No se reconoce el derecho solicitado por la parte actora, ni se condena a la autoridad demandada en los términos pretendidos por la accionante, ello de conformidad con lo expuesto en el Considerando Sexto de este fallo

En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta Primera Sala.

Así lo proveyó y firma el Maestro Gerardo Arroyo Figueroa, Magistrado Propietario de la Primera Sala, actuando legalmente asistido de la Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.

Puedes descargar el documento 1435_1a_Sala_18_terminado.pdf haciendo clic en el botón de arriba.

Sentencia 1433 1a Sala 18

Sentencias

Descargar PDF

Silao de la Victoria, Guanajuato, 26 veintiséis de marzo de 2019 dos mil diecinueve.

A S U N T O

Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo con número de expediente 1433/1ªSala/18 promovido por *****, ha llegado el momento de resolver lo que en Derecho procede.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado mediante juicio en línea en este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, *****, por su propio derecho, promovió proceso administrativo, señalando como acto impugnado el siguiente:

«La infracción con folio número *****, de fecha 13 de agosto de 2018, mediante la cual se me levantó una infracción por el supuesto de: “Encontrándome en supervisión y en dirección de norte a sur detecto que el conductor lleva la puerta trasera abierta mientras se encuentra en movimiento y dentro de su ruta.”» (Sic)

La parte actora hizo valer como pretensiones: 1) La nulidad total del acto impugnado; 2) El reconocimiento a su derecho para que le sea devuelto el pago realizado por la supuesta infracción cometida; y 3) La condena a la autoridad demandada a la devolución del pago, más los intereses que se generen desde 2

el día que se realizó dicho pago, hasta la fecha en que se lleve a cabo la devolución de la cantidad que indebidamente pagó.

SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. Mediante auto de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó correr traslado de ella a la autoridad demandada y se le emplazó para que diera contestación a la misma.

De la misma manera se ordenó correr traslado al tercero con un derecho incompatible con la pretensión del actor para que manifestara lo que a su interés convenga.

Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda.

Asimismo, se tuvo a la parte actora por designando abogados autorizados en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como correo electrónico para recibir notificaciones.

En proveído de fecha 08 ocho de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada -*****, Supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del Municipio de Celaya, Guanajuato- y al tercero con un derecho incompatible con la pretensión del actor -Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato- por contestando la demanda en tiempo y forma, designando abogados autorizados y señalando correo electrónico para recibir notificaciones, así como por admitidas las diversas 3

pruebas ofrecidas y exhibidas en sus diversos ocursos de contestación.

Asimismo, se le concedió a la parte actora el derecho a ampliar su escrito inicial de demanda.

Mediante acuerdo de fecha 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora por ampliando la demanda y se ordenó correr traslado del escrito de ampliación a la autoridad demandada a efecto de que diera contestación a la misma.

Posteriormente, en auto de fecha 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad demandada por no dando contestación a la ampliación de la demanda en tiempo y forma, por lo que se tienen como ciertos los hechos que el actor le imputa de manera precisa y directa. Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, la que tendría verificativo en el despacho de esta Primera Sala.

TERCERO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, el 21 veintiuno de marzo de 2019 dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia de alegatos, mismos que fueron presentados por la parte actora, y no así por las demás partes.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es competente para conocer y resolver el presente juicio en línea, de conformidad con los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2 y 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato1; 243, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así como por lo previsto en los numerales 1, fracción II, 249, 307 A, 307 B y 307 D del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDO. Existencia del acto impugnado. Se tiene por debidamente acreditada la existencia de la boleta de infracción con número de folio *****, de fecha 13 trece de agosto de 2018 dos mil dieciocho, emitida por *****, Supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del Municipio de Celaya, Guanajuato, mediante la reproducción del documento en original con firma autógrafa, exhibido por la parte actora a través del Sistema Informático del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el cual reviste pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; más cuando no fue controvertida ni objetada dicha documental por la autoridad encausada.

1 Vigente a partir del día 21 veintiuno de junio de 2017 dos mil diecisiete, mediante decreto número 196, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuarta parte, en fecha 20 veinte de junio de 2017 dos mil diecisiete, conforme a sus transitorios primero y segundo. 5

Asimismo, la parte actora exhibió como medio de prueba la reproducción del documento en original del recibo oficial de pago con número de folio *****, de fecha 03 tres de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, para acreditar que erogó a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, la cantidad de $*****. La documental pública de referencia merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, acorde a la jurisprudencia aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente:

«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías».2

En este tenor, la autoridad demandada hace valer como causales de improcedencia: «la falta de afectación al interés jurídico del actor, así como la inexistencia del acto impugnado».

Quien resuelve considera infundadas las causales de improcedencia invocadas, en virtud de las siguientes consideraciones:

En relación con la primera, el artículo 251, fracción I, inciso a), del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé que:

«Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión:

I. Tendrán el carácter de actor:

a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa […]

El artículo que precede, establece como presupuesto procesal para demandar la nulidad de un acto administrativo, contar con un interés jurídico, esto es, para ser parte en un proceso contencioso administrativo, se requiere de la existencia de un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica que le haya sido violado por la autoridad administrativa al momento de haberle dirigido el acto impugnado; esto es, dicho numeral encierra los principios de agravio personal y directo, ya que éstos constituyen un presupuesto subjetivo para la legitimidad del proceso (acción) así como de interés jurídico; tal como se establece en el criterio sustentado por la Primera Sala de este Tribunal, que es del rubro y texto siguiente: 7

«INTERÉS JURÍDICO. AGRAVIO DIRECTO DE UN DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR.- El interés jurídico, para efectos del juicio contencioso administrativo, se traduce en la existencia de acto personal y directo que implique la violación de un derecho subjetivo tutelado a favor del accionante, ocasionándole un perjuicio. En el presente caso, el actor nunca aportó prueba alguna de que la negativa, por parte del Ayuntamiento, a que ingresara a su sesión le causa algún perjuicio, pues se limita a sostener que le fue vulnerado su derecho que se encuentra protegido por el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal, pero no demuestra que se le haya causado un perjuicio directo en sus intereses jurídicos. (Exp. 3.321/01. Sentencia de fecha 28 de enero de 2002. Actor: *****)».3

El interés jurídico deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de este Tribunal, que a la letra dice:

«INTERES JURÍDICO. LO TIENEN QUIENES SON DESTINATARIOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.- El interés jurídico que funda la pretensión del acto deriva, de manera evidente, del hecho de ser destinatario de un acto administrativo cuya existencia ha sido debidamente acreditada en autos del presente juicio y que, al ser dirigido a dicho gobernado, pudiera infringir en su perjuicio las disposiciones legales aplicables, por lo que no es atendible el razonamiento del sobreseimiento.»4

Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, señala lo siguiente:

«INTERES JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la

3 Publicado en la compilación de Criterios 2000-2007, visible en la Página 71. 4 Publicado en el boletín de Criterios y Tesis aprobados por el Pleno 1987-1996, que obra en la Página 46. 8

acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.»5

Una vez analizadas las constancias que obran en autos, se advierte con toda claridad que al momento en que la autoridad demandada redactó la boleta de infracción (acto impugnado), *****, resultó ser destinatario de un acto administrativo cuya existencia ha sido debidamente acreditada en la presente causa administrativa, por lo que la parte actora cuenta con un derecho subjetivo amparado en una norma objetiva para impugnarlo, así como también los actos derivados del mismo por considerar que no fueron emitidos conforme a derecho.

Ahora bien, se hace del conocimiento de la autoridad demandada que al haber sido emitida la boleta de infracción a nombre de *****, se le causo un perjuicio en su patrimonio, toda vez que tuvo que erogar la cantidad de $***** -según consta en el recibo oficial con número de folio *****- misma que se efectuó en cumplimiento a la multa impuesta con motivo de la infracción atribuida y con la finalidad de recuperar su licencia de manejo; advirtiéndose además, que en dicho recibo de pago se tiene como referencia el número de la boleta impugnada en el presente proceso.

En cuanto a la segunda causal de improcedencia, es evidente que la misma no se actualiza; ello es así, dado que la existencia

5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo VIII, Diciembre de 1991, Tesis VI. 3o J/26, Página 117.

del acto impugnado ha quedado plenamente demostrada en el Considerando Segundo de la presente sentencia.

En virtud de lo anterior, al no advertirse causal de improcedencia o sobreseimiento alguna que impida el análisis de fondo de la presente causa administrativa, quien resuelve determina no decretar el sobreseimiento del proceso administrativo, ya que en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis normativas previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ello, toda vez que los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, se estudian y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad expuestos, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN».6

6 Tesis número 2a./J.58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Núm. de Registro: 164618, Tomo XXXI, Mayo de 2010, consultable a Página 830.

QUINTO. Estudio de los conceptos de impugnación. El artículo 302, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato habilita a este juzgador para examinar de oficio la competencia de la autoridad que emitió el acto impugnado, por ser una cuestión de orden público.

Por tanto, quien resuelve se avoca al estudio oficioso de la competencia de la autoridad demandada para dictar el acto impugnado, así como todo lo relacionado con la misma, incluso la ausencia, indebida o insuficiente de su fundamentación.

En tal sentido, resulta aplicable al presente estudio, por analogía, la tesis jurisprudencial siguiente:

«COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será 11

indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.»7

Subrayado añadido.

Ahora bien, fundar en el acto la competencia de la autoridad, es por una parte un requisito esencial y por otra, una obligación de la autoridad, pues su actuación se encuentra delimitada en la ley, por lo cual la validez del acto dependerá de que se haya emitido por autoridad competente, ello de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ordinal 137, fracción VI, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

De esta manera, la autoridad esta constreñida a determinar con precisión y exactitud los preceptos legales que la faculten para emitir el acto administrativo, con el propósito de brindar al gobernado certeza y seguridad jurídica.

La fundamentación de la competencia se considera debidamente realizada cuando la autoridad enuncia con precisión y exactitud aquella disposición, llámese ley, decreto o acuerdo, que le otorgue la atribución que ejerza, fijando para ello el apartado, fracción, inciso o subinciso que corresponda.

7 Época: Novena Época. Registro: 170827. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007. Materia s : Administrativa. Tesis: 2a./J. 218/2007. Página: 154 12

Resulta aplicable a lo antes expuesto la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes:

«COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P. /J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: «COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.», así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo 13

contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.»8

Subrayado añadido.

Ahora bien, del análisis realizado a la infracción con folio *****, de fecha 13 trece de agosto de 2018 dos mil dieciocho, la cual ha sido valorada en el Considerando Segundo de esta resolución, se obtiene que el Supervisor de Movilidad y Transporte Público fundamentó su competencia en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 181, 187 y 190 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del Municipio de Celaya, Guanajuato, que disponen textualmente:

«Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases y programas para garantizar la movilidad de las personas; y las normas para la planeación, organización, operación, prestación, administración y supervisión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en su modalidad de Urbano y Suburbano en ruta fija en el Municipio de Celaya, Guanajuato.»

«Artículo 2. Las Autoridades Municipales en materia de transporte planearán, desarrollarán y organizarán su actividad conforme a lo previsto en este Reglamento y la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato y los respectivos planes de desarrollo.

En la elaboración de los planes municipales, la Autoridad deberá vincular al Plan Municipal de Desarrollo, al de Ordenamiento Territorial y al de Transporte.»

8 Época: Novena Época; Registro: 1011551; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte – SCJN Décima Tercera Sección – Fundamentación y motivación; Materia(s): Administrativa; Tesis: 259; Página: 1230. 14

«Artículo 3. Toda persona que haga uso de las vías públicas ya sea como concesionario, permisionario y/o usuario del servicio público del transporte de pasajeros en su modalidad de urbano y suburbano en ruta fija, están sujetos a las disposiciones de la Ley, del presente Reglamento y a las normas técnicas que de él se deriven.»

«Artículo 7. El Director, para la mejor organización de sus actividades y cuando así lo considere pertinente, podrá delegar alguna de sus facultades a sus subordinados, excepto a aquellas que por disposición de la Ley o de este Reglamento tengan que ser ejercidas por el mismo.»

«Artículo 8. Corresponde a las Autoridades de Transporte y Movilidad Municipales, dentro de su respectiva esfera de competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento, así como todas aquellas normas técnicas y convenios de colaboración administrativa que se deriven de las previsiones del mismo y de la Ley.

Las normas técnicas y los convenios de colaboración administrativa a que hace referencia, deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su debido cumplimiento.»

«Artículo 9. Son autoridades en materia de movilidad y transporte público municipal, las siguientes:

I. El Ayuntamiento; II. El Presidente Municipal; III. El Secretario del Ayuntamiento; IV. El Director General; y, V. El personal con facultades de decisión o supervisión de la Dirección.»

«Artículo 12. El personal de inspección de la Dirección tendrá las facultades siguientes:

I. Levantar actas de inspección o boletas de infracción por violaciones flagrantes o no flagrantes a la Ley y al presente reglamento; II. Realizar operativos y actividades de inspección y vigilancia respecto a la prestación del servicio, vehículos e infraestructura afecta al servicio de transporte; 15

III. Ejecutar las órdenes de inspección que gire el Director y levantar las actas correspondientes; IV. Retirar y asegurar los vehículos en los términos del presente reglamento; V. Participar en las revisiones físico-mecánicas a los vehículos del servicio de transporte de competencia municipal; VI. Cumplir con las ordenes de requerimiento a los concesionarios y permisionarios la disminución o aumento provisional de despachos, las frecuencias o intervalos en las rutas que así lo solicita la Dirección; VII. Participar en la revisión a los conductores del transporte público de competencia Municipal los exámenes para la detección de consumo de drogas o de bebidas alcohólicas; VIII. Solicitar la cooperación y apoyo necesarios a las autoridades auxiliares, con motivo de sus actividades de inspección y vigilancia; y IX. Las demás que la Ley y el presente reglamento le confieren.»

«Artículo 181. El personal de inspección de la Dirección conocerá de las violaciones flagrantes a la Ley y al presente reglamento, debiendo elaborar las actas de infracción correspondientes. Asimismo, conocerá de las infracciones que cometan los conductores del servicio público de transporte al reglamento de tránsito municipal y que incidan en la prestación del servicio.

Para garantizar el interés fiscal del municipio, el personal de inspección de la Dirección estará facultado para retener la licencia de conducir, tarjeta o placas de circulación del vehículo y el propio vehículo, en caso de no contar con ninguno de esos documentos o que la no retención del vehículo represente la continuación en la comisión de la falta o un riesgo para los usuarios.» «Artículo 187. A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley o en el presente reglamento, se les impondrá conjunta o separadamente, cualquiera de las siguientes sanciones:

I. Multa; II. Retiro y aseguramiento de vehículos hasta por treinta días; III. Suspensión de vehículo hasta por noventa días; IV. Suspensión de los derechos derivados de las concesiones o permisos eventuales hasta por noventa días; V. Revocación de concesiones o permisos eventuales; y, VI. Suspensión o privación de los derechos derivados de la cédula de conductor expedida por la Dirección, hasta por ciento ochenta días. 16

La imposición de las sanciones a que se refiere el presente artículo corresponde a la Dirección con excepción de las señaladas en las fracciones IV y V que corresponden al Ayuntamiento.

Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las de carácter civil o penal que pudieran derivarse de las infracciones cometidas.»

«Artículo 190. Las multas por violaciones al presente ordenamiento serán fijadas en Unidad de Medida y Actualización conforme al tabulador contenido en este artículo.

El pago de las multas deberá efectuarse ante la Tesorería Municipal o en su caso en la caja de cobro habilitada por la misma. Las autoridades fiscales municipales podrán aplicar descuentos, conforme a los parámetros y montos que al efecto establezcan, siempre y cuando dicho pago se realice en forma espontánea.

El pago de las multas y demás sanciones que se impongan a los concesionarios por violaciones al reglamento, así como de los derechos por expedición, refrendo y servicios accesorios de los permisos eventuales y concesiones, se pagarán de manera directa por el sistema de recaudo de tarifa con cargo a la dispersión de tarifa del concesionario que corresponda, en términos de la orden de retención que para el efecto gire la Dirección y del convenio que para ello se suscriba.

[…] Subrayado añadido

De las disposiciones citadas por la demandada en el acto impugnado se advierte por una parte que los artículos 9 y 12 constituyen normas complejas dado que el primero de ellos contiene 5 cinco hipótesis diversas, mientras que el segundo de los artículos contiene 9 nueve, omitiendo la autoridad precisar en cuál de ellas sustenta su competencia.

Sostiene lo anterior, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: 17

«NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: «COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.», una norma compleja es aquella que incluye diversos elementos competenciales o establece una pluralidad de competencias o facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, de manera que para estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado, fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene, la transcripción del texto correspondiente. Por tanto, la naturaleza de una norma compleja depende de la pluralidad de hipótesis que la componen, porque el particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el acto que le perjudica.»9

Subrayado añadido

Por otra parte, se advierte que de las disposiciones citadas no se desprende la competencia de la parte demandada para emitir el acto impugnado.

Si bien dichas disposiciones normativas refieren que el «personal de inspección de la Dirección» está facultado para emitir actas de inspección o boletas de infracción por violaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, así

9 Época: Décima Época; Registro: 159997; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: I.7o.A. J/65 (9a.); Página: 1244. 18

como al Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del Municipio de Celaya, Guanajuato, son insuficientes para determinar que el Supervisor de Movilidad y Transporte Público, que emitió la boleta de infracción con folio *****, es parte de ese personal de inspección.

Por ello, era menester que la autoridad demandada fundamentara su competencia en el artículo 5, fracción XVII, del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del Municipio de Celaya, Guanajuato, pues dicho ordinal refiere que tanto el Inspector como el Supervisor forman parte del personal de la Dirección de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, y en consecuencia, son competentes para emitir el acto impugnado, como se observa de la siguiente transcripción:

«Artículo 5. Para efectos de este Reglamento se entiende por:

[…] XVII. Inspector o Supervisor. Personal de la Dirección de Movilidad y Transporte público de Celaya, Gto., con facultades de revisión, inspección y ejecución del cumplimiento de la ley y el presente reglamento;

Subrayado añadido

Para estimar debidamente fundada la competencia de la autoridad demandada, necesariamente debía haberse citado la disposición legal que reconoce al «supervisor» como parte del «personal de inspección de la Dirección» a que se refiere el artículo 12, fracción I, del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del Municipio de Celaya, Guanajuato, y precisar 19

con exactitud el apartado, fracción, inciso o subinciso del artículo correspondiente, lo que en la especie no sucedió tal y como quedó demostrado, pues se reitera que la autoridad encausada debía especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar si tiene competencia para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión.

Así pues, se advierte en el acto impugnado una «insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad», por lo que se actualiza la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 143, en intima vinculación con las fracciones VI y I del ordinal 137, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300, fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se decreta la Nulidad Total de la boleta de infracción con folio *****, de fecha 13 trece de agosto de 2018 dos mil dieciocho, así como de la subsecuente calificación llevada a cabo en fecha 29 veintinueve de agosto de 2018 dos mil dieciocho, que obra en la documental pública ofertada por la demandada, al tratarse esta última de un acto fruto de la boleta decretada nula; ello, en términos del ordinal 143 del Código en trato.

Al efecto es aplicable la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial Federal:

«NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: «COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.», se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal.»10

Énfasis y subrayado añadido.

SEXTO. Análisis de las pretensiones. Una vez satisfecha la pretensión de nulidad, se procede al estudio de las demás pretensiones solicitadas por el actor.

10 Época: Novena Época; Registro: 172182; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Junio de 2007; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a./J. 99/2007; Página: 287. 21

Por lo que respecta a las pretensiones ejercitadas por la parte actora previstas en las fracciones II y III del artículo 255 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, este juzgador determina que en base a la declaratoria de anulación de la boleta de infracción, es evidente que el pago efectuado por concepto de multa en fecha 03 tres de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, cuyo monto asciende a la cantidad de $*****, según consta en el recibo oficial de pago con número de folio *****, carece de sustento jurídico, razón por la cual es procedente el reconocimiento a su derecho para que le sea devuelto el pago realizado por la supuesta infracción, toda vez que la documental pública de referencia goza de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior es así, dado que al encontrarse la multa soportada en un acto -boleta de infracción- del cual se declara su ilegalidad por las razones expuestas con anterioridad, se determina que el pago realizado se encuentra viciado de origen; aplicándose al efecto lo previsto por el ordinal 143 del Código antes aludido. Ello aunado a que se configura la hipótesis del ordinal 52 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, esto es, la devolución de un pago de lo indebido al dejarse insubsistente la boleta controvertida.

Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se cita a continuación:

«ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal».11

Consecuentemente, se condena a la autoridad demandada -*****, Supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del Municipio de Celaya, Guanajuato- a que realice las gestiones necesarias ante la autoridad hacendaria municipal competente, a fin de que se restituya a *****, la cantidad de $*****, que erogó por concepto de multa, misma que deberá realizarse en una sola exhibición.

La determinación asumida encuentra sustento en el criterio adoptado por el Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, aplicado por analogía al caso concreto, que es del rubro y texto siguiente:

«DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANÓ EL ACTO ANULADO REALIZAR LAS GESTIONES PARA.- Si el actor ocurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a efecto de solicitar el reembolso del pago que realizó, por considerar que la infracción del que provino era ilegal, resulta correcto que el A quo condenara a su devolución a la Dirección General de

11 Publicado en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, Núm. de Registro 252103, Página 280. 23

Tránsito y Transporte del Estado, y no a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, pues el acto de autoridad (imposición y calificación de la infracción), por el cual el actor enteró esa cantidad al erario estatal, fue emitido por el titular de esa Dirección, no así la mencionada Secretaría, la que, en todo caso, se limitó a cumplir con su cometido de recaudar los ingresos estatales, como dispone el artículo 5º del Código Fiscal del Estado, por lo que corresponde a esa Dirección General de Tránsito y Transporte, realizar las gestiones necesarias para que quede sin efectos el pago realizado a la autoridad recaudadora y se devuelva al actor la cantidad cuyo acto de origen fue declarado ilegal.»12

Ahora bien, en cuanto a la condena a la autoridad demandada al pago de los intereses generados desde la fecha en que se realizó el pago hasta la fecha en que se lleve a cabo la devolución de la cantidad indebidamente pagada, este juzgador determina que procede la condena respectiva, en virtud de lo siguiente:

Es menester precisar, que los preceptos legales de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, en los que la parte actora pretende fundar su pretensión, señalan literalmente lo siguiente:

«ARTÍCULO 52. Las autoridades fiscales estarán obligadas a devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente. Los retenedores podrán solicitar la devolución, pero ésta se hará directamente a los contribuyentes.

Si el pago de lo indebido se hubiere efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiere quedado insubsistente.

12 Toca 136/07. Recurso de Revisión interpuesto por *****, en su carácter de autorizado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado. Resolución de fecha 9 de enero de 2008.

«ARTÍCULO 53. Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale la forma oficial respectiva. Si dentro de dicho plazo no se efectúa la devolución, el fisco deberá pagar intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del artículo 49 de esta Ley. Los intereses se calcularán sobre las cantidades que proceda devolver, excluyendo los propios intereses y se computarán desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se efectúe la devolución o se pongan las cantidades a disposición del interesado.

El contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los recargos, sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago.

Énfasis añadido

Como puede observarse con toda claridad, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, cuando el pago de lo indebido se efectuó en cumplimiento a un acto de autoridad -levantamiento de una boleta de infracción-, el derecho a su devolución nace a partir de que dicho acto ha quedado insubsistente, esto es, a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia.

Es ilustrativa sobre la configuración del «pago indebido de una multa cuando la boleta de infracción de tránsito se decretó nula», la tesis aislada con el rubro y texto siguiente:

«BOLETAS DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO. AL DEJARSE INSUBSISTENTES SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE EL PAGO EFECTUADO ES INDEBIDO Y SU DEVOLUCIÓN DEBE SOLICITARSE ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable deja insubsistente la boleta de infracción durante la tramitación del juicio de amparo indirecto, por haber declarado la nulidad lisa y llana, ello legitima a la parte quejosa a solicitar la devolución del monto de la multa ante la responsable, pues en razón de que los actos de aplicación han quedado insubsistentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo cual ocasiona que el pago de la multa sea ahora indebido, por la nueva situación jurídica, al haber quedado sin efectos el acto reclamado.»13

Énfasis y subrayado añadido

De igual manera se invoca el siguiente criterio jurisprudencial por contradicción de tesis PC.VIII. J/2 A (10a.), que se cita a continuación:

«PAGO DE LO INDEBIDO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADAS A DETERMINAR SI EL ACTOR TIENE DERECHO A SU RESTITUCIÓN, SIENDO INNECESARIO QUE PREVIAMENTE SOLICITE SU DEVOLUCIÓN A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Bajo el modelo de plena jurisdicción que adoptan las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad, conforme a los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al dictar sus sentencias cuentan con facultades no sólo para anular los actos administrativos, sino también para determinar, como regla general, la forma de reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por la autoridad demandada en su actuación, fijando los derechos de aquél, sus límites y proporciones, y condenando a la administración a restablecerlos y a hacerlos efectivos, salvo que no se tengan elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema. Por tanto, siempre que las Salas del Tribunal

13 Tesis: XVII.1o.P.A.11 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Núm. de Registro: 2014537, consultable a página 2871. 26

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tengan elementos suficientes para cerciorarse del derecho subjetivo a la devolución del pago de lo indebido reclamado, están obligadas a decidir si el actor tiene derecho o no a la condena por su restitución, sin que sea necesario que previamente se plantee a la autoridad administrativa dicha solicitud de devolución de pago, en aras de proteger el derecho humano de los gobernados a la justicia pronta y completa, reconocido por el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»14

Subrayado añadido

De tal suerte que una vez que haya causado ejecutoria la sentencia, se actualiza la hipótesis normativa del segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, toda vez que el contribuyente acreditó en la presente causa administrativa haber efectuado el pago de un crédito fiscal por concepto de multa y al haberse obtenido una resolución totalmente favorable, tendrá derecho a obtener del fisco municipal el pago de los intereses solicitados conforme a la tasa del 2% mensual prevista para los recargos en la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal correspondiente, sobre la cantidad pagada indebidamente a partir de la fecha en que se efectuó el pago y hasta que opere tal devolución.

Esto es, para efecto de cuantificar los intereses correspondientes, es necesario acudir a lo previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 39 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2018, mismo que establece lo siguiente:

14 Publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Núm. de Registro: 2013250, consultable a página 1364. 27

«Artículo 39. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, se cobrarán recargos a la tasa del 2% mensual.

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir de la fecha de la exigibilidad, hasta que se efectúe el pago, hasta por 5 años y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, los gastos de ejecución y las multas por infracciones a las leyes fiscales…»

Así, el pago de los intereses deberá realizarse bajo la tasa del 2% dos por ciento sobre la cantidad erogada indebidamente, mismos que deberán pagarse a partir de la fecha en que la parte actora realizó el pago, esto es, a partir del 03 tres de septiembre de 2018 dos mil dieciocho y se cubrirán por cada mes o fracción que transcurra, hasta que se le realice la devolución correspondiente.

No se omite señalar, que en términos del ordinal 44 de la Ley Hacendaria Municipal en trato, la sanción pecuniaria impuesta es un crédito fiscal a cargo del actor -contribuyente-, por lo que le resulta aplicable el ordenamiento tributario municipal en lisa.

Por otro lado, cabe precisar a la autoridad demandada que el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, no es aplicable al caso que nos ocupa; lo anterior, debido a que tal 28

ordenamiento legal es de ámbito exclusivamente estatal y no municipal.15

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio sustentado por esta Primera Sala de este Tribunal, que es del rubro y texto siguiente:

«PAGO DE INTERESES. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. El segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato señala los requisitos que deben cubrirse para que proceda el pago de intereses con motivo de la devolución de una cantidad indebidamente pagada, a saber: a) que el contribuyente haya efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por una autoridad administrativa; b) que se interponga oportunamente el medio de defensa que las leyes establezcan, y c) que se obtenga una resolución firme favorable total o parcialmente, supuesto en el cual los intereses serán calculados a partir de que se efectuó el pago de lo indebido, conforme a la tasa que señale la ley anual de ingresos para los recargos. Dicha obligación de cubrir los intereses surge a la vida jurídica por disposición legal. Por lo tanto, cuando la parte actora solicite el pago de intereses, las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato están obligadas a decidir si el actor tiene derecho o no a la condena por su restitución, sin que sea necesario que previamente se plantee a la autoridad administrativa la solicitud de devolución de pago, en aras de proteger el derecho humano de los gobernados a la justicia pronta y completa, reconocido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Expediente juicio en línea 2132/1ªSala/16, sentencia del 23 de enero de 2017. Actor: *****)».16

En virtud de lo anterior, la autoridad demandada deberá cumplir lo aquí ordenado en un término de 15 días hábiles contados a

15 El artículo 1 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, refiere: «Las disposiciones de este Código definen la naturaleza de los ingresos del Estado, y se aplican a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, con motivo del nacimiento, cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscales y procedimientos administrativos y contenciosos que se establecen». Énfasis propio 16 Publicado en los Criterios Jurídicos 2017, emitidos por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, página 5, consultables en: http://tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/CRITERIOS_JURIDICOS_2017.pdf 29

partir de aquél en que cause ejecutoria la sentencia de mérito, de conformidad con los ordinales 319, 321 y 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con fundamento en los artículos 1, fracción II, 249, 255, fracciones I, II y III, 298, 299 y 300, fracciones II, V y VI, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para tramitar y resolver el presente proceso contencioso administrativo.

SEGUNDO. No es procedente decretar el sobreseimiento en la presente causa administrativa, acorde a lo manifestado en el Considerando Tercero de la presente sentencia.

TERCERO. Se decreta la Nulidad Total del acto impugnado, en términos de lo expuesto en el Considerando Quinto de la misma.

CUARTO. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se reconoce el derecho solicitado por la parte actora y se condena correlativamente a la autoridad demandada, atento a lo determinado en el Considerando Sexto de esta resolución jurisdiccional. 30

Notifíquese a las partes.

En su oportunidad procesal archívese el presente expediente como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta Primera Sala.

Puedes descargar el documento 1433_1a_Sala_18_terminado.pdf haciendo clic en el botón de arriba.

Sentencia 1432 1a Sala 18

Sentencias

Descargar PDF

Silao de la Victoria, Guanajuato, 29 veintinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve.

A S U N T O

Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo con número de expediente 1432/1ªSala/18 promovido por *****, por su propio derecho ha llegado el momento de resolver lo que en Derecho procede.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado en la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día 19 diecinueve de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, *****, promovió proceso administrativo, señalando como acto impugnado el siguiente:

«Se reclaman todos los oficios sin número y actuaciones relativas al cumplimiento a la sentencia de 29 de noviembre de 2017, Proceso ***** (EXPEDIENTE P.A.) del cual conoció el Magistrado de la Quinta Sala, Arturo Lara Martínez. A continuación, se enlistan los oficios a los que se hace referencia: ▪ Oficio de 04 de junio de 2018, signado por *****. ▪ Oficio de 05 de junio de 2018, signado por *****. ▪ Oficio de 22 de junio de 2018, signado por *****. ▪ Oficio de 27 de junio de 2018, signado por *****. (…)»

Además, el accionante hizo valer como pretensiones en la presente causa legal: 1) la nulidad total de los oficios impugnados, y 2) el 2

restablecimiento del «derecho violado»; igualmente, derivado de examinar integralmente lo expresado en el escrito de demanda, también se aprecia como pretensión del particular: 3) la condena a la autoridad demandada a indemnizar al actor por la existencia de actividad administrativa irregular posterior a la declaración de nulidad, conforme a los artículos 2, 3, 5, 10, 11 y 21 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. Mediante auto de fecha 2 dos de octubre de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la demanda -previo cumplimiento de requerimiento-, se ordenó correr traslado de ella a la autoridad demandada y se le emplazó para que diera contestación a la misma.

Se admitieron las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas por el demandante, y respecto la prueba pericial ofrecida se le requirió para que exhibiera el cuestionario respectivo; no obstante, se desechó la prueba instrumental de actuaciones ofrecida, ya que la misma no se encuentra reconocida como medio de prueba en el ordinal 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Asimismo, se tuvo a la parte actora por designando abogados autorizados en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como señalando correo electrónico para recibir notificaciones.

Posteriormente, mediante auto dictado el 5 cinco de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se encomendó a la Coordinación de Actuarios para 3

que en auxilio de las laboras de este Tribunal, realizaran la notificación personal del citado acuerdo y del de fecha 2 dos de octubre de 2018 dos mil dieciocho, a la autoridad demandada.

Además, se tuvo a la parte actora por dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, al exhibir el cuestionario respectivo y, por tanto, se tuvo por admitida la prueba pericial ofrecida por el actor, misma que versaría sobre las materia de «hidrología y construcción», así como por designando el actor perito de su parte; dado lo anterior, se previno a la autoridad demandada para que nombrara al perito que le corresponda y adicionara cuestionario con lo que le interesara.

Por otra parte, se desechó la prueba testimonial ofrecida por el actor, toda vez que la misma tuvo que ser ofrecida en la demanda o bien, dentro del término de 30 treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado; cuestión que no sucedió.

En ese orden temporal, mediante acuerdo emitido el día 11 once d abril de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, por contestando la demanda en tiempo y forma legal; igualmente, se le tuvo por objetando de manera oportuna la documental ofrecida por el actor1, por designando abogados autorizados, así como por señalando correo electrónico para recibir notificaciones, así como por admitidas las pruebas ofrecidas en su ocurso de contestación.

1 Consistente en las capturas de pantalla de varias publicaciones de noticias en los términos de su escrito de contestación, así como en cuanto a su alcance y valor probatorio 4

También se tuvo a la encausada por nombrando perito de su parte y por no adicionando el cuestionario con lo que le interesara; asimismo, se requirió a las partes para que presentaran a sus peritos con el propósito de que acreditaran que reúnen los requisitos correspondientes, aceptaran el cargo y protestaran su legal desempeño.

Además, se tuvo a la parte actora por no ampliando su escrito inicial de demanda, toda vez que el acto2 que pretende impugnar la actora mediante dicha ampliación, aun cuando constituye un hecho novedoso, el mismo no guarda relación alguna ni tiene la misma finalidad que el acto impugnado en el escrito inicial de demanda, esto es, se trata de un acto independiente.

Enseguida, mediante auto dictado el día 29 veintinueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, se hizo constar la comparecencia ante esta Sala del perito designado por la autoridad demandada, quien aceptó y protestó el fiel y leal desempeño de su cargo, poniéndose a su disposición el cuestionario, así como las constancias que integran el presente proceso y se le hizo saber que debía rendir su dictamen dentro de los 10 diez días hábiles posteriores a dicha comparecencia.

Después, mediante acuerdo emitido el día 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se hizo saber al actor que sólo se tomaría en cuenta el peritaje de la parte demandada -en caso de que fuera presentado dicho dictamen en el término conferido-, toda vez que mediante acuerdo de 11 once de abril de 2019 dos mil diecinueve, y

2 «Reporte de 30 treinta de enero de 2019 dos mil diecinueve, levantado por inspectores del Departamento de Fiscalización Ecológica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León» 5

notificado el 23 veintitrés del mismo mes y año, se requirió a la parte actora para que en el término de 3 tres días presentara a su perito con el fin de que acreditara que reunía los requisitos correspondientes, aceptara el cargo y protestara su legal desempeño; sin que el actor hubiera dado cumplimiento al requerimiento que le fe formulado.

Por otra parte, se otorgó al perito designado por la autoridad demandada, una prórroga por el término de 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación del citado acuerdo, para que rindiera su dictamen pericial encomendado3.

De manera posterior, por auto emitido el día 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo al perito designado por la parte demandada, por rindiendo en tiempo y forma legal el dictamen pericial y, por tanto, se tuvo por desahogada la prueba pericial en materia de hidrología y construcción ofrecida por la encausada.

Finalmente, al no existir pruebas pendientes de desahogo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, la que tendría verificativo en el despacho de esta Primera Sala. TERCERO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, el 20 veinte de junio de 2019 dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de alegatos, mismos que no fueron presentados por las partes.

3 A causa de que el perito ofrecido por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato -autoridad demandada-, solicitó una prórroga para rendir el dictamen pericial encomendado, ante la necesidad de recabar información adicional en campo. 6

Además, por auto dictado el día 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, se desechó la prueba documental ofrecida por el actor identificada como «dictamen pericial elaborado por el arquitecto y perito *****», toda vez que la misma no tiene el carácter de documental y, mucho menos, de superveniente, y al versar ésta sobre un dictamen pericial, su admisión conllevaría la inobservancia de las reglas y los plazos procesales aplicables, toda vez que el actor no atendió debidamente la preparación y desahogo de la prueba pericial ofrecida en su demanda, omisión que trajo consigo la preclusión de tal derecho en su perjuicio.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, de conformidad con los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2 y 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; en relación con el artículo 243, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así como por lo previsto en los numerales 1, fracción II, y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDO. Antecedentes del acto impugnado. De conformidad con lo previsto por el artículo 299, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y con el propósito de fijar de manera 7

precisa los actos impugnados por el actor, se procede a contextualizar su génesis, conforme a los siguientes hechos relevantes:

1. El día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, *****-actor- presentó ante la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, escrito cuyo contenido reza:

«Ingeniero *****, legítimo propietario del bien inmueble ubicado en ***** de esta localidad, de manera respetuosa, en uso del derecho consagrado en el artículo 8° Constitucional, acudo ante esta usted para exponer lo siguiente:

Hago del conocimiento de la presente administración que en la administración municipal pasada se ejecutó la obra contemplada en el contrato número *****, denominado bulevar Timoteo Lozano número *****, colonia *****, tramo: del Blvd. ***** hasta bulevar *****; dentro de dicho tramo se ubica sobre el bulevar *****, inmueble de mi propiedad.

Al concluirse la obra y en las lluvias torrenciales que sufrió la ciudad, mi propiedad se vio afectada por sendas inundaciones, de las cuáles en años anteriores no había sucedido, nunca se había tenido problemas de inundaciones, ya que todos los drenajes estaban conectados al drenaje profundo y en la ejecución de la obra se cambiaron todos los drenajes del predio de mi propiedad, otros ni siquiera están conectados y aún más otros están tapados.

De las rejillas pluviales, por ahí se sale el agua, debido a que el arroyo se le conectaron más drenajes pluviales y no se previó en hacer ancho el arroyo exactamente donde pasa el puente de la vía de FFCC.

En la minuta de campo de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, en específico en la primera hoja relativo a los acuerdos en el acceso 2, textualmente dice: «Se plante la colocación de 2 rejillas pluviales, conectadas al canal, ubicado en el camellón central del drenaje sanitario, para que en caso de que el nivel del arroyo llegue a subir, por ahí se vierta el agua excedente al drenaje sanitario»; esas rejillas no hacen la función para la cual aparentemente fueron colocadas, por ahí se sale el agua y no están conectadas al drenaje profundo, y cuando el nivel del arroyo sube, 8

por estas rejillas sale el líquido, para venirse a invadir e inundar el predio de mi propiedad.

Los drenajes pluviales laterales han estado tapados y no están conectados como anteriormente lo estaban, en ese tiempo se contaba con 2 tubos de 12″ pluviales a cada lado y conectados al drenaje profundo, lo cual nunca generó problemas de inundaciones en mi propiedad.

Lo narrado, lo he expuesto directamente al SAPAL, y no me han dado respuesta congruente e idónea para solucionar el problema y que estoy verdaderamente preocupado que en este año 2016 que comienza y de venirse torrenciales de gran magnitud se vuelvan a generar inundaciones en mi propiedad y está en riesgo que en mi propiedad y mi arrendatario sufra daños en los materiales que ahí almacena y como consecuencia me reclame el pago de los daños que se ocasionen.

De conformidad con lo que dispone el numeral 5 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, corresponde al Presidente Municipal coordinar y supervisar las acciones realizadas por las dependencias, entidades y órganos autónomos de la administración pública municipal, en los términos de la Ley Orgánica; además, si bien es cierto que la constitución Política del Estado de Guanajuato, en su artículo 19 obliga a todos los habitantes del Estado, a cumplir con los preceptos constitucionales y los de las Leyes, Reglamentos y disposiciones que se dicten y a contribuir a los gastos públicos de la Federación, del Estado y del Municipio de su residencia, en la forma que dispongan las Leyes de la materia; también lo cierto es, que en su artículo 117, dispone que es competencia de los Ayuntamientos prestar los siguientes Servicios Públicos de Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Por tanto, en uso de mi derecho de petición acudo ante esta dependencia gubernamental, para que en uso de las facultades señaladas en los numerales 9 y 10 del REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO y demás relativos y aplicables que al efecto se apliquen, se atienda mi denuncia, se proceda a realizar una revisión exhaustiva del estudio del proyecto y ejecución de la obra del bulevar *****, tramo: del bulevar *****hasta bulevar *****, en específico el tramo que se ubica sobre el bulevar *****, y se 9

realicen las gestiones necesarias para una pronta solución a la problemática planteada» (sic)

Énfasis añadido.

