La suplencia de la queja deficiente constituye una institución procesal de particular relevancia en el contencioso administrativo, en tanto atempera el rigor formalista que tradicionalmente ha caracterizado a los procesos jurisdiccionales, permitiendo al juzgador ir más allá de los conceptos de impugnación expresamente planteados por el actor cuando ello resulte necesario para la adecuada tutela de sus derechos. Su justificación doctrinal se encuentra en el reconocimiento de la asimetría estructural que existe entre el particular y la autoridad dentro de la relación jurídico-administrativa, así como en el propósito de garantizar el acceso efectivo a la justicia frente a las limitaciones técnicas que con frecuencia enfrentan los gobernados al redactar sus demandas.
En el contencioso administrativo estatal, la suplencia de la queja no opera de manera absoluta ni irrestricta, sino que se encuentra sujeta a determinados supuestos y límites que la normativa procesal y los criterios interpretativos han venido delineando. Generalmente, esta figura adquiere mayor amplitud cuando se advierte que el acto impugnado adolece de una incompetencia manifiesta de la autoridad emisora, o cuando de las constancias del expediente se desprende con claridad la existencia de una violación evidente a los derechos del particular, aun cuando este no la haya hecho valer expresamente o la haya planteado de manera deficiente en sus conceptos de impugnación.
Alcance y límites de la institución
Resulta importante precisar que la suplencia de la queja no debe confundirse con la posibilidad de que el juzgador introduzca de oficio pretensiones que el actor no planteó, ni con la sustitución del juzgador en la función propia de la parte actora. La suplencia opera sobre los conceptos de impugnación ya formulados, corrigiendo su deficiente planteamiento técnico o complementando el análisis jurídico correspondiente, pero no puede llegar al extremo de crear una litis distinta de la que las partes sometieron a consideración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
La aplicación de esta figura plantea también un interesante debate doctrinal respecto de su extensión a la parte demandada, esto es, a la autoridad administrativa. La postura predominante sostiene que la suplencia de la queja, en su formulación clásica, constituye una prerrogativa a favor del particular gobernado, en atención a la posición de desigualdad material en que este se encuentra frente al aparato estatal, por lo que no resultaría aplicable, con el mismo alcance, en beneficio de la autoridad demandada, cuya actuación se presume, en principio, revestida de los elementos técnicos y jurídicos necesarios para su adecuada defensa en juicio.
Para el litigante, la existencia de la suplencia de la queja no debe entenderse como un sustituto de la debida diligencia técnica en la elaboración de la demanda, sino como una garantía adicional que opera en beneficio del particular ante deficiencias no subsanables por otra vía. Un planteamiento técnico riguroso de los conceptos de impugnación sigue siendo la mejor estrategia procesal, reservando la suplencia como un mecanismo de cierre que fortalece la tutela judicial efectiva sin relevar al abogado de su responsabilidad profesional.
El estudio de esta institución resulta particularmente enriquecedor para el estudiante de derecho, pues permite comprender la tensión permanente entre el formalismo procesal y los principios de justicia material que orientan al derecho administrativo contemporáneo.
