La relación jurídico-tributaria, tradicionalmente concebida bajo un esquema de sujeción y potestad, ha evolucionado hacia un modelo que reconoce, cada vez con mayor claridad, la existencia de deberes recíprocos de lealtad entre la administración fiscal y el contribuyente. En este contexto, el principio de buena fe se erige como un criterio orientador de primer orden, cuya aplicación trasciende la mera dimensión ética para adquirir consecuencias jurídicas concretas tanto en el ejercicio de las facultades de la autoridad como en el cumplimiento de las obligaciones del particular.
Desde la perspectiva de la autoridad fiscal, la buena fe se traduce en el deber de actuar conforme a criterios de coherencia, previsibilidad y no contradicción con sus propios actos previos. Esta dimensión del principio encuentra expresión concreta en la doctrina de los actos propios, conforme a la cual la autoridad no puede válidamente desconocer, en perjuicio del contribuyente, criterios o interpretaciones que ella misma sostuvo previamente respecto de situaciones jurídicas sustancialmente idénticas, salvo que medie un cambio de criterio debidamente fundado, motivado y, en su caso, sujeto a los principios de irretroactividad que protegen las situaciones jurídicas consolidadas.
La confianza legítima como manifestación de la buena fe
Estrechamente vinculado a lo anterior se encuentra el principio de confianza legítima, conforme al cual el contribuyente que ajusta su conducta a la interpretación administrativa vigente, a criterios normativos publicados o a resoluciones particulares favorables emitidas por la propia autoridad, no puede ser sorprendido posteriormente con la aplicación retroactiva de un criterio distinto que le resulte perjudicial, sin que medie al menos un régimen transitorio razonable. Este principio no pretende inmovilizar la potestad interpretativa de la administración, que legítimamente puede evolucionar, sino proteger la previsibilidad razonable con la que el contribuyente organiza sus relaciones jurídicas y económicas con base en el marco normativo e interpretativo vigente al momento de actuar.
Desde la perspectiva del contribuyente, la buena fe se traduce en el deber de proporcionar información veraz, completa y oportuna a la autoridad fiscal, absteniéndose de conductas orientadas a obtener beneficios fiscales mediante artificios, simulaciones o interpretaciones manifiestamente forzadas de la normativa aplicable. La distinción entre la legítima planeación fiscal, amparada por el principio de libertad de configuración de los negocios jurídicos, y el abuso del derecho o el fraude a la ley tributaria, encuentra precisamente en el principio de buena fe uno de sus criterios de demarcación más relevantes.
Aplicación en el ámbito fiscal estatal
En el ámbito de la hacienda pública estatal en Guanajuato, la aplicación de estos principios cobra relevancia particular en materia de criterios interpretativos emitidos por la autoridad recaudadora, en los procedimientos de verificación y en el ejercicio de facultades discrecionales, donde la coherencia y previsibilidad de la actuación administrativa constituyen garantías indispensables para la seguridad jurídica del contribuyente. La invocación de la buena fe como argumento de defensa exige, sin embargo, una construcción argumentativa sólida, sustentada en la acreditación fehaciente del criterio previo de la autoridad y de la conducta del contribuyente ajustada a dicho criterio.
El estudio de estos principios enriquece tanto la práctica del litigio fiscal como la reflexión académica sobre los fundamentos éticos y constitucionales del sistema tributario.