2. En respuesta, fueron emitidos: (i) oficio número *****, el día 8 ocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis por el Gerente de Planeación y Proyectos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato (en adelante SAPAL); y (ii) escrito con número de expediente *****, emitido por el Secretario Particular del Presidente municipal y dirigido al Director General del SAPAL.

Resoluciones en las cuales, aun cuando se determinó turnar el asunto al Director General de SAPAL, fue el Gerente de Planeación y Proyectos del señalado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, quien resolvió:

«En respuesta a su escrito con referencia SP/1615***** de fecha 19 de enero del presente año, donde nos solicita se revise la ejecución de la obra Blvd. Timoteo Lozano, le informo lo siguiente: La obra ejecutada corresponde a la Pavimentación del cuerpo norte del Blvd. Timoteo Lozano, tramo Fco. Villa al Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra ejecutada por la dirección de Obra Pública Municipal.

Fecha Solicitud

12 de octubre de 2015 Dictamen Técnico de los drenajes pluviales y sanitarios que pusieron Obras Públicas ***** Emite interesado 1 de diciembre de 2015 Solicita respuesta a oficio de fecha 12 de octubre Emite interesado 2 de diciembre de 2015 Solicita audiencia con Director General Emite interesado 11 de diciembre de 2015 Respuesta a solicitud de 12 de octubre, dictamen técnico de las instalaciones de alcantarillado sanitario existentes en el predio. Emite SAPAL 21 de diciembre de 2015 Escrito en seguimiento a respuesta a solicitud de 12 de octubre. Se informa la Emite (Dirección General) SAPAL 10

situación que guardan instalaciones en el predio.

Anexo a este escrito copia de la información generada al respecto entre el interesado y el SAPAL.»

3. Inconforme con tales decisiones, ***** promovió en su contra demanda de nulidad ante este Tribunal el día 7 siete de abril de 2016 dos mil dieciséis, radicándose el asunto bajo el expediente número *****.

Una vez seguido el trámite correspondiente, se emitió sentencia el día 29 veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, en la cual se decretó la nulidad del oficio *****, para efecto de que el Director General del SAPAL, emitiera una nueva respuesta completa, imparcial, exhaustiva y congruente con lo peticionado en la cual se determinara:

▪ Realizar una revisión completa del estudio de proyecto y ejecución de la obra pública prevista en el contrato *****, denominada Boulevard Delta primera etapa, porque dentro de dicho tramo se ubica en el Boulevard Timoteo Lozano número *****, colonia *****, un predio que el actor señala como de su propiedad;

▪ En su caso, resolver si derivado de la obra pública mencionada se generaron vicios ocultos en el drenaje del predio cuya propiedad ostenta el actor, que hayan ocasionado o puedan ocasionar en el futuro afectaciones a dicho inmueble;

▪ De resultar procedente, se realicen las gestiones necesarias para resolver esa problemática, determinando quienes son las 11

autoridades competentes para realizar las gestiones que se consideren pertinentes; e

▪ Informar de dicha respuesta al Presidente Municipal de León, Guanajuato.

Sentencia que causó ejecutoria mediante acuerdo dictado el día 22 veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Sala Especializada.

4. Luego, con la finalidad de dar cumplimiento al citado fallo, el día 11 once de mayo de 2018 dos mil dieciocho, el Director General del SAPAL, emitió resolución en respuesta a la petición presentada el día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis por ***** – actor-, cuyo contenido es del tenor siguiente:

«En su atento oficio dirigido al Presidente Municipal de León, Guanajuato, por el que solicita se revise la ejecución de la obra en el Blvd. Timoteo Lozano en el tramo que comprende y abarca su propiedad (Blvd. Timoteo Lozano #*****, col. *****). Se ordene realizar las gestiones correspondientes para la reparación de los vicios ocultos existentes en el drenaje sanitario y pluvial que dice afectan su propiedad; recibido en la Presidencia Municipal el 19 de enero de 2016, y turnado para su atención a este Organismo Operador mediante el oficio ***** de la fecha mencionada, y en cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2017, dictada dentro del Juicio de Nulidad número ***** radicado en la 3ª sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, hago de su conocimiento lo siguiente:

PRIMERO. En cuanto al punto 1 de la sentencia de mérito respecto a que se realice una revisión del estudio del proyecto y ejecución de la obra pública prevista en el contrato ***** denominada boulevard Timoteo Lozano, en el tramo del Boulevard Francisco Villa hasta el Boulevard Delta primera etapa, porque dentro de dicho tramo se ubica en el Boulevard Timoteo Lozano número ***** dos mil ciento treinta y cinco, colonia *****, un predio que el actor señala de su propiedad. 12

Al respecto le informo que en los términos del artículo 10 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Guanajuato, corresponde a SAPAL entre otros, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales y cobrarlos en los términos de la Ley de Ingresos vigente, el reglamento y demás disposiciones fiscales aplicables. Esto conlleva la ejecución de la obra inherente a los servicios mencionados. En el caso de obras ejecutadas por autoridades diversas, como es caso de la pavimentación de la citada vialidad, bajo el contrato *****, SAPAL otorga el visto bueno en cuanto a los citados proyectos, en lo que respecta a la infraestructura hidrosanitaria. En el caso en concreto y en cuanto a la obra frente a su predio, SAPAL hizo la revisión y validación del proyecto.

Ahora bien, atendiendo a que en el camellón central del Boulevard Timoteo Lozano, desde su intersección con Boulevard Delta, existe un canal pluvial que descarga en el río de los Gómez, y que el mismo pasa por enfrente de la bodega de su propiedad, ubicada a la altura del número ***** del Boulevard Timoteo Lozano, en el año 2015, SAPAL realizó un estudio hidrológico, del cual deriva una propuesta de mejoramiento de la capacidad hidráulica de canal pluvial Timoteo Lozano y cruce con espuela del F.F.C.C., ciudad de León, Guanajuato., enfocado particularmente a atender el desahogo de las aguas pluviales en la zona donde se ubica la bodega de su propiedad. Es decir, SAPAL dentro de su ámbito competencial ha revisado los aspectos relativos al drenaje sanitario y pluvial, particularmente del inmueble de su propiedad, con respecto a la infraestructura hidráulica alojada en el Boulevard Timoteo Lozano, en las condiciones posteriores a la ejecución de los trabajos del contrato *****, generándose la propuesta de mejora que le fue entregada mediante el oficio número GPP-704/PROY-759/2015 fechado el 11 de diciembre de 2015.

SEGUNDO. Respecto a determinar si derivado de la obra pública mencionada se generaron vicios ocultos en el drenaje sanitario del predio cuya propiedad ostenta, que haya ocasionado o puedan ocasionar en el futuro afectaciones al inmueble le informo:

Como resultado de la revisión exhaustiva de las condiciones de infraestructura sanitaria y pluvial directamente relacionadas con el inmueble de su propiedad, como 13

consta en fojas1-20 y 1-23 del estudio en cuestión, no se pueden concluir la existencia de vicios ocultos en el drenaje sanitario del predio. Se reitera lo que se informó mediante oficio ***** de 21 de diciembre de 2015, en el sentido de que:

a. Las descargas pluviales mediante las cuales se desalojaban las aguas de lluvia, previamente a la obra de pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano en el tramo donde se ubica su propiedad (*****), se encontraban indebidamente conectadas al alcantarillado sanitario, situación que se corrigió en las obras de urbanización, por lo que actualmente no se encuentran conectadas a colector alguno.

b. La atarjea a la que estaban conectadas anteriormente las descargas pluviales, así como la totalidad de la red sanitaria de la ciudad conduce las aguas residuales generadas por la población a través de colectores sanitarios a las plantas de tratamiento de la ciudad, y que actualmente trabaja de manera correcta, no presentando vicios ocultos.

c. La atarjea de alcantarillado sanitario a donde se conecta la descarga sanitaria de su propiedad se encuentra operando normalmente y se contempla su limpieza y desazolve en el programa de mantenimiento de SAPAL.

d. Para resolver pluvialmente el predio de su propiedad se requiere conectar las dos descargas pluviales a que se hace mención, al colector pluvial auxiliar del proyecto que se deberá construir a costa del interesado y que se señala en la propuesta de mejoramiento de la capacidad hidráulica de canal pluvial Timoteo Lozano y cruce con espuela del F.F.C.C.

TERCERO. En cuanto al punto 3 relativo las gestiones necesarias para resolver la problemática, como se desprende de la propuesta de mejoramiento de la capacidad hidráulica de canal pluvial Timoteo Lozano y cruce con espuela F.F.C.C., para tal fin es necesaria la ejecución de trabajos para una obra alternativa a cielo abierto e hincado en el cruce con colector pluvial boulevard Timoteo Lozano cruce con espuela de ferrocarril, precisamente a la altura del inmueble de su propiedad. Obra que, por su naturaleza, ya que beneficia de manera particular a su predio, y no tiene un fin de beneficio a la colectividad, debe ser cubierto por el interesado.

Es evidente que a la fecha se ha atendido su petición, existiendo un interés en este Organismo Operador por resolver la problemática, dentro del ámbito de su competencia, por lo que, a través de la Gerencia Técnica se buscará una 14

alternativa para que, de manera conjunta se puedan aportar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos propuestos en el estudio técnico hecho a petición de usted.»

Énfasis propio.

No obstante, mediante acuerdo dictado el 17 diecisiete de mayo de 2018 dos mil dieciocho dentro del proceso administrativo en cita, se determinó que la autoridad sólo se encontraba «cumpliendo parcialmente»4 la condena impuesta en el fallo jurisdiccional, por lo que se le requirió para que -de resultar procedente- se realicen las gestiones necesarias para resolver la problemática, determinando quienes son las autoridades competentes para realizar las gestiones que se consideren pertinentes.

Luego, en obediencia al requerimiento que le fue formulado, el Director General de SAPAL, emitió oficio sin número el día 4 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho; sin embargo, mediante acuerdo dictado el 14 catorce de junio de 2018 dos mil dieciocho, el Resolutor no tuvo por cumplido el fallo y nuevamente requirió a la autoridad para que: (i) aclarara y especificara -de manera fundada y motivada- quien es, en su caso, la autoridad competente para realizar las gestiones necesarias para resolver el problema, sin perder de vista que al tratarse de un servicio a cargo del municipio, el particular no tiene las facultades para realizar una modificación a la capacidad hidráulica del canal; y (ii) acreditara haber remitido al

4 Toda vez que la autoridad demandada informó que: 1) ha realizado una revisión completa del estudio del proyecto y ejecución de la obra pública prevista en el contrato número H2510-917-6141D/0297/2013, denominada Bulevar Timoteo Lozano, en el tramo del bulevar Francisco Villa hasta el bulevar Delta primera etapa, porque dentro de dicho tramo se ubica el predio que el actor señala es de su propiedad; 2) ha determinado si derivado de la obra pública mencionada se generaron vicios ocultos en el drenaje del predio cuya propiedad ostenta el justiciable; y 3) exhibe como anexo oficio dirigido al licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente municipal -interino., de León, Guanajuato. 15

Presidente Municipal de León, Guanajuato, la respuesta que emita en los términos señalados en el presente acuerdo.

5. Posteriormente, el día 22 veintidós de junio de 2018 dos mil dieciocho, el Director General del SAPAL, emitió resolución en respuesta a la petición presentada el día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis por ***** -actor-, cuyo contenido es del tenor siguiente:

«En a su atento oficio dirigido al Presidente Municipal de León, Guanajuato, el que se revise la ejecución de la obra en el Blvd. *****en el tramo que y abarca su (*****). Se ordene realizar las correspondientes para la reparación de vicios existentes en el drenaje sanitario y pluvial que dice afectan su recibido en la Presidencia Municipal el 19 de enero de 2016. y turnado para su atención a este Organismo mediante el oficio ***** de la fecha mencionada, y en cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2017, dictada dentro del Juicio de Nulidad número ***** en la 3a sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de su conocimiento lo siguiente:

ÚNICO. En cuanto al punto 3 de la sentencia de mérito, relativo las gestiones para resolver la problemática que dice se presenta en el Boulevard *****, le informo que dado que, ha sido señalado anteriormente y de su pleno a la fecha existe una de mejoramiento de la hidráulica de canal pluvial ***** y *****., ciudad de León, Gto, que es resultado del estudio realizado por este organismo en la zona, la cual resulta ser una medida para atender la problemática que usted presenta, y que como se le ha informado previamente no deriva de la ejecución de los trabajos del ***** no procedente realizar alguna ante las autoridades de la obra u otra diversa.

Por lo que a la propuesta de mejoramiento de la hidráulica de canal pluvial ***** y *****, ciudad de León, Gto., le informo que en los términos del artículo 135, fracciones II y IV del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Guanajuato, corresponde a este organismo ejecutar programas y actividades encaminadas a la reparación y mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial propiedad del SAPAL; así como efectuar revisiones permanentes de funcionamiento a la red 16

de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, a efecto de detectar las zonas de alto riesgo y proponer las medidas de seguridad.

Sin embargo, si bien la ejecución de obras de tal naturaleza corresponde a SAPAL en los términos mencionados, no debe omitirse que todo trabajo realizado por esta autoridad debe atender al interés colectivo, considerando lo previsto el artículo 1° del referido Reglamento, siendo el orden y el interés social los principios rectores de las acciones ejecutadas, de acuerdo al artículo 4° del ordenamiento en cuestión.

En el caso en particular, esto es, la ejecución de la propuesta de mejoramiento de la hidráulica de canal pluvial ***** y *****, de León, Gto, no se encuentra bajo el contexto anterior, ya que no atiende a una necesidad colectiva ni a un interés general, sino a una situación específica de un predio en particular, y dado que no tiene un de beneficio a la colectividad, sino específicamente al inmueble de su propiedad, su ejecución debe ser costeada por el beneficiario, no correspondiendo a la autoridad alguna su pago.» (sic)

Lo resaltado es propio.

Asimismo, la citada resolución fue «notificada» vía electrónica al accionante el día 7 siete de agosto de 2018 dos mil dieciocho5, junto con el diverso oficio sin número de fecha 22 vientos de junio de 2018 dos mil dieciocho, a través del cual se informó al Presiente Municipal que se atendió la petición formulada por *****mediante oficio emitido en la misma fecha.

Ante el panorama anterior, la Sala Especializada de este Tribunal determinó mediante acuerdo dictado el día 5 cinco de julio de 2018 dos mil dieciocho, que la sentencia de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se encontraba cumplida a

5 En razón de que por auto dictado el día 3 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Magistrado de la Sala Especializada ordenó regularizar el proceso para efecto de notificar los acuerdos de 14 catorce de junio y 5 cinco de julio del 2018 dos mil dieciocho, así como las promociones vinculadas a los mismos, en el correo electrónico ***** 17

cabalidad y ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido.

6. No obstante, al considerar ***** que existía defecto en el cumplimiento del fallo definitivo, el día 13 trece de agosto de 2018 dos mil dieciocho interpuso Recurso de Queja en contra del acuerdo que tuvo por totalmente cumplida la sentencia.

De manera simultánea al trámite del Recurso de Queja, *****- actor- promovió el 19 diecinueve de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, ante esta Primera Sala el presente proceso administrativo en contra de las resoluciones emitidas con motivo del cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del diverso expediente *****.

Luego, el día 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se emitió resolución dentro del Recurso de Queja en la cual se confirmó el cumplimiento de la sentencia, ante lo infundado e inoperante de sus agravios; a lo cual, cabe destacar entre las consideraciones vertidas por el Magistrado de la Sala Especializada, lo siguiente:

«Como puede apreciarse del escrito de interposición del recurso el actor omite señalar si la respuesta emitida por el director general demandado corresponde o no con lo decidido en la sentencia y en los acuerdos relativos y sostiene que corresponde al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato llevar a cabo las obras de remediación y corrección necesarias para evitar que las afectaciones que resiente el predio de su propiedad en donde cruza el canal del bulevar ***** y *****se sigan produciendo; porque considera que subsiste una actividad administrativa irregular atribuible al organismo operador tantas veces citado.

Los argumentos mencionados no guardan relación con la litis ni con los términos de la sentencia; en este sentido atendiendo a los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, este juzgador solo puede pronunciarse respecto de las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia del proceso administrativo, de conformidad con los puntos controvertidos previamente fijados y atendiendo a las reglas del debido proceso, por lo cual dada la naturaleza del litigio relativo a la indebida motivación y fundamentación de la respuesta recaída a una petición, la sentencia se debe constreñir a que la autoridad demandada emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada.

Cualquier otra cuestión sobre los derechos que no hayan sido acogidos por esa respuesta y que el justiciable reclame como suyos, no pueden ser analizados por este resolutor, porque se vulneraría las formalidades del procedimiento y el efecto que se imprimió a la sentencia.

Cabe precisar además que la exhibición de fotografías o notas periodísticas exponen una problemática que existe en la zona del canal del Bulevar Timoteo Lozano, pero no son los medios de prueba idóneos para determinar si existen o no vicios ocultos en el drenaje derivados de una obra pública, si esos vicios son imputables a las autoridades demandadas o en su caso a otras autoridades diversas; tampoco permiten dilucidar si existe una actividad administrativa irregular que presente un nexo causal con un resultado dañoso que haya sufrido el actor, sin que esté obligado a soportarlo; y que de ese acto irregular se desprenda la obligación correlativa de reparar los daños causados a favor del actor.

Las pretensiones intentadas y los medios de pruebas ofrecidos y desahogados por el actor no resultan conducentes, apropiados ni idóneos para obtener la reparación derivada de la presunta responsabilidad patrimonial a que alude.

Cabe precisar que con la respuesta obtenida del director general del organismo operador del agua en el municipio de León, Guanajuato, el actor puede ejercer las pretensiones que estime convenientes ante las autoridades competentes que le permitan obtener las reparaciones e indemnizaciones a las que el accionante considera tiene derecho.» (sic)

Subrayado propio. 19

Los anteriores hechos, tiene su sustento fáctico en las constancias, así como en lo resuelto dentro del expediente correspondiente al Proceso Administrativo número *****.

Expediente que éste Juzgador procede poner a su vista, a manera de hecho notorio, y sin que para ello sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al presente sumario, pues dichos medios de prueba son inherentes a la actividad jurisdiccional que desempeña esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como en atención a que se trata de una facultad que el propio ordenamiento legal le confiere a esta Instancia con el fin de resolver una contienda judicial.

Ello. en términos de lo previsto por los ordinales 55, 117, 121 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como de conformidad, por analogía, con lo establecido en la tesis cuyo rubro reza: «HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE»6

TERCERO. Existencia del acto impugnado. De conformidad con lo previsto por el artículo 299, fracción I, del Código de Procedimiento y

6 Novena Época. Registro: 176544. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: XIII.3o.4 K. Página: 2679 20

Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, previo al estudio del fondo, debe fijarse de manera precisa los actos impugnados por el actor. Al efecto, resulta ilustrativo lo establecido en la tesis de rubro: «ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.»7

Así, conforme a lo pormenorizado en el Considerado Segundo dl presente fallo y del análisis integral al escrito de demanda, se advierte que en la presente causa***** el accionante pretende controvertir la legalidad de la decisión emitida en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Procedimiento Administrativo número *****, esto es:

▪ La resolución contenida en los oficios sin número emitidos los días 11 once de mayo y 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, y recaída en respuesta a la petición formulada por el accionante el día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis.

La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada en el presente proceso, pues aun cuando el accionante solamente exhibe copia fotostática del oficio de fecha 22 veintidós de junio de 2018 dos mil dieciocho, no menos cierto es que la misma, así como el diverso oficio de fecha 11 once de mayo de esa misma anualidad, obran en original dentro de los autos que integran el expediente administrativo número *****, lo cual genera convicción en quien resuelve respecto de su contenido y existencia, en

7 Novena Época; Registro: 181810; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Materia(s): Común; Tesis: P. VI/2004; Página: 255 21

términos de lo dispuesto por los ordinales 55, 117, 121 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por otra parte, también se advierte que el actor señala como actos materia de impugnación, los consistentes en: (i) oficio sin número emitido el 4 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato; y (ii) oficios sin número emitidos los días 5 cinco y 27 veintisiete de junio de 2018, emitidos por los autorizados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato.

Actuaciones que, si bien su existencia se encuentra acreditada con motivo de las constancias que integran el expediente número *****, lo cierto es que no resulta procedente que éstos se tengan como actos impugnados en el presente proceso.

En primer término, porque el contenido de los oficios de fechas 5 cinco y 27 veintisiete de junio de 2018, únicamente se constriñen a «informar o hacer de conocimiento» al Magistrado resolutor que se dio respuesta al actor, en cumplimiento al fallo dictado dentro del proceso administrativo número ***** y, por tanto, éstos no crean, declaran, reconocen, transmiten, modifican o extinguen por sí mismos alguna situación jurídica individual o concreta del accionante, por sí mismos.

En segundo lugar, y respecto del oficio de fecha 4 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, de las constancias que integran el expediente número *****, se advierte que si bien a través de éste se pretendió dar 22

cumplimiento al fallo dictado por el Magistrado resolutor de este Tribunal, lo cierto es mediante auto de fecha 14 catorce de junio de 2018 dos mil dieciocho, no hubo lugar a tener a la autoridad por cumpliendo la sentencia emitida en ese proceso con motivo de dicha actuación, requiriéndose a la autoridad para que: (i) aclarara y especificara de manera fundada y motivada, quien es -en su caso- la autoridad competente para realizar las gestiones necesarias para resolver el problema; y (ii) acreditara haber remitido al Presidente municipal de León, Guanajuato, la respuesta que se emitiera. Luego, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, la autoridad «dejó sin efectos legales»8 la resolución de fecha 4 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, al sustituir ésta con la emisión de una nueva determinación el día 22 veintidós de junio de 2018 dos mil dieciocho, en la cual resolvió de manera determinante la cuestión planteada por el particular y, por tanto, se tuvo a la autoridad por cumpliendo cabalmente la sentencia dictada en el proceso administrativo número *****, más aun que se declaró improcedente el recurso de queja promovido en su contra por el actor.

Clarificando al respecto que, la determinación que verdaderamente define la situación jurídica del particular y que culmina la gestión instada, es precisamente la resolución contenida en los oficios sin número emitidos los días 11 once de mayo y 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato.

8 Sustenta tal pronunciamiento, por analogía o símil, lo establecido en la jurisprudencia intitulada: «ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.» Novena Época Registro: 176051 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C. J/22 Página: 1579 23

De ese modo, se concluye que los oficios emitidos los días 5 cinco y 27 veintisiete, así como el 4 cuatro de junio de 2018, no tienen la calidad de «definitivos»9y, por ende, no causan por sí mismos afectación alguna al accionante, en términos del ordinal 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por los ordinales 261, fracción I, y 262, fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se sobresee en el presente proceso únicamente respecto de: (i) el oficio sin número emitido el 4 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato; y (ii) los oficios sin número emitidos los días 5 cinco y 27 veintisiete de junio de 2018, emitidos por los autorizados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato.

De esa forma, se puntualiza que en la presente causa permanece como acto impugnado la resolución contenida en los oficios sin número emitidos los días 11 once de mayo y 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, emitida por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Procedimiento Administrativo

9 Esclarece lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto rezan: «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES A TRAVES DEL JUICIO DE NULIDAD, CARACTERISTICAS DE LAS» Octava Época Registro: 223446 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Marzo de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 206 24

número *****, y recaída en respuesta a la petición formulada por el accionante el día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis.

CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Conforme a lo establecido por el artículo 261 en íntima vinculación con el diverso numeral 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por cuestiones de orden público, previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los preceptos normativos antes citados.

Lo anterior, acorde a la jurisprudencia aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente:

«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías».10

Luego, la autoridad demandada sostiene en su ocurso de contestación que, según su apreciación, se actualizan las causales de improcedencia previstas por el ordinal 261, fracciones II y VII, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en relación con la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 262, fracción II, del citado código, mismas que disponen:

«Artículo 261. El proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones:

10 Octava Época, Registro: 210784, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Materia s : Común, Tesis: VI.2o. J/323, Página: 87.

II. Que se hayan consumado de un modo irreparable; (…)

VII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.

Artículo 262. En el proceso administrativo procede el sobreseimiento cuando: (…)

II. Durante el proceso apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;(…)»

Ello, pues señala que el acto impugnado ha sido materia de una sentencia pronunciada en diverso proceso administrativo, y que dicha actuación fue valorada conforme a legalidad y a los términos dictados en la sentencia emitida dentro del proceso administrativo número *****; igualmente, añade que el acto combatido es una consecuencia legal de la sentencia dictada por el Magistrado de la Sala Especializada y que, al ser cosa juzgada, el asunto resulta improcedente.

Al respecto, quien resuelve determina que la autoridad yerra en su invocación de improcedencia, primeramente, porque no existe relación entre las hipótesis legales hechas valer y los argumentos vertidos para sostener las mismas.

Dicho en otras palabras, si bien la autoridad invoca las fracciones II y VII del numeral 261 del código de la materia, esto es, que los actos fueron consumados de manera irreparable, y que la improcedencia deviene de una disposición legal en específico, lo cierto es que sus razonamientos solamente se encaminan a evidenciar que el acto fue emitido conforme a los términos dictados en la sentencia emitida dentro del proceso administrativo número *****

Además, al ser patente que el acto impugnado lo constituye la respuesta recaída a la petición formulada por el actor, se tiene que sus efectos sí son reparables11, al no consumarse éstos de manera irremediable.

Igualmente, en relación con la causal prevista por la fracción VII del numeral 261 del código de la materia, la misma resulta inatendible, toda vez que la autoridad no vincula dicha causal con alguna otra disposición legal en específico, aunado a que la misma no es de objetiva y obvia constatación. Lo anterior tiene sustento, por analogía, en la jurisprudencia intitulada: «IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.»12

Ahora bien, en relación con que la causal de improcedencia contenida en la fracción III del numeral 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato que el justiciable pretende hacer valer, consistente en que la resolución impugnada fue materia de la sentencia pronunciada dentro del expediente número *****, este Juzgador determina que tal invocación resulta infundada, como enseguida se explicara.

11 Pues si bien dicha actuación contiene intrínsecamente el derecho fundamental de seguridad jurídica, se destaca que su afectación no es en grado predominante ni materialmente definitiva, pues los efectos y consecuencias de la respuesta otorgada no han sido agotados de manera terminante e irreparable. https://criterios.tjagto.gob.mx/ 12 Novena Época. Registro: 174086. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 137/2006. Página: 365

En la sentencia emitida el día 29 veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dentro del proceso administrativo número *****, la Sala constató que el oficio emitido por el gerente de planeación y proyectos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato: (i) se encontraba infundado, carente de motivación e incongruente con lo peticionado, y (ii) no fue dictado por el funcionario a quien el actor remitió la petición (Presidente municipal de León, Guanajuato), ni por el Director General del organismo operador de agua de León, Guanajuato -autoridad a la que el Presidente municipal turnó la petición-.

Atento a lo anterior, se decretó la nulidad del oficio número *****, de fecha 8 ocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis, para efecto de que el Director General del SAPAL, se pronunciara sobre la petición formulada por el accionante el día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, de manera completa, exhaustiva, imparcial y congruente.

Sin embargo, con base en las irregularidades advertidas en el diverso proceso contencioso, el Magistrado determinó imprimir ciertos efectos a la declaratoria de nulidad y, concretamente, que:

1. Realizara una revisión completa del estudio de proyecto y ejecución de la obra pública prevista en el contrato *****, denominada Boulevard Delta primera etapa, porque dentro de dicho tramo se ubica en el Boulevard Timoteo Lozano número *****, colonia *****, un predio que el actor señala como de su propiedad;

2. Una vez efectuado lo anterior, emitiera una respuesta completa, exhaustiva, imparcial y congruente con lo peticionado por el actor, en la cual se resolviera si derivado de la obra 28

pública mencionada se generaron vicios ocultos en el drenaje del predio cuya propiedad ostenta el actor, que hayan ocasionado o puedan ocasionar en el futuro afectaciones a dicho inmueble y, en caso de resultar procedente, realice las gestiones necesarias para resolver esa problemática, determinando quienes son las autoridades competentes para realizar las gestiones que se consideren pertinentes.

2. Informara de dicha respuesta al Presidente Municipal de León, Guanajuato.

No obstante, aun cuando el Resolutor primigenio delimitó en cierta medida el grado de discrecionalidad de la autoridad administrativa para resolver la petición formulada por el particular, lo cierto es que éste no realizó el estudio del problema jurídico en cuestión, esto es, no se pronunció en torno a si existían o no vicios en el proyecto y ejecución de la obra pública prevista en el contrato *****; máxime que en la resolución emitida dentro del Recurso de Queja en el proceso administrativo número *****, se determinó que los argumentos del actor -idénticos a los esgrimidos en el escrito de demanda-:

«(…) no guardan relación con la litis ni con los términos de la sentencia, en este Los argumentos mencionados no guardan relación con la litis ni con los términos de la sentencia; en este sentido atendiendo a los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, este juzgador solo puede pronunciarse respecto de las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia del proceso administrativo, de conformidad con los puntos controvertidos previamente fijados y atendiendo a las reglas del debido proceso, por lo cual dada la naturaleza del litigio relativo a la indebida motivación y fundamentación de la respuesta recaída a una petición, la sentencia se debe constreñir a que la autoridad demandada emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada. 29

Énfasis añadido.

De modo que, en la sentencia primigenia se otorgó «libertad de jurisdicción» a la autoridad demandada para resolver de manera fundada y motivada lo peticionado por el accionante -una vez efectuada la revisión correspondiente-; y, por tanto, quien resuelve concluye que es legalmente válido el examen y análisis de los conceptos de impugnación expuestos por el justiciable en la causa de conocimiento. Sustenta lo anterior, por tratarse de una cuestión análoga o similar al caso, lo establecido en la jurisprudencia siguiente:

«AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS. No constituye un motivo manifiesto de improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de amparo directo que el acto reclamado haya sido dictado en cumplimiento de una ejecutoria emitida en un diverso juicio de garantías, en la cual se otorgó la protección constitucional solicitada para determinados efectos, pues en el caso resulta necesario no sólo recurrir al estudio de la demanda y sus anexos, sino también realizar un examen exhaustivo para precisar los siguientes elementos: a) Los efectos para los que se otorgó el amparo en la sentencia de garantías; b) La sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio, dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo de mérito; y, c) Los conceptos de violación; en tanto que resulta procedente un nuevo juicio de amparo directo respecto de los puntos objeto de la litis del juicio natural que motivaron la concesión constitucional para que se resuelva con libertad de jurisdicción, esto es, por tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable, por 30

lo que, en su caso, debe realizarse el estudio de fondo sobre esos puntos litigiosos.»13

Subrayado propio. Además, se puntualiza que la resolución controvertida en el presente proceso constituye una nueva decisión de la autoridad y, consecuentemente, la misma contiene nuevos motivos y fundamentos que resuelven la petición formulada por el accionante, por lo que -contrario a lo que sostiene la autoridad encausada en su contestación-, la materia del presente proceso no resulta agotada con lo fallado en el diverso expediente *****.

En todo caso, se clarifica que los conceptos de impugnación que esgrima el accionante tendientes a controvertir lo expresamente fallado tanto en la sentencia de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, como en la resolución del Recurso de Queja de fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, resultarían inoperantes por inatendibles, al no conformar éstos materia del nuevo proceso en cuestión y considerando el carácter de inatacable de la cosa juzgada que reviste lo resuelto en el proceso administrativo del cual deriva el ahora acto impugnado.

Sustenta lo anterior, por analogía o símil al caso en concreto, lo estipulado en la jurisprudencia intitulada: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA

13 Novena Época Registro: 174943 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Junio de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 83/2006 Página: 210 31

CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, Y/O A LAS OMISIONES DEL PRIMER FALLO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.T. J/5 (10a.) Y DE LA TESIS II.1o.T.6 K (10a.)]. »14 Por tanto, se desestiman las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada en su ocurso de contestación, en términos de lo expuesto en líneas anteriores.

Agotado lo anterior, y al no advertirse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento que impida el análisis de fondo de la presente causa administrativa, quien resuelve determina no decretar el sobreseimiento del presente proceso administrativo, ya que en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis normativas previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTO. Argumentos de las partes. No se transcribirán los conceptos de impugnación expuestos por la impetrante, ni aquellos esgrimidos por la autoridad encausada tendientes a controvertir su eficacia.

14 Décima Época Registro: 2015559 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.1o.T. J/7 (10a.) Página: 1789 32

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN».15

SEXTO. Estudio de los conceptos de impugnación. De manera previa a realizar el análisis del fondo de la controversia de conocimiento, es necesario contextualizar la génesis de la resolución impugnada, así como los actos relevantes que intervinieron en la emisión de la misma; ello, con el propósito de establecer correctamente el punto de litigio.

1. En su petición de fecha 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, el accionante expuso que:

▪ es propietario del bien inmueble ubicado en ***** de León, Guanajuato;

▪ su propiedad se vio afectada por inundaciones derivadas de lluvias torrenciales que sufrió la ciudad, pues con la ejecución de la obra contemplada en el contrato número *****, esto es, la construcción del Boulevard Timoteo Lozano:

(i) se cambiaron todos los drenajes de su predio, otros ni siquiera están conectados y, aún más, otros están tapados; (ii) se conectaron más drenajes pluviales al arroyo sin preverse la realización más ancha del arroyo donde pasa el puente de la vía de ferrocarril, lo cual provoca que salga agua de las rejillas pluviales;

15 Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a. /J.58/2010, Página: 830. 33

(iii) las dos rejillas pluviales que fueron colocadas y conectadas al canal16, no funcionan (es decir, no vierten el agua excedente al drenaje sanitario en caso de que suba el nivel del arroyo) y, además, no están conectadas al drenaje profundo, por lo que cuando sube el nivel del arroyo, por dichas rejillas sale líquido que escurre, invade e inunda el predio propiedad del actor; y (iv) los drenajes pluviales laterales no están conectados como antes, esto es, se contaba con 2 dos tubos de 12 doce pulgadas a cada lado y conectados al drenaje profundo, y a causa de ello, los drenajes pluviales han estado tapados.

▪ las irregularidades antes referidas han sido expuestas ante SAPAL, sin obtener una respuesta congruente e idónea para solventar dicha problemática; y

▪ está preocupado por el riesgo que implican los torrenciales de gran magnitud que ocurran el año próximo y, con ello, las inundaciones que puedan generarse sobre su propiedad, así como por los daños materiales que pueda sufrir su arrendatario, los cuales le reclamaría su pago vía consecuencia.

Con base en las anteriores manifestaciones, el particular solicitó a la autoridad que: (i) procediera a revisar la ejecución de la obra Boulevard Timoteo Lozano en el tramo que comprende y abarca su propiedad; y (ii) ordenara realizar las gestiones correspondientes para la reparación de los vicios ocultos existentes en el drenaje sanitario y pluvial que afectan su propiedad.

16 Señala el accionante que, son aquellas referidas en la minuta de campo de fecha 22 veintidós de octubre de 2014 dos mil catorce y, en específico, en la primera hoja de los acuerdos en el acceso 2 dos. 34

2. En respuesta, el Director del Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, emitió la resolución consignada en los oficios sin número emitidos los días 11 once de mayo y 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, en los cuales determinó de manera «completa, imparcial, exhaustiva y congruente» que: (i) Fue realizado un «estudio hidrológico» a la infraestructura hidráulica alojada en el Boulevard Timoteo Lozano -canal pluvial-, y del cual se generó la propuesta de mejora que fue entregada al justiciable mediante oficio número ***** fechado el día 11 once de diciembre de 2015 dos mil quince, enfocado particularmente a atender el desahogo de las aguas pluviales en la zona donde se ubica la bodega propiedad del actor;

(ii) No existen vicios ocultos en el drenaje sanitario del predio; agregando que: 1. con las obras de urbanización fue corregida la indebida conexión de las descargas pluviales al alcantarillado sanitario, sin que se encuentren éstas conectadas a colector alguno; 2. la atarjea antes conectada a las descargas pluviales, así como la red sanitaria trabajan de manera correcta sin presentar vicios ocultos; 3. la atarjea de alcantarillado sanitario opera normalmente y su limpieza y desazolve se contempla en el programa de mantenimiento de SAPAL; y 4. para resolver el problema pluvial que se suscita en la propiedad del actor, se requiere conectar las dos descargas pluviales al colector pluvial auxiliar del proyecto plasmado en la propuesta de mejora, a costa del interesado.

(iii) El organismo operador municipal de agua es la autoridad competente para ejecutar programas y actividades encaminadas a la reparación y mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial propiedad del SAPAL, así como efectuar revisiones permanentes de funcionamiento a la red de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, con el propósito de detectar las zonas de alto riesgo y proponer las medidas de seguridad; no obstante, toda vez que la ejecución de la propuesta de mejoramiento de la infraestructura hidráulica del canal pluvial ***** y 35

*****, de León, Gto, pretende solventar una situación específica del inmueble del accionante -interés particular-, y no el beneficio a una necesidad colectiva, la ejecución debe ser costeada por el beneficiario, no correspondiendo a la autoridad alguna su pago.

2.1. Para sustentar su respuesta, el Director demandado hizo referencia en su decisión que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, llevó a cabo la revisión solicitada a través del dictamen denominado: «ESTUDIO HIDROLOGICO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL CANAL PLUVIAL TIMOTEO LOZANO Y CRUCE CON ESPUELA DEL FFCC CD. DE LEÓN, GTO»17.

Documento que tuvo como objeto revisar el canal pluvial ubicado en la intersección del Boulevard Timoteo Lozano con el Boulevard Delta, en la zona oriente de la ciudad de León, Guanajuato, y el cual se desarrolla sobre el camellón central del Boulevard Timoteo Lozano hasta su descarga en el cauce del Río de los Gómez.

En el mencionado estudio, se narran como antecedentes del asunto, que:

«La zona Oriente de la ciudad de León, Guanajuato, desaloja el agua pluvial mediante un canal en concreto armado que se localiza en el camellón Blvd. Timoteo Lozano. El canal pluvial inicia en la intersección del Blvd. Timoteo Lozano con el Blvd. Delta y se desarrolla sobre el camellón

17 Dictamen que la autoridad señala le fue notificado al particular mediante oficio número *****fechado el día 11 once de diciembre de 2015 dos mil quince, y sin que el actor hubiere controvertido u objetado la veracidad de dicha notificación. 36

central del mencionado Blvd. hasta su descarga en el cauce del Río de los Gómez.

En su desarrollo el canal pluvial presenta sección rectangular en algunos tramos y sección trapecial en algunos otros. Se encuentra revestido en su totalidad en concreto armado. A la altura del Fraccionamiento Bosques Reales con frente hacia Blvd. Timoteo Lozano se localiza una bodega en un predio de aproximadamente 1 Ha la cual cuenta con una espuela conectada a la vía principal del ferrocarril México Ciudad Juárez.

Cuando se construye el canal el propietario de la vía particular solicita que se respete por si en algún futuro se requiere para el uso de alguna empresa que requiera el servicio. Se respeta entonces el puente ferroviario que existía en el cruce con el canal y solo se revisten las paredes formando una sección rectangular. Aguas arriba y aguas abajo del cruce se tiene una sección trapecial formando en ambos lados una transición de sección trapecial a rectangular y viceversa.(…)»

Subrayado añadido.

Luego, de la revisión efectuada a la infraestructura donde se encuentra el predio del accionante -empresa *****-, se observó que:

(i) Existen una serie de rejillas sobre la banqueta norte en el frente de la empresa, obrando anexas en el documento cuatro imágenes fotográficas;

(ii) A un lado de las rejillas, existe una costalera de arena para retener el agua y encauzarla a la rejilla lo que hace suponer que de una cantidad importante de agua escurre por la vialidad o bien que la descarga de agua de las rejillas no es adecuada;

(iii) Los terrenos de la planta en la situación crítica se encuentran hasta 1 un metro por debajo del nivel del pavimento, obrando anexas en el documento dos imágenes fotográficas.

(iv) De los registros e inventario físico en las instalaciones de la empresa, la red de drenaje sanitario descarga a la red de atarjeas de 25 cm veinticinco centímetros de diámetro y esta al colector existente de 91 cm noventa y uno centímetros de diámetro; de la inspección a los registros no se observa problema alguno; y de igual manera, los encargados de la planta informan que no tienen problema con el drenaje sanitario.

(v) De la inspección a la red de drenaje pluvial en los registro finales (pues no se proporcionó información de la red de bajadas pluviales al no tenerlo en el momento), las descargas pluviales se conectan directamente al canal mediante tuberías de PVC de 250 mm doscientos cincuenta milímetros de diámetro.

 La descarga número uno se tiene a 0.14 m del fondo del canal.  La descarga número dos se tiene en un pozo de visita sobre la tubería de 61 cm de diámetro que se instaló para mejorar el área hidráulica del canal, y éste descarga a nivel de plantilla del canal.  La descarga número tres se tiene a 0.0.46 m del fondo del canal.  La descarga número cuatro se tiene a 0.0.40 m del fondo del canal.

Con base en lo expuesto con anterioridad18, la autoridad concluyó que: (i) las descargas pluviales con que cuenta el actor, además de captar el agua de las bajadas pluviales de la nave, también toman el agua pluvial que escurre sobre el Boulevard Timoteo Lozano en el frente de la nave; y (ii) el tirante de agua en el canal impide una descarga adecuada limitando en gran medida la capacidad de desalojo de las tuberías; igualmente, la autoridad dictaminadora agregó que:

18 En particular, con los datos de los niveles de descargas listados en la revisión y con el comportamiento del canal pluvial. 38

«Si bien la cantidad de rejillas instaladas es suficiente para el agua pluvial generada, el sistema de trabajo de la red pluvial no es el adecuado lo cual genera que el agua se acumule en las rejillas sin desalojarse y la necesidad de colocar las costaleras existentes para represar el agua»

Particularmente, en el último apartado del dictamen de revisión la autoridad administrativa concluyó que la infraestructura pluvial de rejillas en la zona del cruce con la espuela del ferrocarril es adecuada pero la red de tuberías es la que no presenta un trabajo adecuado por las condiciones de descarga que se tiene hacia el canal pluvial.

Atento a lo anterior, la autoridad propuso como solución o mejora: 1. Conservar el sistema de rejillas actuales; 2. Cancelar las descargas actuales al canal pluvial; y 3. Construir un colector pluvial el cual se lleva en el frente de la nave y que inicia en la tubería de la primera descarga (el colector se llevará sobre la zona de la banqueta).

Añadiendo la autoridad al respecto, que:

«Con dicho colector pluvial se captará el agua de la totalidad de las descargas de la nave y se lleva a un solo punto de descarga en el canal pluvial 0.56 m sobre el fondo del canal con una tubería de 450 mm de diámetro a 65 m de la última descarga. Si bien el colector no presenta la descarga más eficiente en la situación de que el canal pluvial se encuentre lleno no es posible mejorar la altura de la descarga por ser obligado el inicio para captar el agua de la nave. Sin embargo el desarrollo y el diámetro colector permiten que se forme un régimen de conducción y por la posición de los gradientes hidráulicos se logrará la descarga. Es conveniente aclarar que en un evento extraordinario el trabajo del colector se verá afectado y sólo trabajara de manera eficiente al 100% una vez que se ejecute la obra de derivación del canal pluvial en el Blvd. Cervantes Saavedra. La inversión de la obra del colector es de $*****+IVA para un total de $*****. La inversión de la obra para el muro de protección del canal es de $*****+ÍVA para un total de $*****»(sic)

Lo subrayado es propio. 39

Precisado lo anterior, es de mencionarse que en contra de la decisión emitida por la autoridad demandada, el accionante hace valer en el único concepto de impugnación vertido en su demanda, la indebida motivación de la resolución impugnada19, pues asevera que, contrario a lo resuelto por el Director demandado:

(i) sí existen vicios ocultos en la obra pública consistente en canal pluvial *****, pues:

▪ Se drena materia fecal y orina en el señalado canal pluvial, con lo cual considera que la obra fue mal ejecutada; ▪ Las autoridades desconectaron las cargas pluviales del drenaje profundo, sin darles cause, conexión o tratamiento adecuado a efecto de que no se fueran a inundar las calles y el predio de su propiedad; ▪ Ocurren inundaciones año con año en la zona; ▪ Existe mala planeación y construcción, así como nula limpieza y esporádico mantenimiento al canal *****; ▪ Existe un error en la aprobación del proyecto, así como la incorrecta planeación de la obra; ▪ SAPAL no observó las normas que rigen su actuar, así como lo dispuesto en los numerales 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; ▪ La obra pública no fue revisada de manera técnica y correcta por el comité de Obras Públicas, en términos de lo previsto por los numeral 81, fracción VI, del Reglamento municipal del Sistema Operador de Agua; y ▪ SAPAL y el Director General fueron omisos en atender lo dispuesto en los ordinales 119, 120 y 121 del citado Reglamento.

19 Derivado de examinar de manera exhaustiva, integral y acuciosa todos los argumentos vertidos en el escrito de demanda, así como atendiendo a la «causa de pedir» del accionante. Con sustento en la jurisprudencia cuyo rubro reza: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.» Novena Época Registro: 195518 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Septiembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 63/98 Página: 323 40

Por tanto, sostiene que se configura la responsabilidad patrimonial de la autoridad demandada, al existir actividad administrativa irregular en la ejecución de la obra pública en cita; y

(ii) la ejecución de la propuesta de mejoramiento no atiende a un interés particular, sino que beneficiaría a la colectividad, ya que el canal ***** requiere atención inmediata porque se inunda o se desborda no sólo en su predio, sino en toda el área; igualmente, el actor agrega que, si bien la ejecución de la propuesta beneficiaría al actor, su inejecución perjudicaría a la colectividad.

Por lo cual, el impetrante acota que «con el fin de evitar contingencias anuales, la autoridad debe actuar y ejecutar el plan de mejora en el presente», sin que se le traslade injustificadamente el cobro del mismo.

Al respecto, la autoridad sostiene en el punto correlativo de su ocurso de contestación que los conceptos de impugnación son ineficaces pues se encuentran encaminados únicamente a sustentar aseveraciones subjetivas respecto de la infraestructura hidráulica existente en la zona, sin precisar de manera clara y concisa la ilegalidad que arguye en sus afirmaciones, considerando que pretende atribuirle situaciones supuestamente de irregularidad sin llegar a conclusiones específicas de la infraestructura hidráulica a la que hace mención en su demanda.

Además, agrega que los conceptos de impugnación no se encuentran orientados a debatir la legalidad de los oficios impugnados, por lo cual se actualiza la imposibilidad técnica para el estudio de los mismos por parte de la Sala, al representar su disenso aseveraciones subjetivas de eventos que fueron materia de un proceso administrativo cuya sentencia ejecutoriada se tuvo por debidamente cumplida. 41

Una vez observado lo anterior, de conformidad con el artículo 299, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se precisa que la litis en la causa de conocimiento estriba en determinar si la decisión asumida en los oficios sin número emitidos los días 11 once de mayo y 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho20, se encuentra o no debidamente motivada.

Ahora bien, una vez realizado el análisis a la determinación controvertida en la presente causa, así como a las constancias que integran los autos, quien resuelve concluye que resulta infundado el único concepto de impugnación esgrimido por el actor y, por tanto, insuficiente para desvirtuar la presunción de legalidad y validez que reviste la resolución impugnada, con base en las siguientes consideraciones:

El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como imperativo a toda autoridad, en su respectivo ámbito de competencia, la obligación de fundar y motivar la causa legal de sus actos, ello en respeto a las garantías constitucionales de seguridad y certeza jurídica consagradas en favor de los gobernados.

Garantía que a su vez se encuentra consagrada en el artículo 137, fracciones VI y IX, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al

20 Emitida en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Procedimiento Administrativo número 685/3ªSala/16, por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, y recaída en respuesta a la petición formulada por el accionante el día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis. 42

estipular como elementos de validez del acto administrativo, el encontrarse debidamente motivado y que este sea expedido de manera congruente con lo solicitado, resolviendo expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por las disposiciones jurídicas.

Luego, para considerar un acto administrativo por correctamente fundado y motivado, es necesario que éste cumpla con los siguientes elementos: a) Preceptos legales aplicables; b) Relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y de modo; y c) Argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley tienen aplicación al caso concreto, es decir, la subsunción racional del caso fáctico a la hipótesis normativa.

Al efecto, resulta oportuno hacer cita de la siguiente jurisprudencia:

normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.» 21

Lo resaltado es propio.

En tal sentido, por motivación debe entenderse la expresión pormenorizada de las circunstancias, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de la resolución y a través de las cuales se explique al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificar dicha decisión autoritaria, le permitan su defensa para el caso de que resulte irregular.

Entonces, cuando hay violación a la garantía de motivación, ésta podrá ocurrir de dos maneras: (i) Formal, cuando existe omisión total e incongruencia del argumento explicativo, así como ante su notoria insuficiencia, ocasionando con ello que el destinatario no pueda conocer la esencia de las razones en que tuvo apoyo la emisión del acto autoritario, y por consiguiente, imposibilitando a éste cuestionar dicha decisión y defenderse adecuadamente; y (ii) Material, cuando la explicación o razones dadas son incorrectas o indebidas, pero dan noticia de las razones de manera tal, que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido.

Tal criterio se advierte de la siguiente tesis jurisprudencial:

21 Octava Época, Registro: 164618, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 64, Abril de 1993, Tesis: VI.2o. /J.248, Página: 43. 44

«FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el «para qué» de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.»22

Énfasis añadido.

22 Novena Época; Registro: 175082; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Común; Tesis: I.4o.A. J/43; Página: 1531. 45

I. Por lo que refiere a la existencia de vicios ocultos.

En primer lugar, el accionante aduce tanto en su demanda como en la petición formulada a la autoridad en fecha 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, que es el propietario de un predio ubicado en ***** número *****, colonia ***** de León, Guanajuato.

Hecho que, a consideración de quien resuelve, se encuentra debidamente acreditado en autos mediante la documental exhibida en su demanda consistente en copia certificada de la escritura pública número *****, de fecha 15 quince de marzo de 2002 dos mil doce, otorgada ante la fe del Licenciado *****, Notario Público número 30 de León, Guanajuato; ello, en términos de lo previsto por los ordinales 78, 117, 121 y 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ahora bien, como ya fue manifestado con antelación, el accionante afirma en su demanda que, contrario a la apreciación de los hechos que asume la autoridad encausada en la resolución impugnada, sí existen vicios ocultos en la construcción de la obra pública denominada Boulevard *****, los cuales señala en su petición que son la causa de que su propiedad se haya visto afectada por las inundaciones derivadas de lluvias torrenciales que sufrió la ciudad; siendo entonces 46

precisamente dicha parte quien tenía asignado el débito de demostrar la veracidad de tal afirmación.

Ello, pues atendiendo a las reglas de la distribución de la carga probatoria previstas por el numeral 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, quien niega sólo le corresponde probar, cuando 1) la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 2) se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante; y 3) se desconozca la capacidad; de lo cual, en una interpretación en sentido contrario, quien afirma un hecho tiene la carga de probar el mismo.

Luego, para acreditar su aseveración y, en especial, «(…) para dar cuenta de todas las irregularidades que envuelven la obra pública combatida», el accionante exhibió y ofreció en su demanda los elementos convictivos que en líneas ulteriores se describen.

(i) En primer término, el actor ofertó la prueba pericial en materia hidrológica y de construcción, misma que fue solamente desahogada por el perito que la autoridad demandada designó23, quien dictaminó que:

1. En el camellón central del Boulevard Timoteo Lozano se ubica un canal pluvial y no un río; dicho canal fue construido por el Municipio de León en diferentes etapas e inicia en el cauce del río de los Gómez y termina en la intersección del Boulevard Timoteo Lozano y Boulevard Delta. El citado canal capta las aguas pluviales que se generan en las colonias ubicadas al norte del Boulevard Timoteo Lozano y que

23 Toda vez que mediante acuerdo de 11 once de abril de 2019 dos mil diecinueve, y notificado el 23 veintitrés del mismo mes y año, se requirió a la parte actora para que en el término de 3 tres días presentara a su perito con el fin de que acreditara que reunía los requisitos correspondientes, aceptara el cargo y protestara su legal desempeño; sin que el actor hubiera dado cumplimiento al requerimiento que le fe formulado. 47

escurren sobre las vialidades y algunos colectores entubados que se ubican en la zona.

2. El canal corresponde a un dren pluvial y no a un cauce natural (río o arroyo) por lo que es un bien del Municipio de León por encontrarse en la vía pública. El dren pluvial opera solo durante la época de lluvias por lo que se clasifica con una corriente intermitente.

3. El canal fue proyectado en el ejercicio de 1998 mil novecientos noventa y ocho bajo una serie de condiciones urbanas. Posteriormente el canal fue construido en diferentes etapas. El acelerado desarrollo de la zona oriente de León, Guanajuato, ha modificado la aportación pluvial ocasionando que el señalado canal se llene y no permia la entrada del agua de lluvia la cual se concentra en el Boulevard Timoteo Lozano, el cual almacena agua de lluvia en el tramo de Boulevard Delta al Boulevard Cervantes Saavedra, y el encharcamientos se elimina una vez que el canal Timoteo Lozano permite el ingreso de agua. Para disminuir dicha problemática, SAPAL incorporó al canal pluvial dos excedencias. La primera al canal San Juan de Abajo a la altura del Boulevard Delta y la segunda hacia el canal la Providencia a la altura del Boulevard San Pedro. Para el tramo del Boulevard Cervantes Saavedra y Francisco Villa se identifica un cruce con el canal de una espuela de ferrocarril, la cual reduce considerablemente el área hidráulica lo que hace que el agua se represe aguas arriba y llene el canal. El tirante en el canal no permite la descarga de las rejillas por lo que el agua escurre sobre el Boulevard Timoteo Lozano hacia el Boulevard Francisco Villa.

Asimismo, el perito concluyó que la capacidad de conducción del agua pluvial del canal existente y la de los dos cuerpos del Boulevard Timoteo Lozano en el tramo del Boulevard Cervantes Saavedra al Boulevard Francisco Villa puede eliminar el agua pero si alguno de los predios vecinos tiene el acceso por debajo del nivel del pavimento deberá tomar precauciones adicionales para evitar que el agua ingrese a los predios.

4. La estructura de acero de la espuela del ferrocarril reduce en gran medida el área hidráulica y, por consecuencia, la capacidad de conducción del canal. Esta situación ocasiona que más agua pluvial se conduzca y almacene sobre el pavimento del Boulevard Timoteo Lozano.

5. De la información documental consultada en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, se identifica a la Dirección de Obra Pública del Municipio 48

de León quien realizó el proyecto del canal pluvial en el tramo del Boulevard en el tramo del Boulevard Francisco Villa al Boulevard Delta en los ejercicios 1998 mil novecientos ochenta y ocho y 1999 mil novecientos ochenta y ocho. Dicho proyecto contempla el desalojo del agua pluvial de la vialidad Boulevard Timoteo Lozano y área de influencia la cual en aquella época presentaba un desarrollo urbano muy bajo respecto al actual. El proyecto del revestimiento del canal respetó las condiciones que guardaba el cruce de la espuela del ferrocarril con el canal existente en tierra en ese momento. En la memoria descriptiva del proyecto del canal no se indica comentario al respecto de la espuela. En el aludido proyecto, la modificación del canal existente estrictamente corresponde a alinearlo dentro del camellón central del Boulevard Timoteo Lozano y a su revestimiento con concreto hidráulico en secciones rectangular y trapecial.

6. Las obras principales en la zona que abonaran al desalojo del agua pluvial se listan a continuación: (i) Ampliación de la alcantarilla sobre la vía del ferrocarril hacia San Juan de Abajo para una capacidad de desalojo de 35 m3/s. (ii) Revestimiento del cauce del Río de los Gómez en el tramo del arroyo la Liebres al puente del Boulevard Hermanos Aldama. (iii) Canal pluvial Timoteo Lozano Sur el cual inicia en la alcantarilla a San Juan de Abajo y se desarrolla paralelo a la vía del ferrocarril, el camino a la Providencia, servidumbre de paso paralela a la línea de CFRE, Boulevard Cervantes Saavedra y la descarga al río de los Gómez. (iv). Canal pluvial San Juan de Abajo.

7. En el anexo fotográfico puede verse la sección del canal en el cruce con el Boulevard Cervantes Saavedra y la sección en el cruce del canal con la espuela del ferrocarril. La reducción en la sección hidráulica es el orden del 30% y sumado a lo limitado de las longitudes de las transiciones de entrada y salida, puede concluirse que la capacidad de desalojo del canal se desaprovecha de manera importante por la estructura de acero. Se requiere entonces el retiro de la estructura y la formación de la sección del canal para que las descargas operen de forma más eficiente.

8. La obra pluvial existente en el camellón central del Boulevard Timoteo Lozano no clasifica como río o arroyo y es un dren pluvial el cual opera sólo en la época de lluvias. La capacidad de conducción del agua pluvial del canal existente y la de los dos cuerpos del Boulevard Timoteo Lozano en el tramo del Boulevard Cervantes Saavedra al Boulevard Francisco Villa puede eliminar el agua pero si alguno de los 49

predios vecinos tiene el acceso por debajo del nivel del pavimento deberá tomar precauciones adicionales para evitar que el agua ingrese a sus predios.

Probanza que, en términos de lo previsto por los artículos 87, 89, 117 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, únicamente resulta apta para acreditar que:

▪ La capacidad de conducción del agua pluvial del canal ubicado en el Boulevard Timoteo Lozano es suficiente para poder eliminar el agua pluvial que sea capturada.

▪ La principal causa de que el agua pluvial se llegue conducir y almacenar sobre el pavimento del mencionado Boulevard, es precisamente con motivo de la estructura de acero de la espuela del ferrocarril24, pues ésta reduce en gran medida el área hidráulica y, por ende, la conducción del canal.

▪ Si alguno de los vecinos tiene el acceso por debajo del nivel del pavimento, deberá tomar precauciones adicionales para evitar que el agua ingrese a sus predios.

Lo anterior, destacando que en términos de lo establecido en el numeral 124 del citado código, la valoración del dictamen pericial en materia «hidráulica y de construcción» queda a la libre apreciación de este Juzgador, y máxime que el perito señala que basó sus aportes técnicos y conclusiones en la información documental consultada en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, la memoria

24 Misma que, conforme a lo asentado en el dictamen que contiene la revisión efectuada por SAPAL a la infraestructura hidrológica alojada en el Boulevard Timoteo Lozano, su propietario (actor) solicitó se respetara el puente ferroviario que existía en el cruce del canal. 50

descriptiva del proyecto, así como en un informe fotográfico de la zona, integrado por 18 dieciocho fotografías del multicitado canal.

Ilustrativo de tal aserto, por analogía, resulta la tesis de rubro: «PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ASPECTOS QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS DICTÁMENES RELATIVOS (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)»25

Pese a lo anterior, es necesario puntualizar que derivado de lo plasmado en el dictamen pericial ofrecido por el actor y desahogado únicamente con el perito designado por la autoridad demandada, quien resuelve no aprecia que el dictamen pericial sea apto y suficiente para evidenciar las presuntas irregularidades o vicios ocultos que el justiciable asevera que ocurrieron con motivo de la ejecución de la obra pública denominada Boulevard Timoteo Lozano.

(ii) Por otra parte, el impetrante también exhibió 11 once fotografías insertas en el escrito inicial de demanda; la captura de pantalla de 7 siete publicaciones de difusión periodística en medios digitales; y 17 diecisiete publicaciones de periódicos correspondientes al día 11 once de septiembre de 2018 dos mil dieciocho.

25 Tesis: I.1o.A.E.148 A (10a.), Décima Época Registro: 2011749 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV Materia(s): Administrativa Página: 2837. 51

Probanzas que fueron objetadas de manera oportuna por la autoridad demandada, quien asevera que las mismas no guardan relación con la litis planteada y que, de las mismas no se desprende persona alguna a quien atribuirle las afirmaciones señaladas en cada una de las notas y, por tanto, sostiene que éstas carecen de toda idoneidad para acreditar los hechos que pretende demostrar.

Luego, tras realizar un examen y análisis conjunto de su contenido, quien resuelve considera que las pruebas en cita únicamente tienen alcance demostrativo26 para acreditar la existencia de una problemática que se suscita de manera eventual y, especialmente, acontecida el día 10 diez de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, en la zona sur y oriente de la ciudad de León, Guanajuato, consistente en el escurrimiento y acumulación importante de agua (inundación) en diversas vialidades, así como de casas y comercios, con motivo de las «fuertes» lluvias que acontecieron en el municipio de León, Guanajuato.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto por los ordinales 55, 117, 124 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en lo establecido por la jurisprudencia siguiente, por tratarse de una situación análoga o símil al caso concreto:

26 Ilustra sobre la idoneidad probatoria, la tesis cuyo rubro reza: «PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR.» Novena Época Registro: 170209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.671 C Página: 2371 52

«NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.»

Énfasis añadido.

No obstante, este Juzgador estima que la objeción planteada por la autoridad resulta «eficaz», al evidenciarse que las manifestaciones y declaraciones vertidas en los distintos reportajes y notas periodísticas, así como las fotografías exhibidas por el actor en su demanda, no son elementos conducentes ni idóneos para demostrar técnica y científicamente que las inundaciones ocurridas sean consecuencia directa de la existencia de algún vicio oculto o irregularidad derivada de la construcción y ejecución de la obra pública denominada Boulevard Timoteo Lozano.

Esclarece el anterior aserto, por analogía o símil, la tesis siguiente:

«PRUEBA NO IDONEA. CONCEPTO. Procesalmente, debe estimarse no idóneo a un medio de prueba, cuando no sea apto para justificar el hecho de que se trate, porque la ley exija otro, o cuando por razón lógica o natural el hecho sea demostrable exclusivamente a través de un medio particular, distinto del ofrecido.»27

El anterior pronunciamiento es en sintonía con lo resuelto por el Magistrado en la resolución recaída al Recurso de Queja suscitado dentro del expediente administrativo número ***** y que, en lo medular, señala:

«Cabe precisar además que la exhibición de fotografías o notas periodísticas exponen una problemática que existe en la zona del canal del Bulevar Timoteo Lozano, pero no son los medios de prueba idóneos para determinar si existen o no vicios ocultos en el drenaje derivados de una obra pública, si esos vicios son imputables a las autoridades demandadas o en su caso a otras autoridades diversas; tampoco permiten dilucidar si existe una actividad administrativa irregular que presente un nexo causal con un resultado dañoso que haya sufrido el actor, sin que esté obligado a soportarlo; y que de ese acto irregular se desprenda la obligación correlativa de reparar los daños causados a favor del actor.

Subrayado añadido.

En suma, se concluye que las pruebas ofrecidas por el actor en su demanda no resultan suficientes ni idóneas para generar convicción en este Juzgador de que sí existen irregularidades y vicios ocultos derivados de la ejecución de la obra

27 Séptima Época Registro: 247152 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 480 54

contemplada en el contrato número ***** (construcción del Boulevard Timoteo Lozano) y, por ende, tampoco se acredita que la autoridad demandada apreció erróneamente los hechos que dieron motivo a su actuación; de ahí lo infundado, en un primer momento, del concepto de impugnación en estudio.

Lo anterior, sin soslayar hacer mención de que el accionante no allegó en la secuela procesal algún elemento probatorio que fuera técnica y materialmente conducente para evidenciar de manera objetiva, real y concreta la afectación o el daño que ocurrió en su propiedad con motivo de las inundaciones acontecidas, según lo expresa en su escrito de petición.

II. Sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial.

En otro orden de ideas, y de manera independiente a que el actor no haya demostrado la existencia de vicios ocultos o irregularidades en la obra pública en cita, es de precisarse que tanto la actualización de la responsabilidad patrimonial de la autoridad demandada por una actividad administrativa irregular, como el reclamo de la pretensión del pago indemnizatorio correspondiente, resultan improcedentes.

Ello, pues además de la nulidad de la resolución impugnada, el accionante también pretende obtener una indemnización con motivo de la actividad administrativa irregular que atribuye a la autoridad demandada, sin observar la vía y las formalidades que el Órgano Legislativo del Estado ha dispuesto para tal fin.

En otras palabras, el hecho de que el accionante instrumentara su demanda conforme a lo previsto por los ordinales 255, 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esto es, en la forma y términos de un proceso administrativo, y no así conforme a la vía prevista en el numeral 21, tercer párrafo, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato, y siguiendo las formalidades preceptuadas en el numeral 23 de la citada ley28; obstaculiza legalmente a quien resuelve para conocer y dirimir sobre la actualización de la responsabilidad patrimonial que el justiciable atribuye a la autoridad demandada y, en su caso, a pronunciarse sobre la procedencia del reconocimiento al pago de la indemnización correspondiente.

Lo cual, de ninguna forma implica una transgresión al derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se destaca que el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial está supeditada al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal del gobernado de presentar su demanda en la vía correcta.

28 «Artículo 23.- La demanda de reclamación de indemnización deberá presentarse por escrito, debiendo contener lo siguiente: I.- La autoridad a la que se dirige; II.- El nombre, denominación o razón social del sujeto accionante y, en su caso, del representante legal, agregándose los documentos que acrediten su personalidad, así como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos; III.- El domicilio para recibir notificaciones, ubicado en la sede de la autoridad del sujeto obligado; IV.- La petición que se formula, agregando un cálculo estimado del daño generado; V.- La descripción de los hechos y razones en los que se apoye la petición; VI.- La relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular del sujeto obligado; y VII.- Las pruebas documentales que acrediten los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exija, así como el ofrecimiento de las demás que estime pertinentes. Toda demanda de reclamación deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el solicitante no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego.» 56

Sustenta lo anterior, en lo conducente y por analogía, lo establecido en la jurisprudencia intitulada: «PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.»29

III. En relación con la actualización del interés colectivo.

Por otra parte, en lo que respecta a la expresión del actor consistente en que resulta injustificado que la autoridad le pretenda trasladar el costo de la propuesta de mejora formulada por SAPAL, ya que -contrario a lo resuelto por la autoridad-, su ejecución sí beneficiaría a la colectividad, se estima que tal disenso resulta infundado e inoperante.

Ello, pues el actor, por un lado niega el hecho de que la propuesta formulada por SAPAL atienda a un interés particular y, por otro, afirma que la misma beneficiaría a la colectividad.

De ese modo, atendiendo a las reglas de la distribución de la carga probatoria previstas por el numeral 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y toda vez que la manifestación del accionante implica una «negativa calificada», esto es, una negación que encierra una afirmación30, es precisamente el justiciable a quien le fue asignada la carga procesal

29 Novena Época Registro: 178665 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2005 Página: 576 30 Ilustra tal aserto, lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente: «NEGATIVA, PRUEBA DE LA. Cuando una negación envuelve la afirmación de un hecho, quien la hace, está obligado a probar su afirmación.» Quinta Época Registro: 321587 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XC Materia(s): Común Tesis: Página: 1925 57

de acreditar que efectivamente la ejecución de la propuesta de mejora atiende al beneficio colectivo y no sólo a su interés particular.

Para demostrar tal aserto, exhibe como anexo a su demanda la documental consistente en listado de colonos respecto de los cuales obra nombre, domicilio y firma autógrafa de 50 cincuenta personas, y en el cual obra impreso sello de «Comité de colonos, COL. BOSQUES REALES SECTOR SUR, DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA» de León, Guanajuato.

Agregando el actor al respecto que, las firmas recabadas corresponden a los vecinos de la Colonia Bosques Reales, quienes viven exactamente al lado de donde se ubica el inmueble de su propiedad y, con lo cual, asevera que: «(…) se pone en controversia el dicho de la autoridad, quien sostiene con ligereza que en caso de ejecutar la obras, las mismas solo beneficiarían al particular».

No obstante, en términos de lo previsto por los ordinales 117, 124 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el listado de colonos ofrecido por el actor únicamente tiene eficacia demostrativa para reflejar la sola emisión del documento de carácter privado, así como su suscripción por todas las personas que aparecen señaladas en el mismo.

Sin embargo, se recalca que dicho instrumento carece de idoneidad31 para demostrar de manera fehaciente que los colonos signatarios del

31 Esclarece tal pronunciamiento, por analogía, lo establecido en la tesis cuyo rubro reza: «PRUEBAS IDONEAS. SU CONCEPTO.» Octava Época Registro: 227289 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 421 58

documento tengan verdaderamente su residencia en los domicilios indicados en el listado en guisa32, que sean vecinos del inmueble propiedad del actor y, mucho menos, que se actualice un beneficio colectivo con motivo de la ejecución de la propuesta de mejora derivado del dictamen de revisión efectuado por SAPAL,

Hecha la precisión anterior, y tomando en cuenta que el accionante omitió exhibir en el presente proceso algún otro elemento probatorio técnicamente apto y conducente para demostrar que la concreción de la propuesta de mejora no le beneficiaría únicamente a éste, sino a la colectividad en sí; se concluye que el actor no colmó debidamente la carga probatoria que le fue asignada en el proceso.

Ahora bien, se destaca que en la resolución impugnada, el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, resolvió que tras ser revisada la infraestructura hidráulica, SAPAL no detectó alguna irregularidad o vicio oculto y, consecuentemente, asumió que resultaba innecesario ordenar alguna gestión de reparación. Aun así, la autoridad encausada decidió atender lo expuesto por el justiciable en su petición y, por tal motivo, formuló una propuesta de mejora para solventar la problemática del actor únicamente por lo que refiere al tramo que comprende su propiedad (cruce canal pluvial Timoteo Lozano con espuela del ferrocarril), y sin que la misma tuviera como objeto abarcar la totalidad del citado canal pluvial.

32 Esclarece tal aserto, por similitud en el caso, la tesis intitulada: «DOMICILIO. PRUEBAS IDONEAS PARA ACREDITAR EL.» Novena Época Registro: 203771 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Noviembre de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XVII.2o.4 C Página: 528 59

Lo anterior, permite a este Juzgador constatar que la multicitada propuesta de mejora no fue realizada atendiendo a una gestión que pretenda un beneficio colectivo, sino que su formulación derivó precisamente de la instancia presentada por el accionante ante la autoridad demandada, en la cual se solicitaba la revisión, así como la pronta solución a la problemática existente en el tramo ubicado sobre el Boulevard *****, número *****, colonia *****.

De ahí que, en un segundo y último momento, el concepto de impugnación en estudio resulte definitivamente infundado.

IV. Conclusión.

Con base en lo anterior, se considera que la razón le asiste a la autoridad demandada en la causa de conocimiento, al señalar que el concepto de impugnación aducido por el actor es ineficaz, pues al no haber acreditado sus disertaciones, éstas sólo representan aseveraciones subjetivas respecto de la infraestructura hidráulica existente en la zona.

Luego, al quedar acreditada alguna de las hipótesis de nulidad previstas por el artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es inconcuso que el accionante no desvirtuó la presunción de legalidad y validez que reviste la resolución impugnada, en términos de lo previsto por el ordinal 47 del citado código, mismo que dispone:

En suma, ante lo infundado del único concepto de impugnación esgrimido por el actor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 300, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, se reconoce la legalidad y validez de la resolución contenida en los oficios sin número, emitidos los días 11 once de mayo y 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, y recaída en respuesta a la petición formulada por el accionante el día 19 diecinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis.

Finalmente, dado que el acto impugnado fue emitido con apego a legalidad y constatado que no fue conculcado derecho alguno en perjuicio del actor, no ha lugar a reconocer el derecho solicitado por el accionante, ni a imponer a la autoridad demanda condena alguna.

Ilustra al efecto, el criterio sustentado en la tesis aislada cuyo rubro reza: «FACULTAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR PARA OBTENER SU RESTITUCIÓN O LA DEVOLUCIÓN DE UNA CANTIDAD. SU EJERCICIO PRESUPONE LA DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.»33

Con fundamento en los artículos 1, fracción II, 249, 255, 298, 299, y 300, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se:

33 Décima Época; Registro: 2013828; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV; Materia(s): Administrativa; Tesis: IV.2o.A.136 A (10a.); Página: 2707. 61

R E S U E L V E

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para tramitar y resolver el presente proceso contencioso administrativo.

SEGUNDO. Se sobresee en la presente causa administrativa, únicamente respecto de: (i) el oficio sin número emitido el 4 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato; y (ii) los oficios sin número emitidos los días 5 cinco y 27 veintisiete de junio de 2018, emitidos por los autorizados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato; todo ello, acorde a lo manifestado en el Considerando Tercero de la presente sentencia.

TERCERO. Se reconoce la legalidad y validez de la resolución impugnada, conforme a los razonamientos expuestos en el Considerando Sexto de este fallo.

CUARTO. No se reconoce el derecho solicitado por la parte actora y en consecuencia no se condena a la autoridad demandada, atento a lo determinado en el Considerando Sexto de la presente resolución.

Notifíquese a las partes, y en su oportunidad procesal archívese el presente expediente como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta Primera Sala.

Así lo proveyó y firma el Maestro Gerardo Arroyo Figueroa, Magistrado Propietario de la Primera Sala, actuando legalmente asistido de la Licenciada Ruth Esther Rodríguez García, Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.

Puedes descargar el documento 1432_1a_Sala_18_terminado.pdf haciendo clic en el botón de arriba.

Sentencia 1406 1a Sala 18

Sentencias

Descargar PDF

Silao de la Victoria, Guanajuato, a 09 nueve de abril de 2019 dos mil diecinueve.

A S U N T O

Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo con número de expediente 1406/1ªSala/18 promovido por *****, ha llegado el momento de resolver lo que en Derecho procede.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado mediante juicio en línea en este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el 17 diecisiete de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, *****, por su propio derecho, promovió proceso administrativo señalando como acto impugnado el siguiente:

«… la infracción con folio número *****, de fecha 07 de agosto de 2018, mediante la cual se me levantó una infracción por el supuesto de: “hacer uso del teléfono celular”.»

Además, el actor solicitó como pretensiones en la presente causa: 1) La nulidad total de la boleta de infracción impugnada; y 2) El reconocimiento del derecho para la devolución de la placa de circulación retirada al momento del levantamiento del folio de infracción impugnado.

SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. Mediante auto de fecha 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó correr traslado de ella a la autoridad demandada y se le emplazó para que diera contestación a la misma.

Se concedió la suspensión para el efecto de: i) mantener las cosas en el estado en que se encuentran, estos es, para que no se hiciera efectivo el cobro de la multa impuesta, y sin necesidad de que se garantice el interés fiscal; y, ii) de que le sea devuelta la placa vehicular que le fue retenida en garantía a *****.

Además, se tuvieron por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas por el actor en su escrito inicial de demanda, se le tuvo por designando abogados autorizados en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y por señalando correo electrónico para recibir notificaciones.

Posteriormente, mediante proveído de fecha 17 diecisiete de enero de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo a *****, agente de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato, por contestando en tiempo y forma legal la demanda entablada en su contra.

Asimismo, se le tuvo por designando abogados autorizados, por señalando correo electrónico para recibir notificaciones, así como por admitidas la prueba documental ofrecida y exhibida en su ocurso, y la presuncional legal y humana en todo lo que favorezca a esa autoridad. 3

En el auto de 25 veinticinco de marzo de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo al actor por cumpliendo el requerimiento realizado mediante acuerdo de 17 diecisiete de enero de 2019 dos mil diecinueve; esto es, por exhibiendo copia al carbón de la boleta de infracción impugnada.

Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, la que tendría verificativo en el despacho de esta Primera Sala.

TERCERO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, el 01 uno de abril de 2019 dos mil diecinueve fue celebrada la audiencia de alegatos, mismos que no fueron presentados por ninguna de las partes.

C ON S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es competente para conocer y resolver el presente juicio en línea, de conformidad con los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2 y 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato1; 243, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así como por lo previsto en los numerales 1, fracción II, 249, 307 A, 307 B y 307 D del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

1 Vigente a partir del día 21 veintiuno de junio de 2017 dos mil diecisiete , mediante decreto número 196, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuarta parte, en fecha 20 veinte de junio de 2017 dos mil diecisiete , conforme a sus transitorios primero y segundo. 4

SEGUNDO. Existencia del acto impugnado. La existencia del acto impugnado se tiene debidamente acreditada mediante la documental exhibida por la parte actora consistente en la boleta de infracción folio número *****, emitida el día 07 siete de agosto de 2018 dos mil dieciocho.

Dado que el folio antes mencionado consta en copia al carbón, genera convicción sobre la existencia de su original y de su contenido, de conformidad con los artículos de conformidad con los artículos 78, 117, 124, 130 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, más aún porque no fue objetada ni legalmente controvertida por las partes, aunado al reconocimiento sobre su emisión por parte del demandado al sostener su legalidad y validez.

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Conforme a lo establecido por el artículo 261 en íntima vinculación con el diverso numeral 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por cuestiones de orden público, previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los preceptos normativos antes citados.

Lo anterior, acorde a la jurisprudencia de aplicación análoga al presente, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente:

«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías».2

Al no advertirse causal de improcedencia o sobreseimiento alguna que impida el análisis de fondo de la presente causa administrativa, quien resuelve determina no decretar el sobreseimiento en el proceso administrativo, ya que en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis normativas previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTO. Argumentos de las partes. No se transcribirán los conceptos de impugnación expuestos por el impetrante, ni aquellos esgrimidos por la autoridad encausada tendentes a controvertir su eficacia.

2 Tesis: VI.2o. J/323, Octava Época, Registro: 210784, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Materia(s): Común, Página: 87. 3 Tesis: 2a. /J.58/2010, Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página: 830. 6

QUINTO. Estudio de los conceptos de impugnación. El artículo 302, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, habilita a este Juzgador para examinar de oficio la competencia de la autoridad que emitió el acto impugnado, por ser una cuestión de orden público.

Lo anterior, en concordancia con el discernimiento emitido por el Pleno de este Tribunal dentro del toca 528/17 PL4, así como de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia siguiente:

4 En el cual se estableció que «…dentro de los procesos administrativos el principio de congruencia y exhaustividad tiene una excepción, pues los juzgadores pueden analizar de manera oficiosa, la competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación,…» 7

simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.»5 Énfasis añadido.

Luego, una vez examinada la boleta de infracción folio ***** y habida cuenta de las constancias que integran la presente causa, se advierte que *****, agente de vialidad de Celaya, Guanajuato, inobservó las formalidades esenciales relativas a la competencia de la autoridad, necesarias para la válida emisión de la boleta de infracción impugnada.

Por lo tanto, este Juzgador determina que resulta procedente declarar la nulidad de la boleta de infracción combatida en la presente instancia, con base en las siguientes consideraciones:

Todo acto de autoridad, a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe emitirse necesariamente por quien esté legalmente facultado para ello.

En adición, el artículo 137, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

5 Tesis: 2a./J. 218/2007. Novena Época. Registro: 170827. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007. Materia s: Administrativa. Página: 154 8

establece como elemento de validez de todo acto administrativo, que sea expedido por autoridad competente.

De esa forma, la competencia -como componente constitucional y legal indispensable de los actos administrativos- se traduce en el complejo de facultades, obligaciones y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo6, que en función del «principio de legalidad» -el cual establece que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente les permite la ley-, tiene como principal propósito otorgar seguridad jurídica a los gobernados frente al actuar de las autoridades.

De esa manera, la competencia de las autoridades administrativas constituye un «presupuesto esencial de validez y eficacia» que deviene del interés y orden público, por lo cual su observancia es obligatoria en la emisión de todo acto autoritario.

6 De lo anterior, resulta ilustrativo en lo conducente, lo establecido en la tesis cuyo rubro reza: «COMPETENCIA. EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ES IMPRORROGABLE Y, POR TANTO, NO EXISTE SUMISIÓN TÁCITA DEL GOBERNADO.» Novena Época Registro: 175658 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: XV.4o.18 A Página: 1961 9

supuestos, deberá precisar con claridad y detalle, el apartado, las fracciones, incisos y subincisos aplicables.

Al respecto, resulta enriquecedor al tema el contenido de la jurisprudencia siguiente:

cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.»7

Énfasis añadido.

Luego, dado que le presente asunto versa sobre la comisión de una infracción en materia de tránsito y movilidad municipal, es de observancia imperativa lo dispuesto por los numerales 3, párrafo primero, 31, 32, 33, fracción I, 34 y 248 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, los cuales disponen:

«Artículo 3. Toda persona que haga uso de las vías públicas terrestres de la entidad, ya sea como conductor o propietario de un vehículo, como concesionario o permisionario, como usuario de los servicios público y especial de transporte en cualquiera de sus modalidades o como peatón, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley y su reglamento…

Artículo 31. Son autoridades municipales en materia de movilidad y transporte:

I. Los ayuntamientos; II. Los presidentes municipales; y III. Las dependencias u organismos municipales encargados de la movilidad.

Artículo 32. Los ayuntamientos, a través de las dependencias u organismos que para el efecto designen, están facultados para vigilar y sancionar en el ámbito de su competencia las infracciones a esta Ley y la reglamentación que de ella se derive.

Artículo 33. Son atribuciones de los ayuntamientos:

I. Expedir el reglamento municipal de conformidad con la presente Ley;…

7 Tesis: 2a./J. 57/2001; Novena Época; Registro: 188432; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, noviembre de 2001; Materia(s): Administrativa; Página: 31. 11

Artículo 34. Las facultades y obligaciones de las autoridades municipales en materia de movilidad y transporte, se precisarán en los reglamentos respectivos,…

Artículo 248. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para conocer y sancionar las infracciones a esta Ley y los reglamentos que de ella deriven.»

Lo resaltado es propio.

De ese modo, en el municipio de Celaya, Guanajuato, la «Dirección General de Tránsito y Policía Vial» es la dependencia municipal que, a través de su personal operativo y las demás áreas de su estructura administrativa, tiene a su cargo vigilar y sancionar, en el ámbito de su competencia, la comisión de infracciones en materia de tránsito y movilidad. Ello, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 1, 7, fracción V, y 13, fracción I, del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el Municipio de Celaya, Guanajuato.

Así, de manera concreta, tratándose de las facultades y atribuciones para la elaboración de boletas en las que se hagan constar las infracciones cometidas en materia de tránsito municipal, es menester atender a lo dispuesto en los artículos 7, fracción IX, 14, fracción IX, 15, fracción II, y 60, fracción VIII, del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el Municipio de Celaya, Guanajuato8, mismos que disponen:

«Artículo 7. Para los efectos y aplicación del presente Reglamento, son autoridades las siguientes:

I. El Ayuntamiento; II. El Presidente Municipal;

8 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 09 de junio de 2017, Año CIV, Tomo CLV, Número 92. 12

III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; IV. La Tesorería Municipal; V. La Dirección General de Tránsito y Policía Vial; VI. Coordinador Operativo; VII. Primeros y Segundos Comandantes de Tránsito y Policía Vial; VIII. Oficiales Calificadores; y, IX. Policías viales.

Artículo 14. Son atribuciones del Coordinador Operativo, Primeros y Segundos Comandantes de Tránsito y Policía Vial las siguientes: (…)

IX. Levantar si así se requiere boletas de infracción a los conductores que incumplan con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento;

Artículo 15. Además de promover en todo momento una cultura de movilidad y un ambiente de seguridad vial, el policía vial tiene las siguientes facultades: …

II. Levantar boletas de infracción a los conductores de vehículos por infracciones al presente Reglamento;…

Artículo 60. El policía vial elaborará la boleta de infracción correspondiente después de haber presenciado los hechos que actualizan el supuesto jurídico, por haber tenido conocimiento de éstos, y se asentaran en formato oficial foliado impreso con datos de identificación de la Dirección, los siguientes requisitos:

VIII. Nombre, firma y número del policía vial que tenga conocimiento de la infracción.»

Énfasis añadido.

De los anteriores preceptos legales, se colige que las autoridades legalmente facultadas para elaborar boletas con motivo de la comisión de infracciones a lo dispuesto por el Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el Municipio de Celaya, Guanajuato, son el Policía Vial, el Coordinador Operativo, y los Primeros y Segundos Comandantes de Tránsito y Policía Vial. 13

En la especie, desprendido del contenido de la boleta de infracción controvertida, se advierte que ésta fue expedida por un «Elemento de Tránsito y Policía Vial»9.

Al respecto, cabe hacer mención que del reglamento de la materia en comento, no se advierte la existencia de la figura orgánica con esa denominación -Elemento de Tránsito y Policía Vial-, por lo que -en un primer momento- se está en presencia de una autoridad «de facto»10 y por ende, la misma carece de competencia material para emitir la boleta de infracción impugnada en el presente asunto. Tal circunstancia, eminentemente generó un estado de inseguridad jurídica al accionante al impedirle tener certeza si dentro del universo de autoridades administrativas y sus denominaciones, quien emitió la boleta de infracción impugnada es realmente el funcionario facultado para ello.

En ese sentido, no se soslaya el argumento esgrimido por la autoridad demandada, en el sentido de considerar al «Elemento de Tránsito y Policía Vial» como un «Elemento operativo y de vigilancia en la vía pública››. Sin embargo, la aseveración anterior es de desestimarse, dado que la figura orgánica de «Elemento de Tránsito y Policía Vial», no se encuentra expresamente prevista en la fracción LXXIV, del artículo 5 del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el Municipio de Celaya, Guanajuato, que solamente para efectos de la fracción aludida, se considerara como Policía Vial, al ‹‹Agente, Oficial, Primer y

9 Cuestión apreciable tanto en la parte inferior izquierda del multicitado folio de infracción. 10 Locución latina que significa a literalidad «de hecho», esto es, sin reconocimiento jurídico. (Diccionario de la Lengua Española) 14

Segundo Comandante de Tránsito y Policía Vial››; situación que en la especie no acontece.

Por lo antepuesto, se enfatiza que al momento de formular el acto autoritario, es imprescindible que el funcionario público plasme correctamente la denominación del cargo que ostenta como autoridad competente, y que ésta sea coincidente con la denominación prevista por la normativa que válidamente le faculta para tal efecto.

Al respecto, resulta enriquecedor al tema el contenido de la jurisprudencia cuyo rubro y texto rezan:

«GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. ES VIOLATORIO DE ÉSTAS EL ACTO DE MOLESTIA EMITIDO POR UNA AUTORIDAD CUYA DENOMINACIÓN NO ES COINCIDENTE CON LA DE LA AUTORIDAD FACULTADA EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA EMITIRLO. Es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 constitucional, el acto de molestia emitido por una autoridad cuya denominación no es coincidente con la de aquella a la que faculta la legislación aplicable para realizar ese tipo de actuaciones, y sin que al efecto la propia responsable haya justificado en el cuerpo del oficio reclamado, si es que en la especie su competencia se surte en virtud de alguna sustitución de autoridades o de un cambio de denominación en su estructura orgánica. Ello es así, en la inteligencia de que con la actuación de la responsable se genera un estado de inseguridad jurídica al gobernado al desconocer si dentro del universo de autoridades administrativas y sus denominaciones, quien emitió la orden de visita de que fue objeto es realmente el funcionario facultado para ello, puesto que las actuaciones de las autoridades no deben generar dudas sobre su legalidad al no coincidir la denominación de éstas, debiéndose justificar en el acto de molestia si es que en el caso concreto se trata de una sustitución de autoridades o de un cambio de denominación de las mismas, como podría acontecer a virtud de una nueva estructura orgánica gubernamental; todo ello a fin de fundamentar adecuadamente la competencia de la responsable y de dotar de certeza jurídica a sus actuaciones, por lo que en dichos casos, el juzgador de amparo debe conceder la protección constitucional solicitada sin que pueda hacer un pronunciamiento de fondo 15

respecto de si tiene o no facultades la autoridad para emitir el acto de molestia, puesto que al desconocer el alcance de éstas, no puede conminarla a subsanar esos vicios o prohibirle que actúe dentro del marco legal de sus atribuciones.»11

Aunado a lo anterior, se advierte que el carácter con el que la autoridad contesta la demanda entablada en su contra, es el de «Agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Celaya, Guanajuato», cargo que pretende acreditar mediante nombramiento oficial de «AGENTE DE VIALIDAD NIVEL 1» adscrito a la Dirección General de Tránsito y Vialidad, expedido a favor de *****, el 11 once de diciembre de 2015 dos mil quince, por el Oficial Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato.

Dado que el documento antes referido corresponde a una copia certificada, éste hace fe de la existencia de su original y, en virtud de su calidad de documento público, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 78, 117, 121, 123 y 307 K del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Luego, al advertirse que ***** acredita ostentar el cargo de «AGENTE DE VIALIDAD NIVEL 1», y no el de «Policía Vial, Coordinador Operativo o bien, Primer o Segundo Comandante de Tránsito y Policía Vial», se concluye que éste carece de competencia para formular la boleta de infracción impugnada.

De esa manera, queda demostrada la causal contenida en el artículo 302, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa

11 Tesis: VI.1o.A.33 K .Novena Época. Registro: 174460. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006. Materia s: Común. Página: 2203 16

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, consistente en la incompetencia del servidor público que emitió el folio impugnado, al evidenciarse que la autoridad demandada: primero, plasmó de manera incorrecta y ambigua la denominación de su cargo en el folio impugnado; y segundo, ostenta cargo diverso al de Policía Vial, Coordinador Operativo o bien, Primer o Segundo Comandante de Tránsito y Policía Vial, autoridades legalmente facultadas para la formulación de boletas de infracción.

En tal sentido, se precisa que la nulidad deberá ser lisa y llana, dado que, la incompetencia de la autoridad demandada para emitir el acto impugnado, ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de facultades o en la relativa a la cita insuficiente en los preceptos legales que le brinden atribuciones a la autoridad administrativa emisora, implica un vicio sustancial que constituye en el acto impugnado la carencia de valor jurídico y su insubsistencia.

Lo anterior, con apoyo en el siguiente criterio aprobado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación:

«AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que 17

esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.»12

Énfasis añadido.

En suma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 300, fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se decreta la Nulidad Total de la boleta de infracción folio número *****, emitida el día 07 siete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, por *****, agente de vialidad nivel 1 de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, Guanajuato.

SEXTO. Análisis de las pretensiones. Una vez satisfecha la pretensión de nulidad, se procede al estudio de las demás pretensiones solicitadas por la parte actora.

Solicita el justiciable la devolución de la placa de circulación que le fue retenida como garantía al momento del levantamiento de la boleta de infracción número de folio *****, en fecha 07 siete de agosto de 2018 dos mil dieciocho.

12 Tesis 2a. CXCVI/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, Núm. de Registro: 188678, consultable a Página 429. 18

Exhibe al efecto, copia simple de su credencial para votar, de la tarjeta de circulación con folio *****, del pedimento número *****, del oficio *****, y del recibo de pago de refrendo de 12 doce de agosto de 2018 dos mil dieciocho; no obstante, se determina que se encuentra satisfecha la pretensión solicitada por la parte actora en virtud de que se concedió la suspensión del acto para el efecto de devolver al justiciable la placa vehicular, ello mediante auto de 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho.

Por lo anterior, resulta innecesario ordenar nuevamente la devolución de la placa de circulación aludida, en razón de que dicha pretensión fue colmada mediante el otorgamiento de la suspensión solicitada, y al quedar el acto combatido insubsistente, dicha determinación de retención de la placa, resulta también invalida y sin efectos.

Con fundamento en los artículos 1, fracción II, 249, 255, fracciones I y II, 298, 299 y 300, fracciones II y V, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo.

SEGUNDO. No es procedente decretar el sobreseimiento en la presente causa administrativa, por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando Tercero del presente fallo. 19

TERCERO. Se decreta la Nulidad Total de la boleta de infracción folio número *****, conforme a lo expuesto en el Considerando Quinto de la presente sentencia.

CUARTO. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se reconoce el derecho solicitado por la parte actora y se declara que la pretensión relativa a que le sea devuelta la placa vehicular que le fue retenida como garantía, queda satisfecha, en los términos precisados en el Considerando Sexto de esta sentencia.

Notifíquese a las partes.

En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta Primera Sala.

Puedes descargar el documento 1406_1a_Sala_18_terminado.pdf haciendo clic en el botón de arriba.

Sentencia 1405 1a Sala 18

Sentencias

Descargar PDF

Silao de la Victoria, Guanajuato, 19 diecinueve de febrero de 2019 dos mil diecinueve

A S U N T O

Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo con número de expediente 1405/1ª Sala/18 promovido por *****, por propio derecho, ha llegado el momento de resolver lo que en Derecho procede.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escritos presentados en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el 17 diecisiete de septiembre; así como el 08 ocho de octubre de 2018 dos mil dieciocho, *****, por propio derecho, promovió proceso administrativo, señalando como acto impugnado el siguiente:

«…LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICTADA EL DÍA 10 DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, POR EL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, LA CUAL SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO *****…»

La parte actora hizo valer como pretensiones: 1) La nulidad total de la resolución impugnada; 2) El reconocimiento de su derecho como concesionario, y 3) La condena a efecto de que: (i) Se ordene la reposición de su expediente administrativo; (ii) se le asigne el número 2

económico correspondiente; (iii) se le expida orden de pago de derechos fiscales para la obtención de placas de circulación, correspondientes a la prestación del servicio público de alquiler sin ruta fija; (iv) se le otorgue el alta del vehículo y (v) se le otorgue permiso provisional para la prestación del servicio público mencionado.

SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. Mediante auto de fecha 12 doce de octubre de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó correr traslado de ella a la autoridad demandada y se le emplazó para que diera contestación a la misma.

Se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas documentales exhibidas así como la prueba de informes de la autoridad y la presuncional legal y humana en lo que se sea favorable, ofrecidas por la demandante; razón por la que se requirió al Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato para que informara la fecha exacta en que se implementaron los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a la Dirección General del Instituto Estatal de Movilidad del Estado de Guanajuato, y las fechas de la primera y última concesión que tenga registradas.

Asimismo, se tuvo a la parte actora por designando abogados autorizados y señalando domicilio para recibir notificaciones, en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En proveído de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo al *****, Director General del Instituto de 3

Movilidad del Estado de Guanajuato, por contestando la demanda en tiempo y forma legal; designando abogados autorizados; señalando correo electrónico para recibir notificaciones; por admitidas las probanzas ofrecidas en su contestación y por rindiendo el informe de autoridad que le fue requerido.

Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, la que tendría verificativo en el despacho de esta Primera Sala.

TERCERO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, el 24 veinticuatro de enero de 2019 dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de alegatos, mismos que no fueron presentados por ninguna de las partes.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, de conformidad con los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 7, fracción I, inciso a), y 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato1; así como por lo previsto en los numerales 1, fracción II, y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

1Vigente a partir del día 21 veintiuno de junio de 2017 dos mil diecisiete, mediante decreto número 196, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuarta parte, en fecha 20 veinte de junio de 2017 dos mil diecisiete , conforme a sus transitorios primero y segundo. 4

SEGUNDO. Existencia del acto impugnado. Se encuentra debidamente acreditada con el original del oficio número *****2, de fecha 10 diez de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, documento público dado que contiene la firma autógrafa del Director General de Movilidad del Estado de Guanajuato, sellos y signos exteriores apreciables en el mismo y, por ello, se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, más aún que no fue objetado por la parte demandada.

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Conforme a lo establecido por el artículo 261 en íntima vinculación con el diverso numeral 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por cuestiones de orden público, previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los preceptos normativos antes citados.

Lo anterior, acorde a la jurisprudencia aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente:

«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías».3

En el caso concreto, el Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en su contestación refiere que se configuran las

2 Consultable en foja 18 dieciocho del expediente. 3 Octava Época, Registro: 210784, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/323, Página: 87. 5

causales de improcedencia previstas en el artículo 261, fracciones I y VII, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, consistentes en:

«Artículo 261. El proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones: …

I. Que no afecten los intereses jurídicos del actor[…]

VII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.»

Lo anterior, bajo los siguientes argumentos:

«1.… toda vez que claramente de las constancias de autos se advierte que el acto demandado no afecta los intereses jurídicos del actor, lo anterior en virtud de que al revisar los archivos físicos y magnéticos con los que cuenta esta Unidad Administrativa, no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta Unidad Administrativa de la SUPUESTA Resolución Gubernamental Definitiva número ***** de fecha 31 treinta y uno de enero de 1994, que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija (taxi) en el municipio de Celaya, Guanajuato, y que refiere tener la parte actora; por lo que, no acredita contar con el acto administrativo de concesionamiento otorgado por el Ejecutivo del Estado o, en su caso, con la Resolución Positiva de otorgamiento de Concesión expedida por el Secretario de Gobierno, en los términos previstos por la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, y su Reglamento de Transporte que la autorice para la realización del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija (taxi) en el municipio de Celaya, Gto., pretendido por la parte Actora …

2.-… el acto en esta vía combatido, por ser una actuación de naturaleza declarativa, no le irroga agravio alguno al promovente de la acción de nulidad, ya que la actuación de esta autoridad se circunscribió a constatar la existencia de una situación jurídica real existente, que en el presente caso resulta ser la inexistencia de acto de concesionamiento alguno en los archivos y registro de esta Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, situación que impide que esta 6

autoridad estatal ahora demandada se pronuncie a favor de la pretensión del particular, como ocurrió en el acto administrativo confutado.

3.-Finalmente, considero que se actualiza también la fracción VII del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, toda vez que de conformidad a lo señalado en los artículos 13 fracción III, 14 fracción V, 73 y 88 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, la autoridad facultada para atender la petición del actor resulta ser el Secretario de Gobierno…»

Énfasis de origen.

Atento a lo anterior, respecto a la ausencia de afectación de los intereses de la actora, es de precisarse que los argumentos por los cuales la autoridad demandada negó el otorgamiento de la concesión al impetrante constituye el fondo del presente asunto.

Lo anterior, ya que el interés jurídico que permita a la justiciable acceder al reconocimiento de su calidad de concesionaria, se traduce en un estudio de fondo de la controversia planteada y por ende, no puede ser materia de análisis como causal de improcedencia.

Sirve de sustento a la determinación anterior, el siguiente criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por analogía se cita a continuación:

hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse».4

Aunado a lo anterior, respecto al señalamiento de que el acto combatido constituye un acto meramente declarativo, es de concluirse que la autoridad incurre en una indebida apreciación de los hechos.

Ello se debe a que en el acto administrativo que se controvierte, la autoridad demandada respondió en el tercer párrafo del oficio combatido a la petición de la accionante indicando expresamente lo siguiente: «resulta improcedente acordar de conformidad su petición», lo que denota la decisión negativa de la encausada para acceder a lo planteado por la impetrante, siendo evidente que dicha decisión no implica un acto declarativo, sino una negativa real y lesiva a su pretensión.

Finalmente, respecto a la indicación de que la petición del particular no recae dentro de su competencia, sino en la del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, debe puntualizarse que el Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, es quien se pronunció sobre la petición de la actora y que dicha respuesta es el acto que se impugna en la presente causa administrativa. Más aún que en dicho oficio controvertido, la encausada no refirió su incompetencia sino que por el contrario denegó lo peticionado.

4 Tesis P./J. 135/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XV, Enero de 2002, Núm. de Registro: 187973, consultable a Página 5. 8

Hechas las consideraciones anteriores, se desestiman las causales de improcedencia invocadas por la autoridad demandada, y al no advertirse causal de improcedencia o sobreseimiento alguna que impida el análisis de fondo de la presente causa administrativa, quien resuelve determina no decretar el sobreseimiento del proceso administrativo, ya que en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis normativas previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTO. Argumentos de las partes. No se transcribirán los conceptos de impugnación expuestos por el impetrante, ni aquellos esgrimidos por la autoridad encausada, tendientes a controvertir su eficacia.

QUINTO. Estudio de los conceptos de impugnación. En su escrito de demanda, la actora aduce en el concepto de impugnación identificado como «I», medularmente la indebida fundamentación y

5 Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a. /J.58/2010, Página: 830. 9

motivación del acto impugnado, arguyendo que la autoridad demandada no atendió adecuadamente su petición, ni le explicó concretamente los fundamentos y motivos por los cuales negó lo solicitado.

Por su parte, el Director General de Movilidad del Estado de Guanajuato, expresa en su ocurso de contestación que devienen infundados los argumentos expuestos por la parte actora, ya que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, al encontrarse expuestos en este los fundamentos y razones por las cuales se resolvió la negativa a la petición de la actora, máxime que no acreditó la existencia del acto de concesionamiento correspondiente.

A continuación, de conformidad con el artículo 299, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es necesario delimitar el objeto del presente proceso. En tal sentido, la «litis» en la presente causa consiste en determinar si el oficio ***** se encuentra congruente y debidamente motivado por la autoridad demandada.

Ahora bien, una vez realizado el análisis al contenido del acto impugnado y de las constancias que integran los autos, quien resuelve concluye que resulta fundado el concepto de impugnación en estudio, al advertir que el oficio controvertido resulta incongruente a la petición de la actora e indebidamente motivado.

Por lo tanto, este Juzgador determina procedente declarar la nulidad del oficio *****, con base en las siguientes consideraciones:

Además, el artículo 137, fracciones VI y IX, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, estipula como elementos de validez del acto administrativo, el encontrarse «debidamente motivado» y que este sea expedido «de manera congruente» con lo solicitado, resolviendo expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por las disposiciones jurídicas.

Al efecto, resulta oportuno hacer cita de la siguiente jurisprudencia:

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.» 6

Lo resaltado es propio.

Entonces, cuando hay violación a la garantía de motivación, ésta podrá ocurrir de dos maneras:

1. Formal, cuando existe omisión total e incongruencia del argumento explicativo, así como ante su notoria insuficiencia,

6 Octava Época, Registro: 164618, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 64, Abril de 1993, Tesis: VI.2o. /J.248, Página: 43. 12

ocasionando con ello que el destinatario no pueda conocer la esencia de las razones en que tuvo apoyo la emisión del acto autoritario, y por consiguiente, imposibilitando a éste cuestionar dicha decisión y defenderse adecuadamente; y

2. Material, cuando la explicación o razones dadas son incorrectas o indebidas, pero dan noticia de las razones de manera tal, que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido.

Al efecto, resulta ilustrativa la tesis que al rubro reza: «MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO.»7

Por tanto, la transgresión a la garantía de la correcta motivación puede configurarse, entre otras, por una indebida motivación, la cual implica que las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente, es decir, no hay justificación de la actuación de la autoridad que sea acorde con los hechos apreciados; así como por una incongruente motivación, la cual se configura cuando los argumentos justificatorios de la autoridad no coinciden o no se relacionan con la decisión expresada, impidiendo identificar la «ratio decidendi»8 del acto autoritario.

Tal criterio se advierte de las siguientes tesis jurisprudenciales:

7 Novena Época Registro: 174228 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.71 K Página: 1498 8 Locución latina que significa a literalidad «razón para decidir». 13

Énfasis añadido.

9 Novena Época; Registro: 175082; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Común; Tesis: I.4o.A. J/43; Página: 1531. 14

tener pleno conocimiento de los motivos decisorios para estar en posibilidad, real y autentica, de impugnar y controvertir tal actuación.

En la especie, mediante escrito presentado ante el Instituto de Movilidad del Estado el día 16 dieciséis de julio de 2018 dos mil dieciocho10, ***** peticionó al Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, de manera medular, lo siguiente:

«Que en virtud de que cuento con una Resolución Definitiva para prestar el Servicio Público de Alquiler sin ruta fija «Taxi» en el municipio de Celaya, Guanajuato; que me fue otorgada por el Gobierno del Estado de Guanajuato; de la cual exhibo anexa a este escrito una copia fotostática certificada notarialmente, le pido:

1.- Que se realice el trámite administrativo correspondiente y dicte la determinación mediante la cual autorice que se dé de alta el vehículo con el cual deberé prestar el Servicio de Alquiler sin ruta fija «Taxi» en el municipio de Celaya, Guanajuato; que tengo concesionado;

2.- Ordene que se asigne el número económico a mi vehículo con la Clave de Identificación “CE”, tal como se establece en los artículos 313, 314 y 315 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios; y

3.- Se me expida la orden de pago de los derechos fiscales correspondientes para que se me otorguen las placas de circulación correspondientes al Servicio Público de Alquiler sin ruta fija «Taxi» en el municipio de Celaya, Guanajuato.»

Para acreditar el derecho solicitado en tal petición, la accionante anexó a su demanda, copia certificada de resolución definitiva emitida el 31 treinta y uno de enero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, por el Secretario de Gobierno del Estado y recaída al expediente número *****11, relativa al Programa de Regularización Progresiva de los Prestadores Irregulares del Servicio Público de Transporte de Alquiler sin Ruta Fija en el municipio de Celaya,

10 Fojas 12 y 13. 11 Fojas 16 dieciséis y 17 diecisiete del expediente administrativo en que se actúa. 15

Guanajuato, establecido a través del Decreto Gubernativo número 53 y Acuerdo Gubernativo número 48, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 03 tres de septiembre de 1993 mil novecientos noventa y tres.

Toda vez que la referida documental consta en copia certificada -según se advierte de autos-, ésta hace fe de la existencia de su original, y al tener la calidad de documento público dada la firma, sellos y signos exteriores apreciables en la misma, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 78, 117, 121 y 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y por tanto, genera convicción respecto de su existencia y contenido. Máxime que no fue objetado o controvertido por las partes.

Ahora bien, en respuesta a la petición planteada, la autoridad demandada hace del conocimiento de la impetrante -mediante el oficio impugnado-, lo siguiente:

«Con relación a su escrito de fecha 9 de julio de 2018, recibido en la oficialía de partes de este Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, el día 16 del mismo mes y año[…] al respecto, me permito manifestar a usted:

[…] derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esta Dirección General a mi cargo, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno, del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija (taxi) en el municipio de Celaya, Guanajuato; razón por la cual resulta improcedente acordar de conformidad su petición.

Lo anteriormente expuesto tiene su fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23 fracción V y 80 de 16

la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 2 fracción V, 3, 7 fracción III, 15 fracción VI, 17 fracción III, 59, 121 fracción I, 139 y 140 fracción III de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, 3 fracción V, inciso a) y 95 del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno; 1 y 5 del Reglamento Interior del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato.»

Del análisis realizado al oficio impugnado, se advierte que la autoridad demandada resuelve la improcedencia de la petición de la actora en razón de que no fue encontrado antecedente del que se desprenda concesión alguna a favor de la impetrante para explotar el servicio público de transporte de personas, derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos del Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esa Dirección General.

Sin embargo, se puntualiza que es obligación de la autoridad encausada el mantener actualizados los registros de concesiones, de forma tal que la falta de localización de la concesión que nos ocupa en el Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte, no es una causa imputable al impetrante, pues la responsabilidad recae en la propia autoridad obligada a cumplir con lo mandatado por la ley, y por ende, no es legal que la falta de datos, expediente o antecedente de algún acto de concesionamiento se le impute a la hoy actora.

Igualmente lo anterior tiene sustento en lo previsto por el numeral 17, fracción IX, de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato -vigente al momento en que se emitió la resolución positiva-, que a la letra dice:

«Artículo 17. Son facultades y obligaciones del director general de transporte:…

IX. Cuidar que se encuentren permanentemente actualizados todos los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo, a fin de que se expidan 17

oportunamente las placas, documentos y demás dispositivos correspondientes a vehículos y conductores.»

No obstante lo anterior, actualmente dicha obligación referente al cuidado de la revisión, registro y control administrativo de los expedientes correspondientes a las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte, correspondía al entonces Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracciones X y XII, de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios12, que establecía lo siguiente:

«Artículo 27. Son facultades del Director General:…

X. Efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte…

XII. Establecer y administrar los registros y sistemas de información y de control del servicio público y especial de transporte…»

Lo anterior resulta relevante, máxime que la actora acredita en la presente instancia tener constituido a su favor la calidad de concesionario13 para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija «taxi» en el municipio de Celaya, Guanajuato, en virtud de la resolución definitiva emitida el 31 treinta y uno de enero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, por el Secretario de Gobierno del Estado y recaída al expediente número *****.

12 Artículo derogado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 21 veintiuno de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. 13 Señalamiento que se indica en forma textual en el primero de los puntos resolutivos de la Resolución dictada por el Secretario de Gobierno el 31 treinta y uno de enero de 1994 mil novecientos noventa cuatro al determinar «PRIMERO.- Se otorga al C. *****, la concesión solicitada…» (foja 17 diecisiete). 18

Ilustra lo anterior, la siguiente tesis:

«ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES A LOS PARTICULARES. SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOS EXHIBE EL ACTOR, EL TRIBUNAL DE LA MATERIA NO PUEDE DESCONOCER SU EFICACIA Y VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De la interpretación de los artículos 1.10 del Código Administrativo y 229, fracción VIII, del Código de Procedimientos Administrativos, ambos del Estado de México, en relación con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ACTOS ADMINISTRATIVOS, ORDEN Y REVOCACIÓN DE. GARANTÍAS DE AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.» (consultable con el número 3 en la página 6 del Tomo III, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995), se colige que todo acto administrativo se presume legal mientras no se declare su invalidez y, tratándose de los que beneficien a los particulares, serán exigibles desde la fecha de su emisión, a menos que se declare su nulidad en el juicio de lesividad promovido por las propias autoridades fiscales estatales, municipales u organismos auxiliares, según el caso. Esto implica que las autoridades no pueden, a su arbitrio, revocarlos sin ejercer previamente las acciones necesarias en la vía de lesividad especialmente prevista para anularlos siempre que sean contrarios a los intereses públicos, en obvio que algo así implicaría una privación de derechos sin previo juicio. Por tanto, si en el juicio contencioso administrativo, el actor exhibe este tipo de actos, el tribunal de la materia no puede desconocer su eficacia y valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 57 del referido Código de Procedimientos Administrativos.» 14

Énfasis añadido.

Entonces, dado que el justiciable solicitó que se continuara con los trámites para la entrega del título-concesión correspondiente, y que se le asignara el número económico correspondiente al vehículo y se

14 Décima Época Registro: 2003461 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: II.3o.A.38 A (10a.) Página: 1697 19

expidiera la orden de pago de los derechos fiscales correspondientes para que se le otorguen placas de circulación, era menester que el Director demandado se pronunciara sobre dicha solicitud, considerando para ello las constancias que obran en el expediente número *****, integrado en el Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato.

Agregando que el Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, se encontraba constreñido a dar seguimiento a la solicitud de concesión planteada por *****, con motivo del Programa de Regularización Progresiva de los Prestadores Irregulares del Servicio Público de Transporte de Alquiler sin ruta fija, mismo que fue establecido a través del Decreto Gubernativo 53 y Acuerdo Gubernativo número 48; y al no acontecer lo anterior, se denota que el expediente número ***** se encuentra inconcluso.

De ese modo, en transgresión a lo dispuesto por el numeral 8, fracción X, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la demandada resulta omisa en procurar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impiden, dificultan o retrasan el ejercicio pleno de los derechos de la accionante y el respeto a sus intereses jurídicos, dejando de disponer de lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación del procedimiento.

No se omite puntualizar, que conforme a lo prevenido por el ordinal 8, fracción VI, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es obligación de las autoridades abstenerse de requerir documentos o solicitar información 20

que no sean exigibles por las normas aplicables al procedimiento o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando; dicha obligación se colige como un derecho del particular, incluso así reconocido en el numeral 30 de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, como parte del derecho fundamental a la buena administración, siendo este último un instrumento internacional referente adoptado por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la ciudad de Panamá, Panamá, el 19 diecinueve de octubre de 2013 dos mil trece15.

Agotado lo anterior, se concluye que le asiste la razón a la accionante, al considerar que la respuesta que dio la autoridad demandada mediante el oficio combatido no provee plenamente lo solicitado, ya que en dicho acto no se expusieron las razones del por qué todavía no se ha emitido el título-concesión correspondiente.

De esa manera, queda demostrada la causal contenida en el artículo 302, fracción IV, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, consistente en la incongruente e indebida motivación del oficio impugnado, al evidenciarse que la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos que motivaron su determinación, al no considerar el derecho que la justiciable acredita tener constituido como concesionaria para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija «taxi» en el municipio de Celaya, Guanajuato.

15 Instrumento internacional referente o clarificatorio disponible en: http://old.clad.org 21

De ese modo, resulta innecesario el análisis del resto de los conceptos de impugnación aducidos por el accionante. Lo anterior, por analogía, en concordancia con la siguiente jurisprudencia:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías.»16.

Además, al estar en presencia de un vicio material y tratándose el acto impugnado de una respuesta recaída a la solicitud del accionante, se puntualiza que la nulidad deberá ser para efecto de que la autoridad demandada emita una nueva decisión, debiendo prescindir del vicio material detectado y siguiendo los lineamientos del presente fallo, a propósito de que la gestión del accionante no quede insatisfecha y éste tenga certeza respecto a su situación jurídica.

De lo anterior, por analogía, es propicio acudir a la jurisprudencia de rubro siguiente: «SENTENCIAS DE NULIDAD. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN CUMPLIRLAS, EN ATENCIÓN AL ORIGEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS VICIOS DETECTADOS, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.»17

16 Octava Época, Registro: 394649, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia: Común, Tesis: 693, Página: 466. 17 Décima Época; Registro: 2008190; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 14, Enero de 2015, Tomo II; Materia(s): Administrativa; Tesis: XVI.1o.A. J/17 (10a.); Página: 1659 22

2018 dos mil dieciocho, por el Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, para efecto de que se emita una nueva resolución en la cual prosiga con el trámite instado por la impetrante en los términos de Ley18, a fin de que le sea expedido a su favor el título-concesión correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia; y una vez realizado lo anterior, proceda al alta del vehículo, asignación en su caso del número económico que corresponda y autorización de las placas que le habiliten a prestar el multicitado servicio público.

Lo anterior, considerando que ***** -parte actora- tiene constituido a su favor la resolución definitiva emitida el 31 treinta y uno de enero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, por el Secretario de Gobierno del Estado, y recaída al expediente número *****.

No se soslaya que de acuerdo al artículo Tercero Transitorio del Decreto Gubernativo número 3, mediante el cual se establece la Agrupación por Ejes de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato19, el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, se entenderá sectorizado a la Secretaría de Gobierno.

Luego, con el propósito de salvaguardar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y determinar la autoridad que debe cumplimentar este fallo, se precisa que en términos del ordinal 163 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, cuando una norma extingue un órgano

18 Conforme a lo dispuesto por la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato o bien, a lo establecido en la vigente Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, atendiendo al ordenamiento que resulte «más benéfico» para el particular. 19 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 218, de fecha 31 de octubre de 2018. 23

administrativo y se encuentra en trámite un procedimiento, en este caso el derivado del expediente *****, será sustanciado y terminado por el órgano administrativo que determine la norma de la que deriva la extinción, o por el titular de la dependencia o entidad de la administración pública del Estado o de sus municipios al que la norma le atribuya ese tipo de facultades; en consecuencia, la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la unidad administrativa correspondiente deberá cumplimentar la condena que precede.

Finalmente, deberá informar sobre ello, en un término de 15 quince días hábiles contados a partir de aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, según lo dispuesto en los artículos 319, 321 y 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTO. Análisis de las pretensiones. Una vez satisfecha la pretensión de nulidad, se procede al estudio de las demás pretensiones solicitadas por la actora.

En su demanda, solicita el accionante que cumplan las peticiones formuladas, se realice la reposición del expediente administrativo y la certificación de la existencia de las actuaciones y constancias que lo integraban.

Al respecto, este Juzgador determina que se encuentran satisfechas tales pretensiones, al tenor de la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada y conforme a los razonamientos expuestos en el Considerando Quinto de esta sentencia.

Por otra parte, solicita la parte actora que se le otorguen permisos provisionales, arguyendo que se encuentra impedido temporalmente para obtener las placas del servicio público de alquiler sin ruta fija «taxi» en el municipio de Celaya, Guanajuato.

No se reconoce el derecho solicitado a que le sea expedido un permiso provisional de conformidad con las consideraciones jurídicas siguientes:

Los artículos 201 y 209 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato20, señalan que se otorgará el permiso provisional de transporte a los concesionarios que se encuentren impedidos temporalmente para obtener las placas del servicio público, a los beneficiarios de las concesiones en tanto se resuelve la transmisión de derechos; y a quien por disposición jurisdiccional se le concede la posibilidad de explotar el servicio público de transporte.

Para la obtención del permiso indicado, se deberá realizar el procedimiento previsto en el artículo 511 del Reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato, que al efecto señala:

«Artículo 511. El Instituto expedirá los permisos referidos en el artículo 201 de la Ley, así como los permisos para la prestación del servicio de materiales para construcción y de carga con grúa, sujetándose en todos los casos al procedimiento

20 «Artículo 201. Los permisos se clasifican en: I. Permiso de transporte público; II. Permiso eventual de transporte; III. Permiso extraordinario de transporte; IV. Permiso provisional de transporte; V. Permiso de servicio especial de transporte; y VI. Permiso de depósito de vehículos.» «Artículo 209. Se otorga el permiso provisional de transporte con el objeto de que no se interrumpa la prestación del servicio, a quienes por cualquier circunstancia, siendo concesionarios se encuentren impedidos de forma temporal para obtener las placas de servicio público. Asimismo, se podrán otorgar autorizaciones provisionales, respecto de procedimientos jurídico-administrativos, en los siguientes supuestos: I. A los beneficiarios de las concesiones en tanto se resuelve por el Ejecutivo del Estado o el ayuntamiento la transmisión de derechos de concesión; y II. A quien por disposición de autoridad jurisdiccional se le conceda la posibilidad de explotar el servicio público de transporte en tanto se resuelve el procedimiento respectivo. Estos permisos y autorizaciones tendrán una vigencia máxima de sesenta días, renovables en tanto subsista la situación que originó su expedición y se tramitará de acuerdo al procedimiento que para el efecto se establezca en el reglamento respectivo.» 25

establecido en dicho artículo. Para la emisión del permiso de servicio público en las modalidades señaladas se deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Solicitud por escrito que contenga la propuesta relativa a: a) Características técnicas de operación del servicio; b) Características técnicas de los vehículos; c) Demanda del servicio; y d) Lugar donde se pretende prestar el servicio. II. Datos y documentos de identificación o representación del interesado; III. La documentación del vehículo o vehículos con el cual se pretende prestar el servicio, incluyendo la póliza del seguro vigente y la revista físico -mecánica con no más de ciento ochenta días de haberla realizado; IV. Licencia tipo «B» y «C», en su caso, para los vehículos con tonelaje mayor a 3.5 toneladas, según corresponda, y tarjetón del interesado y del operador del servicio; V. Acreditar que cuenta con instalaciones adecuadas para el resguardo de los vehículos, la contratación de los servicios, el mantenimiento de las unidades y, en general, para el sostenimiento de la prestación del servicio con calidad y seguridad; VI. Acreditar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y en el Registro Estatal de Contribuyentes; VII. En el caso del servicio de transporte turístico cuando corresponda además deberá acreditar la capacidad técnica en materia de atención a turistas; contar con la autorización, anuencia o visto bueno de la autoridad competente para realizar el recorrido, así como las estaciones del servicio y los horarios e itinerarios que se propone, en su caso; VIII. En el servicio público de transporte de carga en general, en caso de que ocupe espacios en vía pública deberán contar con la autorización para el uso de suelo emitida por la autoridad competente, o en caso contrario con un lugar propio para su base; IX. El servicio público de grúa, deberá contar con instalaciones propias para el resguardo, contratación y base de los vehículos; y X. Los demás requisitos requeridos por el Instituto de conformidad con la modalidad del servicio pretendido. En su caso, el Instituto podrá elaborar estudio técnico para determinar la necesidad o no del establecimiento de nuevos servicios.

De la norma reglamentaria transcrita se obtiene que para la obtención del permiso solicitado por la actora, se requiere la presentación de una solicitud en la que especifique las características del vehículo y de la operación del servicio, así como la presentación de diversa documentación, tales como póliza del seguro, revista mecánica del vehículo, inscripción en los Registros Federal y Estatal de contribuyentes.

Es de destacar que el otorgamiento de dicho permiso no fue solicitado por el impetrante a la autoridad demandada, tal y como se acredita con la petición presentada el 16 dieciséis de julio de 2018 dos mil dieciocho, por lo que su procedencia no formó parte de la «litis» de este proceso, más aún que no se aportaron al proceso ni la solicitud y tampoco documentación necesaria prevista para la tramitación del permiso eventual, de ahí que este juzgador no pueda resolver sobre su procedencia.

Ello aunado a la declaratoria de nulidad para efectos de donde habría que estar al cumplimiento de esta resolución jurisdiccional.

R E S U E L V E

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para tramitar y resolver el presente proceso contencioso administrativo.

SEGUNDO. No es procedente decretar el sobreseimiento en la presente causa administrativa, acorde a lo manifestado en el Considerando Tercero de la presente sentencia.

TERCERO. Se decreta la Nulidad del oficio número ***** para el efecto precisado en el Considerando Quinto de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. 27

CUARTO. Se declara que las pretensiones secundarias quedan satisfechas, ello de conformidad con lo expuesto en el Considerando Sexto de este fallo; no reconociéndole el ulterior derecho solicitado por la actora en los términos del propio Considerando.

En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta Primera Sala.

Puedes descargar el documento 1405_1a_Sala_18_terminado.pdf haciendo clic en el botón de arriba.

« Older Entries

Next Entries »

Sentencia 1435 1a Sala 18

Sentencia 1433 1a Sala 18

Sentencia 1432 1a Sala 18

Sentencia 1406 1a Sala 18

Sentencia 1405 1a Sala 18

Publicaciones recientes